Nucleares cuarentonas con el permiso del Gobierno

No es lo mismo estar en La Moncloa que en la oposición. Y PSOE y Podemos, socios de Gobierno ahora, lo han comprobado en sus carnes con las centrales nucleares. Durante años, cuando el PP estaba en el Gobierno y maniobraba para que las nucleares pudieran superar las cuatro décadas de funcionamiento —la denominada vida de diseño de estas instalaciones—, ambas formaciones de izquierdas llevaron al Congreso y a sus programas electorales la oposición rotunda a que se superara esa frontera de los 40. Si ambos partidos hubieran cumplido con esa promesa, la más vieja y potente de las cinco centrales españolas, la de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, tendría que desconectar su reactor más antiguo en 2023; el otro, el más nuevo, debería parar al año siguiente. Pero a principios de mes el Boletín Oficial del Estado publicó una orden del Ministerio para la Transición Ecológica que permite que los dos reactores superen los 40 años de vida y sigan funcionando hasta 2027 y 2028.

El de los 40 años es un debate que se da en casi todos los países en los que hay centrales —31 en total—. En estos momentos hay cerca de 450 reactores en activo en el planeta, de los que 147 —ubicados en 13 países— han logrado permisos para operar más allá de las cuatro décadas, como defiende Foro Nuclear, la patronal de este sector en España. Esto no significa que todos los Gobiernos sigan ese mismo camino. Alemania, es el caso contrario más conocido: cerrará entre 2021 y 2022 todas sus centrales sin que lleguen si quiera a cumplir los 40.

Si PSOE y Podemos hubieran mantenido las promesas que hicieron cuando estaban en la oposición, España se despediría por completo de la energía nuclear —que ahora aporta alrededor del 20% de la electricidad— en 2028, cuando cerrarían las dos más modernas de las cinco centrales españolas, Vandellòs y Trillo. Pero en enero de 2019, la actual vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, acordó con las compañías eléctricas —Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de las nucleares— un calendario de cierre. El acuerdo fijaba una fecha de clausura para cada una de las cinco instalaciones, algo que nunca se había conseguido pactar con las eléctricas. Las centrales podrían superar los 40 años, pero no llegar a los 50. Y la clausura completa se producirá en 2035.

Ribera ha defendido en alguna ocasión que esa renuncia a la promesa del cierre total a los 40 se hacía a cambio de lograr por primera vez un “horizonte” claro y pactado con las eléctricas que permite una planificación energética del país.

Además, defienden desde el Gobierno, el pacto logró una posición de entendimiento entre Iberdrola —que se ha mostrado públicamente partidaria de deshacerse de sus centrales en breve por no ser rentables— y Endesa —que en sus cuentas establece los 50 años de vida como plazo de amortización para las centrales en las que participa—. El problema es que ambas eléctricas, que mantenían posiciones enfrentadas, comparten accionariado en casi todas las nucleares del país. El pacto con Ribera, por lo tanto, supuso una posición de consenso entre ellas.

El calendario de cierre se alcanzó en enero de 2019, cuando el PSOE gobernaba en solitario. Tras las últimas elecciones, Podemos entró en el Gobierno y hasta el pasado mes de mayo esta formación seguía pidiendo al Ministerio para la Transición Ecológica que no concediera la autorización que finalmente se publicó en el BOE a principios de agosto. “Este es un tema que estaba ya fijado entre el PSOE y las eléctricas cuando llegamos”, dice Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos. “Pero es verdad que nosotros no hemos querido forzar en este asunto”, añade López de Uralde. Pese a todo, este diputado, ligado históricamente al movimiento ecologista, sostiene que su formación sigue defendiendo que no se concedan renovaciones de las autorizaciones de funcionamiento como la que ha recibido Almaraz.

Aquel protocolo cerrado en 2019 con las eléctricas no tiene un blindaje legal, no ha sido recogido en una ley o un decreto, con lo que algunos temen que un cambio de Gobierno pudiera extender la vida de las centrales más allá de 2035. Pero López de Uralde cree que “el cierre nuclear es ya irreversible” en España. La pérdida de rentabilidad de esta actividad —las renovaciones de las autorizaciones están condicionadas a la realización de millonarias inversiones para mejorar la seguridad de estas instalaciones— es la principal amenaza para la energía nuclear ahora, como admiten fuentes del mismo sector. Además, las eléctricas llevan años quejándose de los impuestos y tasas que deben pagar por su actividad. “Ya no es rentable”, insiste el diputado de Unidas Podemos.