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La Guardia Civil corta las redes a la mafia de las angulas en el Guadalquivir

Un operativo de 120 efectivos inmoviliza 54 plataformas flotantes que capturaban sin permiso crías de anguilas y servían de amparo a los narcos

Angulas Guadalquivir
Efectivos de la Guardia Civil desmantelan una plataforma flotante para la pesca ilegal de angulas.

Flota, tiene proa y algo parecido a una cabina, pero el paupérrimo 13M es solo el trampantojo de un barco. El óxido lo corroe, tiene el nombre escrito con pintura en spray y una persiana hace las veces de puerta. Pese a su aire fantasmagórico y abandonado, 54 artefactos flotantes como este escondían una mafia de pescadores ilegales de angulas en pleno Guadalquivir. Hasta que, este miércoles, una operación de la Guardia Civil ha cortado las redes a unos furtivos capaces de exterminar 1,7 millones de alevines de 134 especies marinas diferentes para capturar un solo kilo de angulas que, en el mercado negro, venden por hasta 7.000 euros.

En la cubierta del 13M –si es que siquiera se llama así–, cuatro efectivos se afanaban a mediodía de este miércoles en hacer desaparecer todas las artes de pesca de una actividad ilegal que acumula más de una década de daño medioambiental, económico y de seguridad en plena desembocadura del Guadalquivir y las inmediaciones del parque natural de Doñana. Que sea uno de los “puntos calientes” de la biodiversidad marina debido a la concentración de especies de alto valor ecológico, según ha explicado el catedrático de la Universidad de Cordoba Carlos Fernández, no frenaba a los furtivos para capturar a la Anguilla anguilla, una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. Tampoco les amedrentaba que, desde 2010, la Junta de Andalucía haya prohibido la pesca de este pez por recomendación de la Unión Europea.

Entre 150 y 200 riacheros –como se conoce localmente a pescadores de anguilas y camarones en el río– siguieron adelante, pese a que se estima que este pez podría “estar extinguido en 20 o 30 años”, asegura Fernández. El perjuicio de estas plataformas anguleras sin permisos ni papeles o seguro alguno alcanzaba además a las crías del resto de especies que habitan el río y que estaba siendo “exterminadas”, según ha explicado un guardia civil encargado de la operación. “¿De verdad que merece la pena todo este daño?”, se ha preguntado el chef Ángel León, invitado este miércoles al operativo.

A los 120 efectivos de la Guardia Civil, Junta de Andalucía y de la Capitanía de Sevilla (a cuyo puerto corresponde el control del Guadalquivir) les harán falta dos días para desmantelar las redes y los brazos metálicos que usan los furtivos a bordo de las 54 estructuras. En cada una, los ilegales colocaban de dos a cuatro copos con redes con una luz de malla de menos de un milímetro. “Es prácticamente como una tela”, ha explicado el agente. Con la marea creciente, en cada uno de estos copos quedaban atrapados 1.700.000 individuos alevines de 134 especies por cada 3.000 angulas –aproximadamente un kilo–. No existe una estimación de cuántos kilos de crías de angulas llegaban a coger, ya que su esquilmada presencia en el río depende de las fases de la luna, la salinidad y la temperatura.

Lo que sí está claro es que, aunque los riacheros tamizaban a posteriori sus capturas para quedarse con la cría de anguila y soltar el resto, el daño ya estaba hecho “porque la mayoría de los individuos muere”, según ha añadido el agente. La angula pasaba a nutrir una red de pingües beneficios en los que la mayor parte de lo capturado iba a parar a establecimientos de la zona “donde llegan al consumidor final sin control sanitario”, según ha recordado Jesús Núñez, coronel jefe de la Guardia Civil de Cádiz. Aunque estos negocios locales pagan entre 300 y 400 euros el kilo, la verdadera ganancia para el furtivo está en el contrabando a terceros compradores en China –con la intermediación de mozambiqueños– donde las anguilas alcanzan hasta los 7.000 euros el kilo.

La denominada operación Ave Fénix ha asestado un duro golpe a una mafia que hace especial daño a los pescadores locales y que acumula años de denuncias ciudadanas. Sin embargo, “queda por resolver”, según ha reconocido Núñez, cómo se harán cargo de retirar estas pseudoembarcaciones para evitar que los furtivos vuelvan a reamarlas. Hasta ahora los riacheros habían trabajado a la sombra de una enmarañada realidad administrativa que les beneficia. Sus estructuras están en la transición entre las aguas marítimas que corresponden a la Junta y las aguas continentales, competencia del Ministerio de Medio Ambiente y que por ser plataformas marítimas dependen de la Capitanía Marítima del Puerto de Sevilla.

En ese vacío y sumidas en la ilegalidad en un río famoso por ser una de las vías de entradas del hachís, los agentes se han encontrado investigaciones contra el narcotráfico –como la Operación Tritón– en la que los traficantes empleaban los artefactos de los riacheros como guarderías de los fardos. Tampoco ayuda a la navegabilidad que más de medio centenar de aparatosos objetos flotantes con brazos de hierro ocupen los márgenes de una zona de alto trasiego y en la que lanchas patrullas e incluso ‘narcolanchas’ ya han tenido accidentes por su presencia.

Los furtivos se enfrentarán ahora hasta a dos infracciones administrativas –por pesca ilegal y por ocupación del agua sin permiso– en una cuantía aún por determinar. Siquiera parece difícil que vayan a hacer frente a las previsibles multas. “Aunque dicen que es por subsistencia, la mayoría tiene las propiedades puestas a terceras personas para declararse insolventes y no pagar”, tercia el mismo agente. Está por ver si ahora el 13M será, por fin, un paupérrimo artefacto fantasma flotante.

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