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La norma que soñó con dar carpetazo a la era Wert

El adelanto electoral deja en el aire el fin de los itinerarios y el menor peso de la Religión

Alumnos realizando el examen de matemáticas de 3º de primaria en Madrid.
Alumnos realizando el examen de matemáticas de 3º de primaria en Madrid.

Las 80 páginas de la ley educativa que el Gobierno socialista lleva hoy a Consejo de Ministros aspiraba a acabar con la era Wert. La Lomce logró concitar el rechazo casi unánime de la oposición y saco a la comunidad educativa a las calles. La reversión de algunas de sus medidas más polémicas —la Religión como asignatura computable o los itinerarios para los estudiantes a partir de los 13 años— queda ahora en el aire.

Financiación estable. Prevé un gasto en Educación del 5% del PIB, que los grupos deben comprometerse a mantener si gobiernan.

Educación 0-3 años. Su escolarización ha de afrontarse desde un punto de vista educativo, no de conciliación familiar. Establece un plan gradual para que sea gratuita.

Adiós a la segregación temprana. Educación considera que con 13 años (3º de secundaria) el escolar no está preparado para decidir si dos años después va a cursar bachillerato o FP. Desaparece el itinerario.

Un plan para los repetidores. Uno de cada tres alumnos españoles ha repetido al menos una vez antes de los 15 años, el triple que en la OCDE. El texto establece un plan individualizado de apoyo, cambiando si se requiere contenidos o exámenes diferenciados.

No hay que repetir bachillerato. La norma permite cursar las materias suspensas e inscribirse en asignaturas del siguiente curso. Además, si hay consenso del claustro el alumno puede titular como bachiller con un suspenso. Esta medida ha causado un gran revuelo pero ya se aplica.

Más Filosofía. El Congreso acordó que Historia de la Filosofía sea obligatoria en 2º de bachillerato. Las comunidades tendrían que incluir Ética en los horarios de un curso de secundaria. La Red Española de Filosofía reclama que sea en 4º de ESO.

Religión. Dejaría de ser de oferta obligatoria en los centros en 1º y 2º de bachillerato. No computaría para el acceso a la Universidad.

Fin del área única. La norma aboga por que en la baremación para entrar en un centro prime la proximidad a la casa del menor o al trabajo de sus padres. La izquierda considera que el distrito único (no importa donde vivas para matricularte en un colegio) favorece a quien tiene medios para desplazarse a otro lugar. En los puntos de admisión se valoraría también la presencia de hermanos en el centro o la renta familiar. No contempla que exista un punto discrecional. Muchos concertados premian con un punto a los hijos de antiguos alumnos, lo que impide la mezcolanza de distintas clases sociales. La Generalitat Valenciana (PSOE-Compromís) ha prohibido aplicarlo.

Plazas en los nuevos barrios. Durante la crisis en grandes ciudades se levantaron barrios sin dotaciones públicas, obligando a las familias a matricular a sus hijos en centros a los que se concedió el concierto. La ley incide en ofertar plazas “especialmente en zonas de nueva población”.

“Proporción equilibrada de alumnos”. La apuesta es que los centros concertados (sufragados con dinero público) matriculen más “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. En el curso 2015-2016 —últimos datos disponibles— los centros públicos acogían a 411.000 de estos estudiantes, frente a los 121.000 de la subvencionada. Necesitan ayuda el 7,7% de los niños de la pública, frente al 5,8% de la privada concertada. Muchos de estos son inmigrantes sin una red familiar que pueda ayudarles. Hay 581.000 extranjeros inscritos en centros públicos, frente a 97.000 en la concertada.

Nuevos tipos de concertada. El Gobierno aspira a terminar con la “nueva concertada” que cobra hasta 850 euros al mes “como precio de escolarización”. Aboga por que se subvencione a centros radicados en zonas deprimidas, los que tengan “interés pedagógico” o los que funcionen como cooperativas.

Pruebas de diagnóstico. En 4º de primaria y 2º de secundaria los alumnos se someterían a un examen para conocer su nivel, con el fin de orientar las políticas educativas. Sus resultados no podrían servir para elaborar rankings.

Más poder para la dirección. La ley Wert frena la autonomía de los centros, muy encorsetados por lo decidido por la Administración. La ley incorpora a un director en las comisiones para elegir a otros y obliga a que reciban preparación específica para ejercer. El 40% de los profesores no han recibido formación en liderazgo.

Estatuto docente en un año. Desde hace años todos los grupos coinciden en que hay que elaborar un texto que establezca toda la carrera del profesor, desde su formación inicial, a su trayectoria, incentivos y evaluación.

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