Aprobado el dictamen de la ley Celaá, pese a la guerra por el uso del castellano en las escuelas

PSOE y Unidas Podemos (UP) han logrado este viernes sacar adelante las más de 320 enmiendas que durante los últimos dos meses han debatido y pactado con diferentes partidos en la oposición. El dictamen final de la ponencia ha sido aprobado con el apoyo de ERC, PNV, Más País y Bildu. PP, Ciudadanos, Vox y UPN han votado en contra. 20 votos a favor y 16 en contra. La votación, que se ha realizado en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, ha estado acompañada por un duro enfrentamiento entre los partidos por dos cuestiones clave: la eliminación del término “lengua vehicular” del texto legal para referirse al castellano y las limitaciones a la red de escuelas concertadas.

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La tramitación de la nueva ley educativa (Lomloe), la octava de la democracia, ya está más cerca de su recta final. En principio, el próximo jueves se llevará al pleno del Congreso y requerirá mayoría absoluta para ser aprobada al tratarse de una ley orgánica. De ahí, pasará al Senado. La idea del Gobierno es que quede aprobada antes del 31 de diciembre. Más allá del contenido de las más de 320 enmiendas incluidas en el documento final ―que se dividieron en cinco bloques y se negociaron en cinco sesiones diferentes―, la nueva normativa implica una serie de cambios respecto a la ley en vigor, la Lomce, aprobada por el PP en solitario en 2013. Entre ellos, uno de los que más ampollas ha levantado es que la asignatura de Religión dejará de puntuar en Bachillerato y, por lo tanto, no computará para el acceso a la Universidad.

Durante las últimas semanas, la negociación de las enmiendas ha generado una tormenta política que podría afectar incluso a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El pasado martes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exigió al Ejecutivo que retirase la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en las comunidades con lengua cooficial ―una de las principales banderas del partido en Cataluña― si quiere su apoyo para los Presupuestos. Este viernes, el partido naranja ha lanzado un nuevo órdago a los socios de Gobierno (PSOE y UP) presentando una enmienda in extremis en la que proponían una segunda alternativa: que el texto de la nueva ley recoja la obligación de las autonomías con lengua cooficial de impartir al menos el 25% del horario lectivo en español. Una opción que el Gobierno ha declinado.

Socialistas, Podemos y ERC pactaron en una de las enmiendas eliminar la referencia al castellano como “lengua vehicular” en todo el Estado, un término que introdujo por primera vez el PP en la Lomce. Según los promotores de la enmienda, el objetivo es “facilitar los programas de inmersión lingüística” de las autonomías con lengua cooficial. El tema es especialmente espinoso porque los partidos de la derecha acusan a los socios de Gobierno de sucumbir a las exigencias de los nacionalistas catalanes para obtener a cambio su apoyo en los Presupuestos. Sobre la enseñanza del español en las aulas catalanas ya se han pronunciado en diferentes sentencias el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han fijado que aquellos alumnos que lo reclamen deben recibir el 25% de las horas de clase en castellano. El Tribunal Constitucional estableció en su sentencia sobre el Estatuto (en el año 2010) que el castellano tenía que ser también lengua vehicular en la enseñanza.

Aprobado el dictamen de la ley Celaá, pese a la guerra por el uso del castellano en las escuelas

“Es sorprendente como han expulsado o no han reconocido el castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular”, ha denunciado Sandra Moneo, la portavoz de Educación del PP en el Congreso. En su opinión, este cambio en la ley “desprotege” a las familias que residen en Cataluña y quieren que sus hijos reciban la enseñanza en español. “No les va a quedar más remedio que seguir acudiendo a los tribunales para luchar porque la Generalitat incumple de forma continua las sentencias judiciales”, ha añadido.

Inés Sabanés, del Grupo Parlamentario Plural, acusó a los diputados del PP, Ciudadanos y Vox de querer eliminar algunas lenguas cooficiales del país bajo el pretexto de proteger el castellano. “El modelo de inmersión lingüística catalán funciona desde los años ochenta, y ningún miembro de sus partidos se quejó hasta que el ministro José Ignacio Wert (PP) introdujo en la ley educativa el término lengua vehicular. ¿Qué pasaba antes de 2013, entonces nadie consideraba nuestro modelo inconstitucional?”, les ha lanzado. Sabanés les ha acusado de no aportar ni un solo argumento pedagógico y de usar la lengua como arma arrojadiza. “Es una vergüenza que en el siglo XXI estemos centrando el debate educativo en la lengua y la religión”, ha añadido.

El diputado de En Comú Podem Joan Mena expuso su trayectoria como un caso de éxito del modelo de inmersión en Cataluña. “Mis padres son andaluces y hoy soy bilingüe y no odio el castellano, de hecho soy licenciado en Filología Hispánica. Hay que prestar más atención a los datos: la nota media de los estudiantes catalanes en la prueba de castellano en selectividad es un punto superior a la de otras autonomías”, ha expuesto.

La portavoz del PSOE, María Luz Martínez Seijo, incidió en que la nueva ley sí es garantista con las competencias lingüísticas y recordó que el modelo catalán está avalado por la Comisión Europea dentro de la llamada metodología AICLE. “La UE tiene como principio proteger las lenguas minoritarias y el PP de Galicia ya recibió el pasado diciembre una reprimenda del Consejo de Europa por no hacerlo con el gallego en las escuelas”.

Las acusaciones más fuertes vinieron de Sergio Sayas, diputado del Grupo Mixto por Navarra Suma. “Este Gobierno ataca cualquier modelo educativo que no sea sectario y que no cumpla con su visión totalitaria de la educación. El nacionalismo obliga a que las lenguas tengan clientes obligatorios; el PSOE sucumbe y lo acepta”.

Ataque a la libertad de elección de las familias

El segundo foco de los enfrentamientos ha sido el coto a la red de escuelas concertadas (que en España acogen al 26% del alumnado) que suponen algunas de las enmiendas, como la prohibición de cesión de suelo público, o las nuevas políticas de escolarización que obligarán a las autonomías a crear comisiones que supervisen que los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo se matriculen de forma equilibrada en las redes pública y concertada. En la actualidad la pública, que acoge al 67% de los alumnos) tiene al 79% de los estudiantes inmigrantes y a 9 de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Además, se elimina del texto legal el término “demanda social” que introdujo el PP en 2013 que obligaba a las autonomías a planificar las plazas escolares en función de la preferencia de las familias (pública o concertada).

“Quieren un modelo único, laico y público, pero no van a poder porque es inconstitucional. No tienen el monopolio de la educación y van a topar con el Constitucional, que garantiza la libertad de elección de las familias”, ha apuntado la popular Sandra Moneo. “La derecha promueve un sistema que separa a los alumnos por cuestiones de lengua o por las condiciones socioeconómicas de las familias, hablan mucho de libertad y se olvidan de hablar de oportunidades. Solo apostando por más escuela pública mejorará el sistema, ya que es la que corrige esas desigualdades al aceptar a todos por igual”, le ha contestado Joan Mena.

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