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Las escuelas para niños de 0 a 3 años serán gratuitas en Madrid

Un total de 8.768 niños se beneficiarán de la medida aprobada por el Ayuntamiento a partir del curso 2019-2020. El coste será de un millón de euros

Una de las aulas de la escuela infantil municipal San Antón, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
Una de las aulas de la escuela infantil municipal San Antón, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la "gratuidad total" de las matrículas en las escuelas infantiles públicas municipales para el curso 2019-2020. Un total de 8.768 niños de cero a tres años matriculados en 69 centros se beneficiarán de la medida, que costará al Consistorio cerca de un millón de euros al año. La alcaldesa, Manuela Carmena, pretende con esa medida -que fue presentada por el PSOE- favorecer la escolarización temprana y la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Otro de los objetivos del Ayuntamiento, que en los últimos años ha seguido una política de reducción de tasas en esa etapa educativa -en el curso 2016-2017 se redujeron hasta un 78% para las rentas más bajas- es además mejorar las condiciones laborales de los maestros y del personal de servicios de las escuelas. A diferencia de la red de escuelas privadas de Madrid, las municipales tienen desde hace dos cursos la "pareja educativa", dos educadoras por aula, maestra o técnica superior en Formación Profesional -la gran mayoría de educadoras son mujeres-, informan desde el consistorio.

Las escuelas para niños de 0 a 3 años serán gratuitas en Madrid

En la actualidad, las tasas que abonan las familias se calculan en función de la renta. La aportación más baja es de unos 14 euros al mes para hogares que ingresan 5.644 euros al año, o una cantidad inferior. Desde el comienzo de la legislatura, el Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 27 millones de euros en la construcción de 13 escuelas infantiles nuevas en los distritos de Fuencarral-El Pardo (3), Moncloa-Aravaca (2), Hortaleza (2), Moratalaz, Usera, Arganzuela, Villaverde, Centro y Retiro, que se suman a las 56 que ya existían.

La escolarización temprana, de los cero a los seis años, es, según organizaciones internacionales como la OCDE, recomendable por los efectos en el rendimiento escolar futuro, especialmente en los niños de familias desfavorecidas. En España, el 37,9% de los niños de cero a tres años están escolarizados, por encima del 33% de media de los países de la OCDE. Sin embargo, existen diferencias significativas entre comunidades. El País Vasco es la región con las mejores cifras: el 52,4% de los niños de esa edad están matriculados. En otras autonomías como Canarias, ese porcentaje baja al 16,8%. 

En España, la escolarización de cero a tres años no es obligatoria, las familias deciden. La ley educativa actual (LOMCE) garantiza la existencia de plazas para cubrir la demanda de tres a seis años -el segundo ciclo de infantil-, pero no para la de cero a tres. El segundo ciclo se universalizó en 2002 y se convirtió en gratuito. No sucedió lo mismo con el primero. El resultado es que 1,2 millones de niños de tres a seis años están escolarizados en España (el 97%), frente a los 468.652 del primer ciclo (un 37,9%).

Así queda la "universalización" que prometió Sánchez

La universalización de la educación de cero a tres años tendrá que esperar. El proyecto de Presupuestos Generales para 2019 solo contempla 30 millones de euros en créditos para los ayuntamientos con déficit que quieran impulsar la educación infantil de cero a tres años. El pasado octubre, Pedro Sánchez anunció un acuerdo con Podemos para incluir en los presupuestos una partida de 330 millones de euros para mejorar la red de escuelas infantiles, lo que el presidente calificó como el comienzo de la estrategia para "universalizar" el cero a tres.

En ese momento, se clarificó que de esos 330 millones, 300 saldrían de los presupuestos de los consistorios con superávit y se destinarían a la construcción de nuevas escuelas o a la mejora de las ya existentes, una acción que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP en 2012, impide al limitar el gasto de los ayuntamientos. De los otros 30, solo se sabía que podrían optar a ellos los más de 430 ayuntamientos de España endeudados, pero no se especificó si sería una partida finalista (que no requiere devolución) o un crédito.

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