La Fiscalía solicita dos años de prisión al alcalde de Nerja por un vertedero ilegal

La Fiscalía de Málaga ha solicitado dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación para el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, misma pena que pide para la concejal de medio ambiente de dicho ayuntamiento, María Nieves Atencia. El escrito del Ministerio Fiscal destaca la existencia desde 1998 de un vertedero ilegal de tres hectáreas y 800.000 metros cúbicos ubicado junto al río de la Miel y dentro del Parque Natural Sierra de Tejeda y Alhama, donde tanto los operarios municipales como empresas asociadas al Ayuntamiento realizaban vertidos “aparentemente sin ningún tipo de clasificación ni separación”. Ello suponía un riesgo de contaminación al entorno natural, pero también de incendios y de seguridad para las personas, según destaca el documento, en el que también se acusa a otros siete empresarios a los que se reclama igual pena de cárcel e inhabilitación. Además, el fiscal exige una multa de 7.200 euros por persona.

El caso, en manos del juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, arrancó en 2016 tras una investigación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que sirvió para destapar, en verano de 2017, la operación Rubbish. Ahora la Fiscalía apunta directamente a José Alberto Armijo, alcalde de Nerja desde junio de 2019 -y entre 1995 y 2015- y a la concejala delegada de Medio Ambiente en el municipio en 2011 y 2015, María Nieves Atencia, porque hizo suyas las decisiones del regidor respecto al vertedero. Es el segundo frente legal abierto que tienen ambos, ya que la semana pasada declararon en otro caso también relacionado con el medio ambiente: el de los vertidos de aguas fecales al mar por la falta de gestión en las aguas del municipio, que aún carece de depuradora.

Ha quedado fuera de acusación Rosa Arrabal, alcaldesa de Nerja entre 2015 y 2019 porque, según recoge el escrito, no ha quedado acreditado que tuviera conocimiento del vertedero, su potencial “dañino” y la necesidad de clausura. Ha ocurrido lo mismo con dos antiguos concejales de medio ambiente de la localidad costera y un cargo de la Junta de Andalucía.

En sus conclusiones, el fiscal asegura que el vertedero constituye “un elevado riesgo de alteración del equilibrio de los sistemas naturales del entorno”. También que el depósito incontrolado de residuos conlleva una “concatenación” de “graves incumplimientos” de la normativa protectora del medio ambiente generando riesgo de alteraciones sistemáticas del medio natural. Una contaminación que será “creciente con el paso del tiempo”. En definitiva, que hay riesgo de causar “daños sustanciales a la calidad de las aguas, del suelo, de las formaciones vegetales, fauna asociada e incluso a la salud de las personas”. Por todo ello acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a los dos cargos públicos nerjeños, siete empresarios y seis empresas relacionadas con la gestión del espacio, finalmente cerrado en septiembre de 2016.

Para llegar a estas resoluciones, la Fiscalía repasa en un detallado escrito todos los hechos ocurridos desde que Armijo permitiera en 1998 la descarga de escombros “sin criterio de clasificación” en una antigua cantera de áridos. Ello, a pesar de que “durante los años 2000 a 2010 se sucedieron las denuncias y los expedientes sancionadores de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en relación con la actividad del vertedero”, relata el escrito del fiscal, pese a lo cual el depósito de diversos materiales “continuaba”. De hecho, agentes de medio ambiente comprobaron en 2013 la existencia de restos de poda, piezas de vehículos, escombros, asfaltos, plásticos, material de riego, envases de productos químicos, muebles o enseres. Y también emitieron un informe en el que alertaban la ausencia de control de los residuos, la amenaza para flora en peligro de extinción, el riesgo de incendio, contaminación del aire y los recursos hídricos, así como la falta de estabilidad de la masa acumulada, entre otros aspectos.

Todo ello, según el Seprona, en un suelo público que en un 90% forma parte del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y que es propiedad del Ayuntamiento de Nerja. Los datos de la Guardia Civil indicaban que al lugar entraban cada mes unos 100 camiones para verter unas 1.500 toneladas de escombros, así como otros 30 con 180 toneladas de restos de poda, tierras de excavación o plásticos de invernadero “procedentes todos ellos del Ayuntamiento de Nerja”. Un vertido que se realizaba “de manera indiscriminada y sin ningún tipo de criterio”, mezclando todos los elementos entre sí e incumpliendo numerosas normas.