Bruselas resta importancia al traspié y aclara que no autorizará vacunas que causen “efectos secundarios graves”

La interrupción de los ensayos de la vacuna producida por la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford no hace saltar las alarmas en Bruselas de momento, al menos públicamente. "La suspensión de pruebas clínicas en esta fase es normal en cualquier ensayo, y un único traspié no es suficiente para extraer ninguna conclusión”, apunta un portavoz comunitario. El remedio es la gran apuesta del Ejecutivo europeo, que firmó el 27 de agosto un contrato para comprar 300 millones de dosis, ampliables a 100 millones más, para distribuirlas entre los Veintisiete países de la UE. El compromiso, sin embargo, no implica que los inyectables vayan a llegar a los hospitales sí o sí. “Está claro que si se detectan efectos secundarios graves, la vacuna no se comercializará en la UE”, añaden.

La Comisión sigue de cerca la noticia de que uno de los voluntarios que han recibido la inyección sufre “una enfermedad potencialmente sin explicación”, e insiste en que dispone de filtros suficientes para garantizar que la llegada al mercado de los fármacos solo se producirá cuando estos sean fiables. “Antes de estar disponibles para su compra y uso, todas las vacunas candidatas deberán superar los requisitos y la evaluación científica de la Agencia Europea del Medicamento para recibir la autorización”.

Aunque la gestión con AstraZeneca y Oxford es la más avanzada de todas las que ha emprendido Bruselas, no es su única bala en la recámara. Este mismo miércoles la Comisión ha anunciado un nuevo preacuerdo para comprar 200 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer. El movimiento completa la cartera de vacunas tras un verano de intensas conversaciones con el sector farmacéutico. La Comisión también ha cerrado preacuerdos en nombre de los Veintisiete con Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac y Moderna.

La incertidumbre sobre cuál será el remedio más fiable y efectivo ha llevado a Bruselas a diversificar sus contactos para no quedarse sin ella, máxime cuando los laboratorios, pese a tener todos como único fin la inmunización de la población, utilizan en ciertos casos tecnologías diferentes para llegar al objetivo común. “La seguridad y la efectividad de la vacuna no son negociables para nosotros”, ha insistido este miércoles la comisaria de Salud, Stella Kyriakides. La política chipriota sale así al paso de los que temen que la velocidad con que se busca la vacuna para contener la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia haga llegar al mercado fármacos que provoquen reacciones adversas.

Los Estados miembros asumirán parte del riesgo financiero si algo así sucediera. Las farmacéuticas están trabajando a marchas forzadas para llevar a cabo en un plazo de 12 a 18 meses ensayos que en el pasado podían durar más de una década. Y no están dispuestas a sufrir en solitario sus hipotéticas consecuencias: los contratos de compra anticipada incluyen cláusulas por las cuáles los países acuerdan hacerse cargo de las indemnizaciones en ciertos casos.

La intención de la Comisión es que no haya que llegar a ese punto, y el examen de la agencia del medicamento sea lo suficientemente exhaustivo como para detectar cualquier peligro. “Aunque una vacuna supone la estrategia de salida más segura a la pandemia, la seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad, y quiero ser clara en que nunca la comprometeremos”, señala Kyriakides.

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