La Policía captura a seis guardias del Inpec en un operativo contra las extorsiones desde las cárceles de Colombia

La Policía de Colombia ha emprendido en la madrugada de este martes un operativo macro sorpresa con el fin de combatir las extorsiones desde las cárceles de todo el país. La intervención, liderada por el director de la Institución, el general William Salamanca, contó con la participación de más de 2.000 agentes, 600 solo en Bogotá, en 11 de las principales prisiones del país. En el operativo fueron detenidas ocho personas, entre ellas seis guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la entidad responsable del manejo de las cárceles del país. En el operativo han sido incautadas 408 armas blancas, 322 teléfonos, 6.641 gramos de estupefacientes, 172 cuadernos con información de extorsiones y otros delitos, 504 sim cards, 25 módems de Internet y 19 radios y paneles solares.

Las intervenciones ocurrieron en las cárceles La Modelo, El Buen Pastor, La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá), El Pedregal (Medellín), Picaleña (Ibagué), Doña Juana (La Dorada, Caldas), La Tramacúa (Valledupar), La Modelo (Cúcuta), Jamundí (Valle del Cauca) y Palogordo (Girón, Santander). En ellas actuaron miembros del Gaula, la Dijín y los departamentos de inteligencia y tecnología de la Policía, además de perros entrenados y una flotilla de helicópteros en caso de emergencia. Los miembros del Inpec, miembros del personal de la cárcel El Diamante (Girardot, Cundinamarca), serán acusados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, concusión, prevaricato y favorecimiento para la fuga de presos. La presencia de las autoridades en las cárceles obedece a un aumento en la criminalidad en los últimos meses en los penales de varias regiones del país.

La presencia este martes de la Policía en las cárceles es paralela a la operación Dominó, el plan emprendido por el Inpec para combatir las extorsiones desde los penales. Para ello, el programa opta por dar un manejo especial a la reclusión de una treintena de los presos calificados como altamente peligrosos, trasladándolos entre las ocho cárceles de máxima seguridad que hay en el país. Sin embargo, en el proceso el Inpec identificó que en la cárcel de Palogordo, debido a su ubicación, no hay buena señal telefónica, lo que dificulta el actuar delictivo desde su interior. Desde entonces, varios de esos presos peligrosos han sido trasladados a ese penal.

No obstante, la reubicación de presos no ha sido la única estrategia de las autoridades para combatir a quienes delinquen desde la cárcel. Según el director del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, desde el comienzo de Dominó se han llevado a cabo casi 1.800 operativos en los que se han incautado de 8.419 teléfonos que eran usados para extorsionar, aparte de 528 kilos de estupefacientes y más de 73 millones de pesos. A pesar de esas conquistas, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha criticado el hecho de que en su departamento se concentre tal cantidad de presos peligrosos. Además, los sindicatos del Inpec han reclamado por el aumento del riesgo de los trabajadores del instituto en la cárcel santandereana.

El riesgo de los miembros del Inpec ha sido recurrente y visible a lo largo de los últimos meses. En febrero pasado, se conoció que un grupo delincuencial había puesto en marcha un plan pistola para asesinar a los guardianes de la institución, como protesta contra la medida del Gobierno nacional de trasladarlos a otras cárceles del país. Pese a no ser una banda de alcance nacional, tuvo el poder suficiente para asesinar a un guardia en Cartagena, a otro en Cúcuta, y para perpetrar atentados en Antioquia, Huila y Valle del Cauca. En la andanada de intimidaciones y ataques contra el Inpec, quizá el episodio más grave fue el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel Élmer Fernández. En el momento del crimen, el por entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó: “Suceden cosas como estas de hoy, que todos sabemos que son retaliaciones, precisamente por la contundencia y la efectividad de las actuaciones que está teniendo la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el propio sistema carcelario”.