El Congreso aprueba la ‘ley Celaá’ en un clima de fuerte confrontación ideológica

Empezaron los diputados del PP, les secundaron de inmediato los de Vox y luego se sumaron discretamente algunos de los de Ciudadanos. En pie, dando palmas, golpeando en los escaños y coreando “¡libertad, libertad!”. Así durante más de dos minutos. El ruido de la protesta de la derecha se mezclaba con la gran ovación que había estallado en los asientos de enfrente. La imagen condensó el clima en que el Congreso aprobó este jueves la nueva ley educativa que sustituye a la Lomce: la misma confrontación ideológica que ha marcado todas las normas para regular la enseñanza en España desde hace casi cuatro décadas. Para la izquierda, una ley “moderna, equitativa e inclusiva”. Para la derecha, un artefacto “sectario”, una “canallada” que “genera enfrentamiento y odio”. La iniciativa logró 177 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias), por 148 en contra y 17 abstenciones. La Lomce obtuvo en 2013 cuatro votos más, pero solo la apoyó el PP, entonces con mayoría absoluta.

Diputados del PP y VOX gritan "libertad" durante el debate de la nueva ley educativa

Solo disponía de un minuto de tiempo y tuvo que leer a toda velocidad, con ese aire de persona corriente que aún no ha perdido tras un año en la política. Al diputado con menos votos de la Cámara, Tomás Guitarte, elegido al frente de la plataforma ciudadana Teruel Existe, le tocó abrir la sesión y en su pequeño discurso logró transmitir un lamento muy gráfico: “Iniciamos los trabajos con entusiasmo, pensábamos que esta vez sería posible. Pero nos hemos encontrado con la polarización ideológica de siempre, con que la imposibilidad de entenderse sobre la educación dura ya dos generaciones, que priman las agendas de partido, que las lenguas separan en vez de unir, que los argumentos falaces levantan fronteras sociales”. Poco después, aún en el turno de los más pequeños, subió a la tribuna Inés Sabanés, de Más País, y lamentó: “Cada vez que debatimos de educación en España, acabamos hablando de lenguas y de religión”. Ambos, Guitarte y Sabanés, resultaron premonitorios.

“Es un día histórico”, repitieron algunos oradores. Cualquiera lo diría viendo el aspecto del Congreso: el banco azul, solo ocupado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, que asistió impasible al choque; el líder de la oposición, Pablo Casado, ausente ―entró un momento con el debate casi finalizado y se fue de inmediato― y sin rastro tampoco del portavoz del tercer partido de la Cámara, Santiago Abascal. Fuera del Congreso unos 200 padres de alumnos de colegios concertados hicieron oír su protesta, también al grito de “libertad”. Recogían firmas contra la ley y por allí pasaron para estampar la suya Pablo Casado; la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, así como el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Lo que la pandemia había dividido, lo ha reconciliado la educación. Los partidos del centroderecha, tan divergentes desde hace meses, volvieron a actuar como un solo bloque para oponerse de manera frontal al proyecto que enterrará la no menos polémica ley Wert. Fue como una especie de crescendo semántico para ver quién encontraba las expresiones más tremebundas. Sergio Sayas, de Navarra Suma, puso el aperitivo: “Es el mayor ataque a la educación de nuestra historia democrática”. Cuando se subió a la tribuna Marta Martín, de Ciudadanos, alzó sus manos, las giró levemente y anunció: “Vamos a votar no con las dos manos así”. En un tono contra el Gobierno que hacía mucho que no se oía en Ciudadanos, la diputada sostuvo que la ley es fruto de una “arbitrariedad dolosa” y contempla una “programación estalinista”. Martín advirtió de que su partido la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Europea.

El PP también está dispuesto a cargar sobre sus espaldas con una “tarea de dimensiones históricas”. “Utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para frenar esta deriva autoritaria”, anunció la popular Sandra Moneo, para quien la ley va más allá de modificar la regulación educativa: “certifica la ruptura de nuestro sistema de libertades y de nuestro pacto constitucional”, ni más ni menos. Con ciertos matices, los grupos del centroderecha coincidieron en sus críticas: la supresión de las alusiones al castellano como lengua vehicular ―que se habían introducido por primera vez en la ley Wert―, lo que entienden como un castigo a la enseñanza concertada y, por tanto, a la “libertad de elección”, y la supuesta desaparición de la educación especial, que los promotores de la nueva norma niegan con vehemencia. Joaquín Robles, de Vox, añadió un argumento más: la educación sexual. “Jalean la sexualidad irresponsable y pretenden arrebatar la inocencia a nuestros hijos”, denunció enardecido.

Junto a los dos partidos del Gobierno, dieron su respaldo a la ley tanto ERC como el PNV, el único que ha roto la división derecha-izquierda, además de Más País y Compromís. Los representantes del PSOE y de Unidas Podemos lamentaron la “campaña de bulos” sobre el contenido de la norma. Argumentaron que su único propósito respecto a la educación concertada es acabar con “esos privilegios que la derecha hace pasar por libertad”, según el representante de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, quien destacó que se pondrá fin al “modelo elitista y retrógrado de la Lomce”. “La derecha defiende la libertad solo para los que tienen recursos”, convino la socialista María Luz Martínez Seijo, antes de devolver las acusaciones de “adoctrinamiento” que le lanzaba la derecha: “¿Y no es adoctrinamiento eso vergonzoso y lamentable que se está haciendo con los niños leyendo manifiestos en los patios de los colegios concertados?”

“Esta no es nuestra ley”, avisaron de entrada ERC y PNV. Pero la apoyaron porque deroga la norma anterior y contiene “avances”. Montse Bassa, de Esquerra, valoró que quede “blindada la inmersión lingüística”, una conclusión que no comparten los otros dos grupos independentistas catalanes, Junts y la CUP, ninguno de los cuales respaldó la reforma. Tampoco EH Bildu ni el BNG, que reclamaban más competencias propias y, al igual que Junts, se abstuvieron. Ni el regionalista cántabro José María Mazón, habitual aliado del Gobierno, que alegó razones opuestas: entiende que arrincona el castellano y por eso votó no, al igual que la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas. “No hay ninguna eliminación del castellano, está perfectamente garantizado”, tranquilizó en el patio del Congreso la ministra Celaá, “con mucha emoción” tras haber asistido al debate.

Tomás Guitarte optó por la abstención. La voz en el Congreso de la España vacía valora las mejoras introducidas para la escuela rural. Pero “profundamente desolado”, este arquitecto que hace un año se metió a la política espera que algún día pueda haber un gran pacto sobre la educación en España para poder sumarse.