Un juzgado reabre la causa por abusos denunciada por una de las madres de Infancia Libre

El Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha acordado la reapertura de la causa por abusos denunciada en 2014 por una de las madres de la asociación Infancia Libre. Patricia González, que fue detenida el pasado mayo por haberse ocultado junto a su hija durante dos años para evitar el contacto de la niña con su padre, solicitó en otoño que se tuvieran en cuenta dos informes de un psiquiatra y una pediatra emitidos en 2017 que no fueron considerados en su momento y que avalaban la presencia de indicios de que la menor había sufrido abusos por parte de su padre. La juez sostiene en un auto que ante la aportación de "nuevos elementos que desvirtúan los motivos" del sobreseimiento decretado en 2015, "procede dejarlo sin efecto". 

González fue la segunda de las madres de Infancia Libre cuyo nombre trascendió. Fue detenida apenas mes y medio después de María Sevilla, también por un presunto delito de sustracción de menores. Ella había denunciado a su expareja por abusos sexuales a la menor, unos hechos que no fueron probados judicialmente porque el juzgado decidió sobreseer la causa. En 2017, se marchó de Madrid y se ocultó con su hija. Fue localizada el pasado mayo en un pequeño pueblo de la sierra Norte de Madrid. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 53 determinó que la niña debía vivir con su padre, que se declara inocente de las acusaciones, e impuso una orden de alejamiento a la madre. González lleva desde ese momento sin comunicarse con la menor. Aún debe determinarse la fecha del juicio por sustracción de menores. 

La decisión de reabrir el proceso por abusos, notificada a las partes a final de diciembre, se conoce apenas unos días después de que la Fiscalía Provincial de Madrid decidiera archivar la causa contra Infancia Libre. La unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de la plaza de Castilla emitió el pasado junio un informe en el que se apuntaba a que la asociación operaba como una "organización criminal" y se les acusaba de apoyarse presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía para tramitar denuncias que tenían como objetivo que a los padres les fuera retirada la custodia de sus hijos. La Fiscalía ha considerado que no se ha podido establecer una conexión directa entre la entidad y las mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas por abusos a los menores y sostiene que además la mayoría de las denuncias se presentaron en fechas anteriores a la constitución de la propia asociación o cuando esta ya había dejado de tener actividad. Por ello ha optado por archivar la causa. 

"Vamos a seguir luchando en los tribunales para demostrar la mala praxis de estos profesionales y considero que hay que analizar el hecho de que las madres busquen a estos profesionales médicos para que les hagan informes y de esa manera presionar a los juzgados que ya han visto los casos para impedir que los padres vean a sus hijos", sostiene Daniel I. Aguirre, el exmarido de González, quien asegura que es inocente. El letrado de la madre, Jaime Montero Román, defiende que "son profesionales expertos en abusos sexuales y que las madres recurrieron a ellos por este motivo". 

La titular del Juzgado de Instrucción número 54 ha decidido que se tomen en consideración dos informes de dos de los profesionales cuestionados por la Policía. "Uno de ellos, de un psiquiatra que trató a la niña y al que la menor relató los abusos", explica el abogado de González. El padre de la pequeña recela de este escrito y sostiene que se emitió después de que el juzgado de familia determinara que este psiquiatra no podía seguir tratando a la menor. El letrado de la madre lo niega, asegura que el documento coincide con la decisión del juzgado, que se debió a que no había acuerdo de los padres sobre el profesional que debía atender a la cría.

"El segundo informe lo redactó una pediatra a la que la niña contó lo sucedido", prosigue el abogado. "Supuestamente relató abusos entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, y yo en ese periodo solo pude ver a la niña supervisado por el Centro de Atención a la Infancia y acompañado de mi madre, no tiene sentido", replica el padre. El letrado insiste: "Es lo que la niña contó y resulta imposible comprobar que la madre estuvo con él en todo momento". Ahora el juzgado deberá continuar con las diligencias previas.