La Marea Verde de Andalucía se rebela contra la política educativa de la Junta

A una semana de que comiencen las vacaciones de Navidad, los docentes, asociaciones de padres, monitores y estudiantes que integran la Marea Verde de Sevilla se han manifestado en la capital andaluza para protestar contra la política educativa del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, formado por PP y Ciudadanos y sustentado por Vox. Los participantes, llegados también de Granada, Málaga o Córdoba, según los organizadores, han reivindicado una educación pública de calidad e inclusiva y han criticado las “medidas ideológicas” adoptadas en estos últimos 11 meses que, aseguran, favorecen la educación concertada.

“El Gobierno andaluz de la derecha quiere hacer pasar por reformas la nula inversión en infraestructuras, el déficit de personal, la precariedad de la profesión docente, todo con la intención de mermar la enseñanza pública”, se ha reivindicado en el comunicado que ha puesto punto final a la marcha. La comunidad educativa no ha dejado pasar ni un año para declararle la guerra al consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), ante lo que consideran una situación de “emergencia educativa”, un término que él utilizó al poco tiempo de asumir su cargo. El deterioro de las infraestructuras; la actual Instrucción de primaria que, en opinión de los manifestantes, ha desdibujado el papel fundamental del tutor; la falta de estabilidad laboral del cuerpo de docentes y monitores; la supresión de clases de infantil, la masificación de las aulas y la situación deficitaria de la educación especial han centrado el descontento del millar de manifestantes que ha marchado por Sevilla —2.000 según los organizadores— que también han llamado la atención sobre el incremento del presupuesto para los colegios concertados.

“Cuando Imbroda habla de emergencia educativa lo hace para blanquear sus políticas”, asegura Teresa Pablos, portavoz de Escuelas de Calor, la asociación que dirige la Federación Sevillana de Asociaciones de Padres y Alumnos. Pablos, enfundada en una camiseta amarilla del movimiento que representa y con el megáfono preparado para lanzar consignas, se ha mostrado muy crítica con las políticas desarrolladas por el nuevo Gobierno de la Junta. “En estos meses hemos notado el cambio de ideología. Con la anterior Junta se había producido un deterioro de la educación, pero esta se arroga capacidad para reforzar la educación concertada y cerrar líneas de la pública; permitir la enseñanza de la caza en los colegios, es otro ejemplo”, explica.

La Junta de Andalucía esgrime que en las cuentas autonómicas de 2020 se ha incrementado el presupuesto en la Educación pública un 3,7%, hasta alcanzar los 6.868 millones de euros. Esas cifras evidencian también la predisposición de la nueva Administración por ampliar los conciertos educativos, con un incremento de 20 millones en el gasto para el profesorado de esos centros. “No pueden ocultar su apuesta por la educación concertada”, esgrime Francisco García, profesor de Secundaria y delegado sindical de CGT. “La degradación del sistema educativo va en aumento y no vale escudarse en la herencia recibida”, sostiene apelando a otro de los argumentos que ofrece la Consejería de Educación para explicar la situación crítica de las infraestructuras educativas.

García, como profesor de Secundaria, ha sido minoritario en las reivindicaciones de la manifestación, lideradas por los docentes de Infantil y Primaria, donde más se ha notado la reducción de unidades educativas, que la Junta justifica en el descenso de la natalidad. Cristina Sanz es profesora de Primaria desde 2015. Tiene 28 años y no ha soltado a su hijo en todo el trayecto. Ella forma parte de los 1.042 profesores interinos a los que no se ha llamado para cubrir las horas de tutoría. “Se ha desdibujado la figura del tutor, esencial en este tramo educativo, porque para evitar pagar el sueldo a una persona, le encargan la tarea a otro profesor que, como tiene que impartir otras asignaturas, reduce las horas dedicadas a la tutoría”, denuncia.

Unas filas por delante de García marchaba, sujetando una pancarta rosa, como su camiseta, Pilar Rivera, profesional técnico de integración social (PTIS), lo que todo el mundo conoce como monitora. En Andalucía, según los datos de la Consejería de Educación, trabajan este curso 2.000 personas (el 90% mujeres) en estas funciones –1.270 PTIS dependientes de la Consejería de Educación, en manos de Cs, y otros 730 dependientes de Función Pública, dirigida por el PP–. Estas profesionales realizaban sus servicios de manera precaria a través de empresas contratadas por la Administración. Este verano, el equipo de Imbroda garantizó buscar una salida para regularizar su situación y que pasaran a depender directamente de la Junta, pero el sistema no está claro. Ellas abogan por la subrogación, para evitar quedarse en la calle, mientras que la consejería de decanta por una bolsa de trabajo. “No están cumpliendo con las promesas que nos hicieron antes del verano”, se lamenta Rivera. “No hemos visto ni un cambio y esperamos una solución de última hora, pero deberían habernos informado mejor”.

La consejería defiende que para la realización del plan de actuación que resuelva la situación de la educación andaluza se han mantenido 330 reuniones con representantes de todos los ámbitos del sector, entre las que, asegura, ha habido encuentros para desarrollar el Plan Integral de Refuerzo Educativo, que incluye el polémico programa estival que el consejero impulsó personalmente este verano durante  julio y que fue un fracaso por el escaso número de niños que se inscribió. “Con Imbroda no hay quien se siente, tiene inquina a las ampas y sus propuestas son improvisaciones”, critica Pablos en alusión precisamente al plan de refuerzo estival. “Lo utiliza como ejemplo de lucha contra el fracaso escolar, pero ¿solo en un mes?, así no se combate nada”, abunda.

La sensación improvisación de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación en estos meses ha sido una de las críticas más compartidas entre los asistentes a la marcha que han calificado de “ocurrencia” la reciente propuesta de integrar las etapas de infantil, primaria y secundaria. Entienden que se trata de una medida que favorece a las escuelas concertadas, ya son las que están ofreciendo ese sistema, y que también va a enmascarar una reducción de la plantilla “porque las clases hasta segundo de la ESO las pueden dar los profesores de primaria, que cobramos menos”, advierte García.