El Supremo de Brasil cuestiona la militarización de la Amazonia

“La selva nos une”, tuiteó el vicepresidente Hamilton Mourão este sábado, cuando se celebraba el Día de la Amazonia en Brasil. Pero sus palabras no encajan con la realidad y menos en un momento donde empieza una batalla contra la gestión del Gobierno en la región. Desde mayo, el propio Mourão dirige la operación Verde Brasil en la Amazonia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para cohibir los incendios provocados y los delitos ambientales en general. Pero el Partido Verde (PV) cuestionó la legalidad de la acción de los militares en el Supremo Tribunal Federal el pasado 30 de agosto, a la luz del aumento de la deforestación en la selva amazónica. El PV levanta la sospecha de que el Gobierno puede tener agentes que informan a los deforestadores sobre las operaciones de inspección en curso. La petición exige que se suspendan los actos normativos del Ejército que, en la práctica, significa paralizar la operación Verde Brasil, retirando a militares de la Amazonia.

El pasado jueves, la ministra del Supremo Carmen Lúcia solicitó “con urgencia y prioridad”, información al presidente Jair Bolsonaro y al ministro de Defensa sobre las disposiciones legales cuestionadas que deben presentarse en cinco días. El ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, expresó su molestia en Twitter y reavivó las fricciones públicas de los miembros del Ejecutivo con el Supremo: “La magistrada Carmen Lúcia ha aceptado la acción de un partido político y ha determinado que el presidente y el Ministerio den explicaciones sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la Amazonia. Perdóneme, querida magistrada, si conociese esa zona, sabe cuál sería su pregunta: ‘¿Qué sería de la Amazonia sin las Fuerzas Armadas?”. El vicepresidente Mourão ya se manifestó sobre este asunto en una entrevista al periódico O Estado de S. Paulo, donde dijo que la petición de la magistrada “es otro uso político del Supremo”. El provocativo tuit de Heleno polarizó las redes sociales, tras una aparente tregua del Ejecutivo con los otros poderes.

El campo de batalla sobre la gestión en la Amazonia, un bioma de 4,2 millones de kilómetros cuadrados, adquiere cada día nuevos matices bajo la Administración de Bolsonaro. Bajo las permanentes críticas internacionales sobre su política ambiental —y la amenaza de que se redujeran las inversiones en el país por ese motivo—, Bolsonaro puso al vicepresidente a cargo de la protección de la selva, especialmente después de los incendios de agosto de 2019. Allí nació la primera Operación Brasil, que permaneció dos meses, de agosto a septiembre, en la región para controlar los focos de incendios y los delitos ambientales.

Pero la deforestación no se ha reducido en 2020 y, en abril, las alertas por incendios provocados y la deforestación en la Amazonia de forma legal crecieron un 63,7%, lo que llevó al Gobierno a promulgar una garantía de Ley y Orden, que permite el uso de las Fuerzas Armadas para proteger la selva. Así nació la Operación Verde Brasil 2, con un coste de 60 millones de reales (11,3 millones de dólares), que duraría, en principio, dos meses. Aunque los ambientalistas reconocieron el esfuerzo del Gobierno por llegar antes de que hubiera una nueva oleada de incendios en el segundo semestre del año, el plan fue visto con desconfianza debido al alto coste —mayor que el presupuesto anual del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), responsable de vigilar y reducir la deforestación hasta entonces— y a la falta de coordinación conjunta.

Mourão refuerza que la acción tiene por objeto prestar apoyo a los organismos de inspección, como el propio Ibama y el Instituto Chico Mendes. “Es un apoyo logístico y de seguridad para las dos instituciones, que no tienen piernas para llevar a cabo sus tareas en la Amazonia”, dijo a O Estado de S. Paulo. Los que están en el terreno ven con buenos ojos la posición del vicepresidente, pero todavía hay ruidos y desencuentros en una zona que es extremadamente sensible para los brasileños y el mundo que lucha contra el calentamiento global y depende de la conservación de selvas como la Amazonia. “Queremos y necesitamos trabajar con las Fuerzas [Armadas]. Pero cada uno tiene que entrar con su especialización. La especialización del Ejército es la logística, el riesgo operacional. Nosotros tenemos experiencia en montar operaciones y acciones contra los delincuentes ambientales”, dijo a EL PAÍS un inspector que hace más de diez años que trabaja en el Ibama y prefiere permanecer en anonimato. Mourão también entonó el mea culpa en su entrevista cuando dijo que el Gobierno se equivocó al dejar la selva en septiembre al terminar la primera Operación Brasil. “Si nos hubiéramos quedado en el terreno desde el año pasado, podríamos presentar mejores números”, dijo. Entre mayo y agosto, el número de incendios provocados fue prácticamente el mismo que el del mismo periodo de 2019, aunque en agosto hubo una reducción del 5%. Pero este año, los incendios han alcanzado el bioma del Pantanal, en el centro occidente del país, región dependiente de Amazonia.

Las convergencias, sin embargo, se desvanecen al tener, de un lado, el Gobierno bajo presión y, del otro, a los ambientalistas que se ven atropellados. En la petición del PV al Supremo, el partido menciona relatos de inspectores que revelan la falta de colaboración. “Crearon una operación que contribuye a desmantelar la política ambiental brasileña”, argumenta el PV, que también menciona una acción del Ibama del 6 de agosto que se filtró a los que serían objeto de la inspección. La Policía Federal había estado vigilando una explotación minera ilegal en el Estado de Pará durante semanas, pero luego un militar les prohibió que siguieran. “Se divulgó un audio que se había enviado al grupo de WhatsApp Los garimpeiros no son delincuentes, que alertaba de que habría agentes del Ibama el 6 de agosto en la región. El autor del audio fue identificado y confirmó que la información había sido transmitida por un funcionario del Gobierno federal”, cita la petición.

La alerta por WhatsApp la hizo Josias, un indígena urbanizado, favorable a la explotación minera ilegal, que está en contacto con “una persona” del Gobierno, como él mismo admite en un reportaje. Son indígenas como él los que mencionan Mourão o Bolsonaro cuando hablan de la Amazonia y la construcción de una cadena de actividad económica en la región. “Tenemos que entender las necesidades de la comunidad indígena. No pueden permanecer segregados, apartados del siglo XXI. Necesitan tener sus propios ingresos, no pueden vivir de la limosna del Estado”, dijo el vicepresidente. Pero la lectura no tiene en cuenta las diferentes etapas de integración de los indígenas en un país con más de 300 pueblos diferentes, incluidos los aislados y otros que se niegan a involucrarse en otras culturas, porque entienden que la selva es su medio de vida y respetan a sus antepasados, que han sobrevivido en la Amazonia desde antes de que se descubriera Brasil, en el año 1500. Un tema en que el Gobierno Bolsonaro tiene prisa, sin buscar puentes para un debate más maduro.