El ensayo andaluz de la ley de libertad sexual

Andalucía se convirtió en julio de 2018 en el primer territorio español en considerar como víctimas de violencia de género a las mujeres que han sufrido agresiones o abuso sexual, una equiparación que también va a incluir la futura ley de Igualdad Sexual que prepara el Gobierno central. Con la reforma de su ley de violencia de género de 2007, la comunidad también fue pionera en ampliar los tipos de violencia que se consideraban de género, a la económica -que incluye, entre otros aspectos, la discriminación laboral-, el feminicidio, la trata, la explotación sexual o la mutilación genital, entre otras muchas clases. Un año y medio después de su implantación, a la letra impresa no le ha acompañado la música de su efectividad. Su ámbito exclusivamente autonómico y la falta de recursos han lastrado su desarrollo.

“La redacción de los artículos uno y el tres es el marco idóneo para proteger a la mujer porque incorpora un cariz femenino en la victimología. Es una de las normas que aplica con mayor extensión el contenido del Convenio de Estambul”, explica Flor de Torres, fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía. En ese articulado que cita De Torres se recoge la ampliación del carácter de víctima a los hijos de las mujeres que han sufrido violencia de género, a todas las personas que dependan de ellas y a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados y los distintos tipos de violencia de género. “La violación de La Manada, con la ley andaluza se podría haber juzgado como violencia de género”, explica la fiscal.

Pero es esa asimetría entre esta ley y la que se aplica en los juzgados, la Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2004, la que en buena parte ha lastrado la efectividad y visibilidad de la norma andaluza a efectos legales. “Nos genera cierta esquizofrenia, porque la nacional se queda corta en relación con la autonómica”, incide la fiscal. Esa dicotomía provoca que en el ámbito judicial una mujer víctima de trata o que haya sufrido una agresión sexual no pueda ser reconocida como víctima de violencia de género, pero que pueda acceder a la ayuda asistencial que sí le garantiza la comunidad por tener esa consideración.

Llega la ley de libertad sexual: el silencio no es un sí

La agilidad a la hora de acceder a esos recursos tampoco parece ser la tónica. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), tiene en marcha una serie de convenios con la Asociación Amuvi para desarrollar los programas de asistencia legal y psicológica de violencia sexual. Además, desde abril de 2018, se encarga del teléfono de atención inmediata a las mujeres que han sufrido agresión o acoso sexual, también dependiente del IAM. “Nos hemos encontrado con víctimas de violencia sexual que necesitaban una casa de acogida y gracias a esta ley hemos podido hacerlo, pero no ha sido fácil porque falta cierta adaptación”, explica Inma Moreno, psicóloga de Amuvi.

Moreno advierte de que, sin la dotación económica adecuada, la reforma de 2018 es “todo lo ambiciosa que puede ser la ley en el papel, pero no produce un impacto real”. El cambio en los criterios de reparto de las 10 líneas de subvenciones que tiene el IAM, que dejó sin apoyo económico a centenares de proyectos, provocó las protestas de muchas organizaciones y asociaciones. “Hemos debido adaptar las bases reguladoras de las subvenciones y la crisis del covid nos ha obligado a priorizar, dando preferencia a las ayudas directas a las víctimas, pero los fondos para los programas se van a conceder”, explica Laura Fernández, directora del IAM. En el proyecto de presupuestos para 2021, la partida para el Instituto de la Mujer es prácticamente la misma que en el ejercicio anterior -de 44.080.096 euros pasa a 44.197.69-, que ya se consideró deficitaria.

Nuevos protocolos para otras violencias

Fernández es consciente de que todavía hay muchos elementos de la reforma de 2018 que aún no han podido desarrollarse. Su departamento está trabajando en el Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género, pero, como la propia directora reconoce, “no está cuantificado económicamente”, a la espera de que cada consejería establezca sus acciones y las justifique. Sí se pretende que en diciembre esté en funcionamiento la primera fase de la ventanilla única para que “todas las víctimas puedan conocer los recursos de los que dispone la Junta en materia de violencia de género”. La segunda fase será la de asesoramiento jurídico.

En consonancia con la ampliación de los tipos de violencia que se consideran de género, el IAM también está ultimando protocolos y planes estratégicos, como el de trata de mujeres y niñas, que se presentará en diciembre, el de masculinidad igualitaria o los manuales para mujeres con discapacidad y para mayores de 65 años, en cuya redacción participan organizaciones directamente involucradas con estos problemas.

Entre las ayudas que aún no se han repartido este año están las destinadas al servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo, un programa que presta el propio IAM y los sindicatos CC OO y UGT. Ambas organizaciones prestan este servicio de manera gratuita, pero generalmente han contado con ayudas de la Junta, que, coinciden, descendieron de cuantía en 2019 y en 2020 no se han convocado. “Las leyes hay que llevarlas a la realidad y ahora es cuando más falta hace la inversión”, señala Cristina García desde UGT. En 2019, este servicio atendió a 254 trabajadoras que habían sufrido algún tipo de discriminación económica, según la memoria del IAM.

“Conocer la violencia de género, imprescindible para abordar la sexual”

En la atención a las nuevas violencias, Andalucía también ha sido pionera en el acompañamiento integral a las víctimas de violencia sexual, que se ha fortalecido con la atención inmediata a través de un número 900. Este servicio lo presta Amuvi a través de un contrato con el IAM que se renovó en 2018 por un importe de 287.800 euros y que se ha prorrogado por otros 12 meses a razón de 143.900 euros, según la información facilitada por el IAM. En 2019 se atendieron a 609 mujeres víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. “Además de asistencia psicológica, los programas implican un acompañamiento integral de la mujer en el caso de que quiera iniciar un proceso penal. No es lo mismo ir sola y sentirse culpable que conocer a qué se van a enfrentar y por qué”, indica Celia Pulido, abogada de Amuvi. En 2019, a través de este servicio se realizaron 2.728 actuaciones jurídicas. “Conocer la violencia de género para abordar la sexual es imprescindible”, abunda Pulido.

La reforma de 2018 incorpora otro avance importante, como es la extensión de la facultad de emitir certificados de acreditación de violencia de género a otras entidades, como los servicios sociales o inspectores de Trabajo y Seguridad Social, más allá de la autoridad judicial, fiscal o policial. Pero su eficacia también es cuestionada. “La valoración es esencial para que la víctima acceda a una atención especializada e integral, pero muchas veces esa valoración no queda registrada o no se otorga. ¿Para qué sirven las leyes, si luego los servicios públicos no se modifican?”, se pregunta la abogada sevillana Amparo Muñoz, especialista en violencia de género y trata. Desde el IAM son conscientes de ese problema y su directora señala que se van a publicar instrucciones para que sea el IAM quien pueda emitir esos títulos habilitantes que permitan a las mujeres acceder a los recursos que le reconoce la ley.