Argentina se prepara para una nueva batalla por el aborto legal

En Argentina, las batallas políticas también se libran en la calle. El primer gran choque de fuerzas de este año está previsto para el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Los movimientos feministas volverán a tomar las principales ciudades del país con marchas multitudinarias a favor del aborto legal, una reivindicación que cuenta con el respaldo explícito del presidente, Alberto Fernández. La Iglesia católica encabezará la oposición al aborto ese mismo día desde Luján, a 70 kilómetros de Buenos Aires, con la celebración de una misa masiva.

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Cinco días después de reunirse con el papa Francisco, Fernández reiteró desde París que enviará al Congreso "una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público". Frente a estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París Sciences Po, el presidente recordó que en Argentina el aborto es un delito —excepto en casos de violación y de riesgo para la madre—, por lo que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo recurren a la clandestinidad. "Yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas necesarias para pagarlo y termina en manos de un curandero, que la termina lastimando y a veces matando", señaló el mandatario.

La Secretaría Legal y Técnica coordina la redacción del borrador de ley. Si no hay cambios de última hora, Fernández lo presentará el 1 de marzo, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso argentino. La iniciativa contemplará el aborto libre en las primeras 12 o 14 semanas de gestación y la posibilidad de extender ese plazo en casos de violación o cuando corra riesgo la vida o la salud de la persona gestante.

Las organizaciones aglutinadas en la Campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito confían en que el respaldo presidencial facilite la aprobación de un derecho que reclaman sin éxito desde 2006. La legalización se debatió en el Congreso por primera vez en 2018, pero fracasó en el Senado por siete votos de diferencia. Las elecciones del pasado octubre renovaron parcialmente las dos cámaras legislativas, pero no está claro aún si existen votos suficientes para modificar la legislación vigente, que se remonta a 1921.

Como ya hizo antes con el divorcio y el matrimonio homosexual, la Iglesia católica llama ahora a sus fieles a movilizarse contra el aborto. "En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto de legalización del aborto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina invita a todos los Obispos a concelebrar en la misa que tendrá lugar en la Basílica de Luján, el domingo 8 de marzo a las 11, para pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural", indicó la cúpula eclesiástica en un comunicado.

"El lema de la celebración será 'Sí a las mujeres, Sí a la vida'. Invitamos a todo el Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en esta Plegaria común por la vida junto a la Virgen de Luján, Patrona del Pueblo Argentino", agregó el documento.

El exarzobispo de La Plata Héctor Aguer, una de las voces más reaccionarias de la Iglesia argentina, pidió "resistir a este nuevo intento abortista del Estado, que de concretarse acarreará desgracias mayores de las que está sufriendo la sociedad argentina" en una carta publicada por la agencia católica AICA.

En 2018, el intenso debate legislativo y social alrededor del aborto legal desvió la atención del estallido de la crisis económica. Ahora, lo hará de la difícil renegociación de la deuda externa. Si bien Mauricio Macri optó entonces por no posicionarse y su Gobierno se mostraba dividido, el Ejecutivo de Fernández ha decidido abordar el aborto como un problema de sanidad pública y nada más asumir actualizó el protocolo para garantizar las intervenciones en los supuestos previstos por la ley. Unas 50.000 mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de interrupciones de embarazos y cerca de medio centenar muere.