El Gobierno de Colombia declara la emergencia carcelaria

En el que parece ser un eterno retorno, el Gobierno de Colombia declara este lunes una nueva emergencia carcelaria. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que el Ejecutivo busca enfrentar una oleada de violencia contra los funcionarios penitenciarios, después de que este domingo dos sicarios hayan matado al guardia Jesús Cárdenas Barrera al momento de salir de la cárcel de Cartagena de Indias. En lo que va del año, también fue asesinado el guardia Carlos Sandoval en Cúcuta, y sufrieron atentados Nancy Canencio en Medellín, Juan Rosero y Diego Espinosa en La Plata (Huila) y Andrés Agredo en Jamundí (Valle del Cauca). Es la cuarta declaratoria emitida por el Estado colombiano en dos décadas.

El ministro aseguró que las agresiones a funcionarios son represalias a los “golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales de alto impacto” que ha logrado el Gobierno. Además de esos ataques contra funcionarios específicos, desconocidos balearon la entrada de la cárcel de la ciudad de Armenia a inicios de febrero, y el jueves pasado el lugar amaneció con panfletos amenazantes. “Después de las 12 el que se deje coger le vamos a dar de baja, sea el que sea, no miramos rangos, ni nada parecido. Queremos diálogos y nos ignoraron. Vamos a hacer lo que por ustedes nos toca”, dice el anónimo.

Entre las medidas tomadas en virtud de la declaratoria, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) limitará las visitas y derechos a las comunicaciones de algunos reclusos. Ademas, el Gobierno reforzará la presencia policial y militar alrededor de todas las cárceles del país. La entidad explicó este domingo que se establecieron anillos de seguridad en las cárceles Picaleña de Ibagué y en La Picota de Bogotá.

El sindicato de los trabajadores del INPEC, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), ha señalado la existencia de un grupo llamado Muerte a guardianes opresores (MAGO), presuntamente responsable de los atentados recientes. Justamente, el anónimo que apareció en Armenia lleva ese nombre. Christian Edisson López Mora, vicepresidente nacional de la asociación, explica a EL PAIS que en los últimos cinco años han sido asesinados 82 funcionarios del INPEC.

La situación de las cárceles colombianas ha sido objeto de críticas desde hace varias décadas. La Corte Constitucional encontró en 1998 que el hacinamiento, la violencia y en general las condiciones de los centros penitenciarios constituyen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por lo que declaró un estado de cosas inconstitucional. En 2022 comprobó que la situación se mantiene, casi un cuarto de siglo después. Además de las malas condiciones de los reclusos, son frecuentes los casos en los que mantienen el control de sus organizaciones criminales, como se conoció recientemente con los audios extorsivos que envió desde una cárcel de Bogotá el jefe de la banda los Rastrojos Costeños.

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