La futura ley educativa enmienda a Wert

La normativa, que llegará este martes al Consejo de Ministros, permitirá superar Bachillerato con un suspenso

Alumnos en un aula de un instituto de la Comunidad de Madrid.
Alumnos en un aula de un instituto de la Comunidad de Madrid.VICTOR SAINZ

La nueva ley educativa, Lomloe, llegará previsiblemente mañana al Consejo de Ministros. Será la segunda vez que el texto normativo, que enterrará la conocida como ley Wert (aprobada por el PP en 2013), sea refrendado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La última vez fue el 15 de febrero de 2019, el mismo día que el presidente del Gobierno anunciaba la fecha de las nuevas elecciones. En ese momento, la ministra del ramo, Isabel Celaá, aseguró que la ley acabaría tramitándose. “La comunidad educativa lo quiere”, afirmó Celaá, cuyo equipo analizó más de 43.000 correos electrónicos con propuestas para el cambio. El texto vuelve ahora idéntico, sin ninguna modificación.

La nueva normativa llega con el objetivo de tumbar la Lomce, ley que llevó en 2013 al resto de grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito su compromiso de derogarla en la siguiente legislatura.

Uno de los aspectos más “lesivos” de la Lomce que la Lomloe corregirá es la división de los alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas. Con el modelo actual, un estudiante que no consigue promocionar en segundo o tercero de la ESO es derivado a la llamada Formación Profesional Básica, y en función del criterio de la junta de evaluación del centro, hay alumnos que al aprobar ese curso obtienen el título de la ESO y otros que no. Sin este certificado, los estudiantes no pueden continuar sus estudios. “No podemos discriminar a los alumnos a una edad temprana en la que todavía no saben a qué se quieren dedicar”, explicaba Celaá en una entrevista con EL PAÍS. Para evitar esa discrecionalidad, la nueva ley eliminará esa vía y recuperará los programas de diversificación curricular de la Loe (ley educativa aprobada por el PSOE en 2006), que permiten modificar y adaptar el currículo desde tercero de la ESO para los alumnos que no estén en condiciones de promocionar, de forma que todos obtengan la misma titulación.

Otro de los grandes escollos del sistema educativo que pretende solucionar la nueva ley es la alta tasa de repetidores. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea. Para reducirla, la Lomloe incluye varias medidas. Por una parte, en Primaria eliminará la posibilidad que contempla ahora la Lomce de que los alumnos puedan repetir en cada uno de los cursos, y en su lugar establecerá que solo puedan repetir curso al final de cada etapa (segundo, cuarto y sexto de Primaria). Además, contemplará que los estudiantes que suspendan más de dos asignaturas en la ESO puedan pasar de curso “de forma excepcional” si el equipo docente considera que “la naturaleza de las asignaturas no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente”. En Bachillerato se podrá conceder el título con una asignatura suspensa, también de forma “excepcional” —ahora mismo es obligatorio superar todas las asignaturas de los dos cursos para hacerse con la titulación—.

La religión es otro de los grandes cambios. Su oferta ya no será obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato, y las calificaciones no computarán para el acceso a la Universidad o la obtención de becas. Además, los alumnos que no escojan religión no estarán obligados a matricularse en una materia alternativa (la llamada “asignatura espejo”), que en la Lomce es ética. Con la Lomloe, Educación en valores cívicos y éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de Primaria y en otro curso de Secundaria, aún por determinar.

Otra de las novedades es que las autonomías perderán poder a la hora de determinar los contenidos del currículum. Se volverá a lo estipulado en la Loe y el Gobierno central decidirá el 55% de los contenidos en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en el resto. La actual ley (Lomce) utiliza un sistema distinto: no emplea porcentajes. Divide las asignaturas en troncales (las obligatorias que fija el Estado), y opcionales y de libre configuración (que determinan las comunidades autónomas en su totalidad). Este modelo implica grandes diferencias entre las materias que se estudian en cada autonomía. El ministerio busca con el cambio que plantea un mayor consenso y colaboración entre el Estado y las comunidades.

Las lenguas cooficiales

Sobre el peso de las lenguas cooficiales en el currículum, la nueva ley no es clara. Solo precisa que se aprobará una “regulación acorde” a la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2018 sobre Cataluña. El fallo declaró inconstitucional y anuló varios párrafos de la Lomce en los que se regulaba el derecho a recibir las enseñanzas en castellano y que, donde no existiera oferta educativa pública en esa lengua, la autonomía sufragara los gastos de escolarizar a los alumnos en centros privados. El Gobierno “reestablecerá las bases de la educación plurilingüe”, señala en su texto la ley.

 

El peso de los idiomas cooficiales en la escuela varía en cada comunidad, que dispone, a su vez, de un modelo lingüístico diferente: en Galicia se imparten las materias a partes iguales en castellano y gallego; en la Comunidad Valenciana se establece un 25% de horas en castellano, un 25% en valenciano y un 15% o 25% en inglés; en Baleares, al menos el 50% de las clases se imparten en catalán; en el País Vasco, los padres pueden elegir la escolarización en cualquiera de las lenguas cooficiales, aunque el modelo del euskera como idioma vehicular es el mayoritario. En Cataluña está el modelo de inmersión lingüística, donde todas las materias (excepto Lengua Castellana) se imparten en catalán.

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Sobre la firma

Ana Torres Menárguez

Redactora de Educación. Anteriormente, pasó por la sección de Tecnología y fue la responsable del espacio web Formación, sobre el ámbito universitario. Es ganadora del Premio de Periodismo Digital del Injuve (dependiente del Ministerio de Derechos Sociales), entre otros galardones. Fue redactora de la Agencia EFE y del periódico regional La Verdad.

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