114.000 profesores y personal laboral, convocados a la huelga contra el decreto de escolarización de la Junta

Los 102.105 docentes y 12.700 miembros de personal laboral (técnicos de integración social y ordenanzas, entre otros) de los centros de enseñanza públicos en Andalucía están llamados a la huelga el próximo 4 de marzo para protestar por el nuevo decreto de escolarización de la Junta (PP y Ciudadanos), que beneficia a la escuela concertada. La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, que aglutina a los sindicatos CC OO, UGT, CGT y USTEA, ha convocado el paro junto a  las asociaciones de padres y madres y el Frente de Estudiantes. Mientras, las centrales mayoritarias CSIF y ANPE aún no han decidido si se sumarán a la huelga, que podría afectar a 1,8 millones de alumnos. Eso sí, ambos sindicatos lo ven con buenos ojos porque ya avanzaron un calendario de movilizaciones contra la primera medida de cariz político del consejero Javier Imbroda (Cs), tras un año en el cargo.

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“La enseñanza pública andaluza está tocada de muerte. O los docentes se levantan o terminarán desplazados, o eliminados, y los interinos desaparecidos. Este decreto les toca su futuro laboral, tiene consecuencias muy claras porque si las unidades de concertadas se priman sobre las públicas, el funcionario se desplazará y a los interinos ni los llamarán”, ha avisado Diego Molina, de CC OO, que confía en el éxito de la convocatoria prevista dentro de dos semanas. El decreto de escolarización presentado el pasado lunes por la Junta permite a las familias elegir centros concertados aunque no se encuentren en su demarcación escolar, siempre que haya alguno en su municipio, y la adscripción a un centro público de los concertados que no tengan Bachillerato.

La medida significa para los sindicatos “un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza” y “profundizar” en las políticas de libertad de elección de centro desarrolladas en comunidades como Madrid (donde rige el distrito único escolar), y que de momento Imbroda asegura que no se implantará en Andalucía. Sin embargo, el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo (PP), puntualizó que “la medida iba en la senda de lo que queremos realizar en el futuro”, en un guiño a Vox, partido ultra necesario para aprobar los Presupuestos autonómicos y con el que el PP firmó la supresión de las zonas educativas en el acuerdo de investidura hace un año. En Andalucía la educación concertada representa el 23% y la pública el 77%, en 7.144 centros educativos.

La bajada de la natalidad es constante en los últimos años y en Andalucía ha provocado la pérdida de 867 unidades públicas solo entre 2017 y 2019, según cifras de CC OO. Y dado que las plazas concertadas están blindadas por un convenio de 2017 firmado por el Ejecutivo autonómico, los próximos recortes apuntan a las plazas de la enseñanza pública. “La Junta no puede enfrentar el derecho a la educación colectivo a la libre elección de centro. Eso solo lleva al clasismo. Si seguimos así, las clases bajas quedarán como guetos. Solo tienes que irte a Estados Unidos, allí funciona a lo grande”, critica Olga Granado, de USTEA.

La Consejería de Educación ha rebajado el impacto de su nuevo decreto en un comunicado: “No supone ninguna revolución, solo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión, a mejorar garantías, a reforzar el equilibrio, la estabilidad, el orden y la transparencia a la hora de adjudicar vacantes, y a ampliar el número de familias que puedan elegir el tipo de centro”.

Imbroda aseguró el pasado lunes que el decreto era fruto del “consenso” con la comunidad educativa. “Eso es falso y denota su desconocimiento del proceso de negociación para un decreto”, responde Elena García, de CSIF, que ha pedido al resto de sindicatos una reunión urgente para consensuar las movilizaciones. El otro sindicato mayoritario, ANPE, también ha cargado contra el consejero para aclarar que manifestaron “de forma unánime nuestro rechazo al mismo en la fase de proyecto” del decreto. Leticia Vázquez, de la confederación de asociaciones de padres y madres Codapa, añade: “Nos prometieron adelantarnos el decreto y no lo han hecho, han ignorado todas las propuestas, no me podía creer que hablara de consenso”. El Consejo Escolar de Andalucía sugirió 55 modificaciones del decreto a la Consejería de Educación en su dictamen del pasado 24 de octubre, de las cuales la Junta afirma que ha adaptado 28.

Sobre la política educativa que desarrollará la Junta los próximos tres años de legislatura, Molina censura: “No hay un plan oculto, es nítido y transparente. Las unidades públicas caen en picado en beneficio de la red concertada”. Ante la convocatoria de paro, Vox ha reprochado a Imbroda haber pecado de inacción: “Para este viaje hubiera sido más práctico afrontar las reformas que necesita la enseñanza, porque las huelgas las íbamos a tener igual”, ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Fernández.

En Andalucía el 82% de los municipios carecen de educación concertada, pero ese 18% concentra el 75% de la población, según el Gobierno andaluz. En las ciudades la enseñanza concertada se convierte a veces en la primera oferta, como en el casco histórico de la capital andaluza. “Si los padres optan por los centros concertados, puede que los centros públicos del centro de Sevilla desaparezcan”, ejemplifica Sandra Fernández de UGT. Imbroda se reúne con los sindicatos el próximo viernes para intentar templar la corriente en contra de su línea política que ha unido a la comunidad educativa.