Día internacional contra la violencia de género

Un juzgado contra la violencia que oculta la pandemia

La covid frena las denuncias y las actuaciones judiciales en los casos de maltrato a las mujeres. Así se cuida a las víctimas entre mamparas y mascarillas

El magistrado José Luis Mendoza, en su despacho en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 y de Violencia sobre la Mujer de Sueca (Valencia).
El magistrado José Luis Mendoza, en su despacho en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 y de Violencia sobre la Mujer de Sueca (Valencia).Mònica Torres

El magistrado José Luis Mendoza se coloca frente al ordenador para impartir justicia. En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 y de la Violencia sobre la Mujer de Sueca (Valencia), la nueva realidad ha traído un nuevo silencio. Nadie en la sala de espera, con tres de cada cuatro asientos precintados. Las funcionarias, tras la mampara del acceso, trabajan embozadas en las mascarillas. Y Mendoza, con su impecable camisa de rayas, se coloca la FFP2 antes de la reunión telemática. Son las 11 de la mañana del miércoles 18 de noviembre. Fuera, en la plaza, el sol de otoño es espectacular.

En la pantalla de Mendoza aparecen sus colaboradores en pequeños cuadrados: la psicóloga y el educador social, dos agentes de la Guardia Civil, el secretario judicial y dos trabajadoras de la mancomunidad que engloba el municipio. No han vuelto a juntarse en persona en la misma habitación desde antes del confinamiento. Resuelven con videoconferencias y con teletrabajo. Todos lamentan la pérdida del contacto personal con las víctimas. Y ese otro silencio tenebroso, el del confinamiento, en el que las mujeres y las denuncias desaparecieron: “La gente no ha sabido que las instituciones estábamos funcionando”, lamenta el magistrado.

Inauguran la reunión con un tema muy duro. Todos lo son en realidad. Un niño contó en el colegio que su madre estaba siendo maltratada por su padre. Ella lo negó. No es extraño, la mayoría de las mujeres no denuncian por miedo o porque no son conscientes del peligro. El colegio se ha convertido en un detector de maltrato, como los hospitales o las farmacias. Gracias al testimonio del niño empezaron el seguimiento, que se ha recrudecido con la covid. La asesora jurídica y la psicóloga de la mancomunidad avisan de que el padre se está quedando con el dinero de la ayuda que le corresponde a ella. Hay que ordenar un cambio de cuentas: “Todo lo que cobra ella se lo queda él”. Se llama violencia económica. Y este es un caso de libro.

Lidia relata una ristra de amenazas e insultos. Y repite las dos palabras que siempre tenía su exnovio en la boca: “Puta, muérete”.

La situación de las maltratadas es mucho más angustiosa desde que el mundo está en suspenso por la covid. Hay menos asesinadas, pero no menos violencia, dicen los especialistas, aunque han caído casi todos los indicadores menos las llamadas de auxilio al teléfono 016. Se registraron 10.000 denuncias menos en el primer semestre de 2020 que en el del 2019. Los delitos enjuiciados cayeron de 26.433 a 16.908, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Hubo un millar menos de órdenes de protección, hasta las 14.925. En el confinamiento se suspendieron parte de los procedimientos.

Ellas están más ocultas, las ayudas económicas no llegan, algunas se quedaron encerradas con su maltratador. El agente de la Guardia Civil explica desde el recuadro inferior derecho de la pantalla que solo en Tavernes de la Valldigna, con 17.000 habitantes, tienen 52 mujeres en vigilancia. Hay una catalogada de riesgo alto por una nueva denuncia: “Al agresor le tocaba hacerse cargo del hijo. Reaccionó de forma agresiva porque no le hacían la entrega del menor”, cuenta el agente. La mujer huyó a casa de su madre. Y regresó de nuevo cuando localizaron al hombre. No es el primer episodio violento en el que interviene la Guardia Civil en este caso. Antes, el agresor perdió parte del intestino cuando se arrojó por un tercer piso el día que fueron a buscarle a casa de su exmujer, donde no debía estar. Después se escapó del hospital y lo encontraron en la estación de tren, con la bata aún puesta.

Evitar la revictimización

En Sueca, bajo la supervisión del magistrado Mendoza, la violencia machista se combate en tres edificios que conforman un triángulo: el juzgado, la oficina de atención a la víctima y la ludoteca municipal, que es donde declaran las mujeres para garantizar las medidas anticovid. A apenas 100 metros del juzgado está la oficina, que atiende el educador social Agustí Sapinya. Es un claustro franciscano de principios del XVII, donde el silencio está envuelto en piedra fría. Sapinya tiene la barba blanca y la voz calma. Es como un lazarillo para ellas: “Hay mucha tensión, mucho miedo”. Su papel es evitar la revictimización, es decir, que el paso por el juzgado sea un segundo calvario tras el terror vivido en el hogar. Dice que cuesta mucho más ahora que lo hace desde el otro lado de la mampara.

“Al agresor le tocaba hacerse cargo del hijo. Reaccionó de forma agresiva porque no le hacían la entrega del menor”, cuenta el agente.

Así atiende a Lidia (nombre supuesto), que viene desde Cullera, a 16 kilómetros en dirección al mar. Tiene 31 años y llevaba ocho con su novio. Lo cuenta mientras se ajusta la mascarilla con dibujos de Mickey Mouse. Se fue a vivir con él y con su familia en marzo, el fin de semana que empezó el confinamiento. Relata una ristra de amenazas e insultos. Y repite las dos palabras que siempre tenía su exnovio en la boca: “Puta, muérete”. En agosto empezaron “las golpizas y los moratones”. “Me cogió del cuello y todo”. Lo denunció el 15 de octubre. Él la llamó sin parar, 200 llamadas seguidas hasta que le detuvieron. Un día después se celebró el juicio rápido. Fue cuando conoció a Sapinya: “Estuvo apoyándome en todo”. Tiene una orden de alejamiento hasta 2023 por amenazas, lesiones y acoso.

Mendoza anda muy revuelto estos días. Busca solución a otro problema que vino con la covid y para el que le han dado un remedio temporal: el espacio. En 2017, cuando este periódico hizo la primera visita al juzgado de Sueca, el gran afán del personal era que no se cruzaran víctima y agresor. Tres años y una pandemia después, el asunto está bastante bien resuelto. Pero solo de momento.

El magistrado Mendoza anda muy revuelto estos días. Busca solución a otro problema que vino con la covid y para el que le han dado un remedio temporal: el espacio.

Las víctimas declaran en la ludoteca municipal, una sala blanca y luminosa situada sobre un colegio, a 600 metros del juzgado. El Ayuntamiento de Sueca la cedió para garantizar la distancia de seguridad. Aquí tienen calma y sosiego. Aguardan tranquilas, pueden pasear, salir a por un café. El magistrado y su equipo están muy preocupados porque el acuerdo de cesión termina en enero y ni el Ayuntamiento ni la Generalitat valenciana les han dado una solución: “No sé cómo vamos a atender a las mujeres. Tendrán que esperar fuera, soportar el frío o el calor”, lamenta el magistrado.

Sentada en una de las mesas de la ludoteca está Rocío (nombre figurado), de 51 años. Viene a retirar una denuncia. El magistrado entra por la pantalla del ordenador desde su despacho. Le toma declaración por videoconferencia desde el programa Cisco Webex. Todo se incorporará después al sistema informático. Rocío le explica que su expareja la agredió el 26 de marzo y el 27 se fue de casa. No ha sabido nada de él desde entonces.

—¿Su declaración es libre y espontánea?—, pregunta él.

—Absolutamente—, responde ella. De fondo, se oye a los niños jugar en el patio del colegio.

La psicóloga, Amparo Molina, se unió al equipo del juzgado hace tres años. Durante el confinamiento, vivió obsesionada con una víctima a la que no podía llamar. El día antes de que cerraran España, la mujer le contó que estaba decidida, que había pedido el divorcio. La carta que lo confirmaba debía llegar en los días siguientes y entonces le diría todo y se iría con su hijo. El momento en el que las mujeres comunican que se marchan y que quieren romper lazos con su maltratador es uno de los más críticos. “No podía dejar de pensar en ella”, recuerda la psicóloga. Luego supo que la mujer escondió la carta y resistió los tres meses sumisa, sin una palabra más alta que otra: “La tenía totalmente controlada”. Y cuando reabrieron, le dijo que se quería divorciar y denunció. Ahora está a salvo.

“Para un psicólogo es muy importante el contacto físico”, explica Molina en el receso entre la declaración de una víctima y la siguiente. “Están muy solas, sus acompañantes no pueden pasar, como mucho el abogado. Recuerdo una que se desmoronaba. Y no lo pude evitar, la cogí”.

“Están muy solas, sus acompañantes no pueden pasar, como mucho el abogado. Recuerdo una que se desmoronaba. Y no lo pude evitar, la cogí”, dice Amparo Molina, la psicóloga.

A las dos de la tarde, se revisan casos de quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Mendoza sigue solo en su despacho. En la puerta de al lado, también solo, el secretario judicial, Antonio Márquez, da fe desde su ordenador de todos los procedimientos. Hacer las cosas desde la pantalla, con todo, ha traído también alguna ventaja. Los vídeos, explica Márquez, permiten ver las expresiones y la espontaneidad de los detenidos y de las víctimas: “Un acta nunca será más fiel que una grabación. Ganamos en veracidad”. Todo lo que se graba se incorpora al procedimiento. Quieren mantener esa herramienta cuando el virus acabe. Y recoger así los gestos, las miradas, los silencios.


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