Sanidad ultima la forma de intervenir sanitariamente Madrid ante la gravedad de la crisis del coronavirus

El Ministerio de Sanidad ya tiene decidido que es urgente dar un golpe de timón a la gestión de la epidemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Y si no lo hace el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), el departamento dirigido por Salvador Illa ultima la fórmula que le permita endurecer las medidas aplicadas hasta el momento por el Gobierno regional, según han confirmado fuentes sanitarias.

“No es posible esperar más porque la situación es muy grave. Lo que está en juego son muchas vidas humanas. Esperamos que la Comunidad de Madrid reconduzca la situación, pero si no lo hace tendremos que actuar para que las medidas necesarias para frenar la circulación del virus sean aplicadas”, añaden.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado esta noche que durante las negociaciones del pasado jueves entre el Gobierno central y el autonómico, este último se mostró dispuesto a cerrar todas las poblaciones de la región con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, pero siempre y cuando fuera en toda España y no solo en Madrid. Además, señalan las mismas fuentes, siempre y cuando y “al mismo tiempo”, se realizaran PCR en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de AVE y RENFE, “que es por donde entran los contagios”, informa Manuel Viejo. El consejero de Justicia, Enrique López, ha salido también al paso de las últimas informaciones y ha publicado un tuit con un mensaje tajante: “No cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma. Las competencias son de la comunidad y la de la Madrid las está ejerciendo con criterio y responsabilidad. El Gobierno central y su ministro de Sanidad deben regresar a la responsabilidad y a la lealtad”.

La reunión celebrada el pasado lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y Ayuso buscaba acercar posiciones entre ambos Ejecutivos tras meses de desencuentros. Pero las buenas intenciones duraron muy poco, prácticamente nada si se hace caso a las personas que llevan semanas tratando de evitar una crisis que ha acabado estallando.

La primera señal fue la comparecencia de Illa del viernes, que vino a contraprogramar la del viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero. Más que una señal, fue la primera entrega de una estrategia ya trazada. “El ministro salió a decir que las medidas de Madrid eran insuficientes. Que había que extenderlas a toda la capital y zonas con una incidencia acumulada que superara los 500 casos”, explican estas fuentes.

Una vez lanzado el mensaje, este sábado Illa lo ha vuelto a repetir. “Una vez has dicho lo que debería hacerse, es conveniente dejar un tiempo a ver si la Comunidad rectifica. Pero si no lo hace, no te puedes quedar de brazos cruzados cuando se trata de una crisis sanitaria de esta magnitud”, añaden fuentes cercanas al Gobierno central.

Sanidad confía en que Madrid, que con 722 casos por cada 100.000 habitantes se ha convertido en el epicentro del coronavirus en Europa, haga un gesto antes del lunes. Si no lo hace, tanto el ministerio como La Moncloa contemplan diferentes opciones. El objetivo es que sea una “intervención sanitaria, quirúrgica”. “Es un problema sanitario y como tal debe resolverse”, defienden estas fuentes, que quieren evitar medidas de “mayor calado político" como podría ser la declaración del estado de alarma. Sánchez ya dijo que solo daría este paso si lo solicitaba alguna comunidad.

La opción “más razonable y mesurada” que maneja el Gobierno es el decreto de nueva normalidad aprobado en junio. El motivo es que contempla en su disposición final segunda la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad, en “situaciones de urgente necesidad”, pueda tomar “las medidas que sean estrictamente necesarias”. Otra opción es que la redacción del texto permite a Sanidad actuar cuando la crisis afecte a más de una comunidad. “No es solo un problema de Madrid, sino que también afecta a Castilla-La Mancha y Castilla y León”, recuerdan estas fuentes, que apuntan a las reuniones que las tres comunidades y Sanidad mantienen desde hace casi un mes.

El Gobierno no tendría que contar con el acuerdo previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para dar el paso e informaría a posteriori a Madrid “de manera urgente de las medidas adoptadas” previamente. Pero podría producirse un problema logístico: Sanidad puede imponer que las restricciones se extiendan a todo Madrid o a las zonas básicas de salud con una incidencia que supere los 500 casos por 100.000 habitantes, pero la ejecución de las medidas seguiría siendo competencia autonómica de la Comunidad de Madrid. En el Gobierno insisten en que no entra dentro de sus competencias implementarlas.

La actuación del Ejecutivo también podría llegar a través de la Ley General de Salud Pública de 2011, que contempla en el artículo 52.3 “la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite".

El ministro de Sanidad se refirió de manera expresa al respeto a los métodos científicos este sábado. “Hay que escuchar a la ciencia y dejar la política en un segundo plano. Hay que anteponer la salud de los ciudadanos y es el llamamiento que hacemos desde la máxima lealtad, la misma que hemos tenido con otras comunidades”, afirmó en el último mensaje del Gobierno al Ejecutivo madrileño.

Sanidad tiene a su disposición otra fórmula más contundente de intervenir. Sería la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública de 1986 que permitiría, al igual que el estado de alarma, aplicar medidas de restricción de la movilidad. En este caso, avisan fuentes gubernamentales, las restricciones tendrían que ser validadas por un juez, ya que existen dudas legales de cómo deberían articularse para ser aplicadas, por ejemplo, en un barrio concreto.

La última opción sería el estado de alarma, que se podría decretar delegando su cumplimiento en la presidenta de Madrid o asumiendo directamente el control, con las implicaciones políticas que tendría.

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