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El ‘plan pistola’ que desató una nueva crisis en las cárceles de Colombia

Un grupo de delincuentes busca asesinar a los guardias de las prisiones como forma de protesta frente a un Gobierno que quiere reducir la corrupción y la extorsión desde las cárceles

Cárcel de Tuluá en Colombia
La cárcel de Tuluá, dónde permanecen algunos miembros de la banda La Inmaculada, que pretendía controlar la ciudad, aún tiene varios problemas de seguridad.  Tras los hechos que alteraron el orden público de la ciudad, varios de los integrantes del grupo criminal, han sido trasladados a cárceles de máxima seguridad, febrero 14 de 2024.Andrés Torres Galeano
Camila Osorio

Hay una violenta dinámica en Colombia y América Latina que parece intensificarse cada cierto tiempo. En los años ochenta, cuando el capo Pablo Escobar le declaró la guerra al Gobierno colombiano para oponerse a la extradición —le temía más a la cárcel de Estados Unidos que a su muerte— decidió ensañarse contra la fuerza pública con un ‘plan pistola’: pagaba millones de pesos, miles de dólares, por matar policías. El capo está muerto hace 30 años, la dinámica sigue viva. En la última semana, las autoridades encontraron panfletos amenazantes en la cárcel de la ciudad de Armenia, firmados ‘Muerte a Guardianes Opresores’ (MAGO) y que anuncian un ‘plan pistola’ para asesinar a los guardias de las prisiones. Su petición es no ser extraditados, pero no a otro país, sino a otro municipio. “Pedimos que todos los que estamos lejos ya nos dejen estar en nuestros departamentos, no es justo que nos pongan a sufrir(a) nuestras familias para podernos ver”, dice el panfleto. Aunque no es una banda con poder nacional, en las últimas dos semanas distintos sicarios asesinaron a un guardia en Cartagena y otro en Cúcuta, y otros han sido víctimas de atentados en Medellín, La Plata (Huila) y Jamundí (Valle del Cauca). Los guardias del Inpec, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, están en la mira. Incluso su director recibió en enero un desayuno en su despacho, y encontró una granada escondida. El Gobierno, incapaz de garantizar la seguridad de sus guardias, declaró una emergencia carcelaria.

“En la lucha contra la criminalidad que desde el Gobierno hemos emprendido ha habido unos golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales de alto impacto. Lamentablemente, eso ha traído como represalia por parte de algunas estructuras varios atentados contra funcionarios del Inpec”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Es decir, una vez más, la venganza de los capos que no quieren mudarse de casa porque pierden su poder.

Camilo Umaña, viceministro de política criminal, explica a El PAÍS que declarar la emergencia le permite al Gobierno movilizar más personal para proteger la vida de los guardias, pero también más recursos para aumentar el apoyo tecnológico y electrónico que se necesita para contener a aquellos que mueven el crimen en las cárceles. “Nos hemos reunido con líderes de la guardia esta semana para evitar pronto que esta crisis abra otras más en las cárceles”, dice el viceministro. Por ejemplo, con la inversión tecnológica pueden conseguir inhibidores de señal de celular en algunas prisiones. “El año pasado fueron confiscados 33.000 celulares en las cárceles, que ingresaron con complicidad de un grupo de la guardia. La telefonía celular permite a muchos criminales cometer extorsión y amenazas a los ciudadanos”, dice Umaña.

Esta es la cuarta vez que los Gobiernos declaran la emergencia carcelaria en dos décadas, pero la primera vez que lo hace para proteger la vida de los guardias. “Lo que está pasando ahora en las cárceles es un fenómeno que no es únicamente colombiano, está ocurriendo en América Latina”, dice a EL PAÍS Libardo Ariza, profesor de Derecho en la Universidad de los Andes y experto en el sistema carcelario. En Ecuador, por ejemplo, una ola de violencia se desató desde las cárceles después de que se fugara de la cárcel alias Fito, líder de la banda Los Choneros. “Las pandillas, bandas o estructuras armadas tienen un poder creciente, dentro y fuera de las cárceles, y eso en Colombia no se veía de forma tan dura desde los cárteles de Medellín y Cali. Las estructuras armadas volvieron a meter en su agenda de actuación política el mundo penitenciario” añade Ariza. Menciona estructuras como La Inmaculada, que recientemente ha generado terror en el municipio de Tuluá; el llamado Clan del Golfo, gran organización heredera de grupos paramilitares y narcotraficantes que hace presencia en buena parte del territorio colombiano; o el Tren de Aragua, que tiene poder transnacional desde Venezuela.

Ariza explica que durante años hubo cierta ‘paz penitenciaria’ por un acuerdo implícito: la guardia dejaba pasar cosas prohibidas, como celulares, cigarrillos o drogas, a cambio de mantener un orden interno. Los guardias, que cada día pierden poder frente a los prisioneros que custodian, encuentran en esa transacción una forma de proteger su vida dentro y también fuera de la cárcel, cuando ya no tienen puesto el uniforme y son blanco fácil.

Pero esa paz penitenciaria empezó a debilitarse el año pasado, cuando el Gobierno anunció un Plan Dominó para combatir la extorsión en las cárceles, que consistía en controlar más las comunicaciones, las visitas y sobre todo trasladar a cárceles de máxima seguridad a los cabecillas detrás de las extorsiones. En enero, por ejemplo, fue trasladado alias Satanás, capo del Tren de Aragua, a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar. Lo mismo hizo el Gobierno con alias Pipe, líder de La Inmaculada, como respuesta a la violencia que desató en Tuluá. El costo de esos movimientos, y otros más, ha sido la retaliación contra los guardianes.

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“Entiendo que este es un incendio para el Gobierno y por eso está llamando a los bomberos, pero el problema es más estructural y requiere una reforma al Inpec. Esta emergencia carcelaria es el brote de una enfermedad crónica: ante un hacinamiento tan alto, no hay custodia que aguante”, explica Ariza.

Desde 1998, la Corte Constitucional ha declarado varias veces un estado de cosas inconstitucional en las cárceles para los reclusos, en parte por el hacinamiento que, a su vez, es alimentado por una política criminal mal enfocada durante décadas. “Pero nunca antes se había puesto el foco en las malas condiciones laborales de la guardia como en esta emergencia: tienen turnos duros, mal pagados, la moral abajo, y así ¿quién puede controlar un cartel?”, dice Ariza.

Un funcionario del Gobierno que trabajó dos décadas en el Inpec y que pide reserva de su identidad, aclara que la mayoría de la población reclusa protesta las medidas de seguridad por mecanismos legales (tutelas o huelgas) y que solo el 1% acude a la violencia contra la guardia. Pero, aun así, considera que proteger al Inpec implica insistirle al Gobierno que mire con cuidado el hacinamiento y lo insostenible que es: unos 15.000 guardias custodian a unas 170.000 personas privadas de la libertad (no solo en prisiones sino también aquellos detenidos en casa por cárcel o en otro tipo de vigilancia especial). “Son demasiadas personas y los guardianes no pueden trabajar cohibidos”, dice este funcionario.

Aunque cambiar la política criminal requiere de una reforma legal de fondo, mientras el gobierno saca adelante las que ya ha propuesto, el Ministerio de Justicia está en conversaciones con los sindicatos de guardianes para mejorar sus condiciones laborales: ofrecerles un seguro de vida y una prima de riesgo, o una pensión en régimen especial si llegan a la vejez.

Diana Velasco es dragoneante del Inpec y trabaja en la cárcel Modelo, de Bogotá, una de las más grandes del país donde se declaró la última crisis carcelaria, tras un motín que dejó decenas de reclusos muertos en 2020. “Es una cárcel muy vieja y en ese entonces los reclusos pudieron incluso romper las rejas, tumbarlas, atravesar muros”, cuenta. “El Gobierno nos preguntó entonces qué necesitábamos, y casi nada de eso llegó: pedimos extintores, candados, arreglar unas rejas, y medios de coerción disuasivos como el gas”, cuenta. “No nos dieron nada”, añade.

Ahora espera que el Gobierno sí cumpla. No es la primera vez que sabe de compañeros guardias atacados por cabecillas, pero cuenta que el asesinato del dragoneante en Cartagena impactó considerablemente a muchos compañeros, que compartieron videos del cadáver. “El miedo es total”, dice por teléfono desde la cárcel donde trabaja. Admite que hay funcionarios corruptos en el Instituto, y dice que espera que sean depurados, pero también espera que las condiciones mejoren para los demás. Cuenta que tienen miedo y cansancio por la falta de derechos laborales. “Esperemos ser incluidos en el Gobierno del cambio para que por fin para nosotros haya así sea un pequeño cambio”, añade luego por mensaje de texto.

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Sobre la firma

Camila Osorio
Corresponsal de cultura en EL PAÍS América y escribe desde Bogotá. Ha trabajado en el diario 'La Silla Vacía' (Bogotá) y la revista 'The New Yorker', y ha sido freelancer en Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos.
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