La cuenta atrás de los mayores que salieron de las residencias

Se agota el plazo que la ha puesto entre la espada y la pared. Si su madre no vuelve a la residencia esta semana, pierde la plaza pública que le costó cuatro años conseguir. “Lleva en casa conmigo desde el 25 de marzo, en cuanto me enteré de que había un positivo: llamé y fui a por ella. Sabía que iba a contagiarse si se quedaba, como después se contagiaron muchos”, cuenta Carmen García, madrileña de 30 años. Más de 1.600 mayores han salido de los centros durante estos meses en España. Pero no todas las comunidades ofrecen la misma solución. En Madrid, el miércoles se cumple el día 45 a contar desde el 6 de julio: a partir de esa fecha comenzó a correr el tiempo según el cual se considera que la ausencia de un anciano está injustificada.

La cifra de mayores que se fueron a casa es seguramente mayor de 1.600. Autonomías como Extremadura o Castilla y León no disponen del dato. A excepción de Cataluña, el resto informa solo de plazas públicas o concertadas, para las cuales han regulado cómo proceder (las privadas, explican, deciden qué hacer). En tres comunidades los casos hasta finales de julio superan el centenar: Madrid (338), Aragón (132) y Cataluña (903, incluidas las privadas).

En Madrid, Cantabria, Galicia, Gipuzkoa, Aragón y Extremadura hay un plazo a partir del cual se pierde la plaza pública o concertada si los residentes no vuelven al centro. En el resto de autonomías no se les exige volver mientras dure la emergencia sanitaria, o no les constan casos en que se hayan negado a regresar (La Rioja y Comunidad Valenciana) o no existe una normativa específica (Canarias). Ni Andalucía, ni Álava ni Bizkaia han aclarado si los mayores que salieron de los centros pierden la reserva si no vuelven. Los mayores que viven en las residencias suelen tener grandes dependencias. Muchas comunidades consultadas cuentan que la mayoría de los que salieron durante la pandemia ya han regresado.

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García intenta ganar tiempo. Se apañan como pueden, sin apoyos públicos. “Necesita ayuda constante y yo trabajo”, continúa. Varios infartos borraron la memoria de su madre a corto plazo. “Puede tener una conversación, pero no sabe en qué día vive, ni qué ha comido”, explica. “La saqué porque me dio miedo. Tiene 58 años, pero es como una niña. Se mueve por todo el centro, es muy sociable, da muchos besos y abrazos a todo el mundo”, dice. “En una residencia no puedes tener la certeza de que alguien la supervise las 24 horas. Y además es diabética e hipertensa. Tengo informes médicos que desaconsejan su reingreso”. Los ha enviado a la Comunidad de Madrid ya en dos ocasiones. La última, el viernes. Ha pedido una prórroga hasta octubre. Fuentes de la consejería de Políticas Sociales aseguran que estudiarán caso por caso y que, hasta el jueves, había tres solicitudes. El motivo de que pierdan la plaza si no regresan, aducen, es que hay mucha lista de espera de mayores aguardando a poder ingresar en una residencia.

Cada autonomía (diputaciones, en el caso del País Vasco) dicta sus normas y la disparidad es enorme. En algunas, los mayores que salieron de los centros han pagado la plaza íntegra durante este tiempo. En otras, solo parcialmente, y en algunas no han abonado nada. También se exigen requisitos diferentes para poder volver (condiciones distintas sobre PCR y cuarentenas).

En Navarra han dado soluciones a familias de Pamplona que reclamaban aplazar el regreso: si hace falta un ingreso en ese tiempo, pierden su plaza, pero en cuanto quieran regresar, la primera que se quede libre será para ellos. Eso es precisamente lo que quiere Carmen: “Que no me hagan empezar de cero y volver a la lista de espera. No tengo dinero para pagar una residencia privada. Nuestro caso es urgente”.

Ahora, con más de un millar de contagios en las residencias de todo el país, las asociaciones de familiares insisten en que debe suspenderse la exigencia del reingreso. “Es un sinsentido. ¡Sigue habiendo una crisis sanitaria, según el Gobierno a nivel nacional!”, se queja Miguel Vázquez, presidente de la plataforma Pladigmare. Coincide Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias. “Pretenden cumplir una cláusula del contrato [la que permite estar fuera sin justificación unos días determinados cada año] pero no las referentes a visitas, por ejemplo”, se queja. “Se debería mantener la plaza a los residentes que salieron e incluso a los nuevos ingresos que en este momento no deseen acceder hasta que la pandemia esté controlada o erradicada”, dice. “Este tema debe ser calificado como situación extraordinaria”, reclama.

Así ocurre, por ejemplo, en Cataluña. No se exige a los mayores que reingresen a los centros. Se les guarda la plaza y no la tienen que pagar, explican fuentes de la Generalitat. Pero Silvia Álvarez y su familia tienen un problema: “La residencia nos dice que debido a la situación actual no puede haber ingresos”. Su padre, de 83 años, salió del centro en abril hacia el hospital, donde pasó un mes hasta que superó la covid. Cuando le dieron el alta decidieron llevarlo a casa porque, según dice, no confiaban en el centro. Álvarez (50 años) ha denunciado a la residencia por su actuación durante los primeros meses de la pandemia, cuando una treintena de mayores murieron. “Me dicen que reconsidere si deseo otra residencia. Pero mi padre quiere volver a esa”. Fuentes de la Generalitat explican, sin hablar de ningún centro en concreto, que los que no tienen controlada la infección no pueden recibir ingresos y que se están reservando plazas para poder mantener mejor las distancias y hacer aislamientos. “No sé cuál es el motivo”, sostiene Álvarez. “Mi padre puede moverse, pero necesita ayuda para asearse y vestirse, en la cocina... Si por mí fuera, no iría a ningún centro, pero mi hermana y yo no podemos. Ahora está con ella, hasta que lo dejen volver.”

“Se están vulnerando los derechos de mis padres”

Ana Dueños tiene 53 años y hace años ya cuidó a sus padres, que tienen 81 y 83 años. Cuenta que los llevó a una residencia cuando se hizo insostenible su cuidado. Ahora ha renunciado a las plazas, que vivían juntos en el mismo centro en Madrid, ella en una plaza pública, él en una privada. “Ella es gran dependiente, ya no camina, tiene una arritmia... Él tuvo un enfisema pulmonar y cáncer de colon”. Tras una neumonía de su madre, recogió primero a su padre. En el hospital dijeron que no era covid pero a ella le daba pavor que él se contagiara. A la semana la recogió también a ella. “No tenía información, me desesperé. Tuve que llevarla al hospital, estaba deshidratada y tenía un fallo renal”, dice.

Ahora los ha instalado a cada uno en una habitación de la planta superior de su casa. Va a contratar personal interno. “A mi madre la levanto cada día al peso. Él no se puede duchar solo. Necesito ayuda para poder atenderlos”, sostiene. “No me planteo que vuelvan, ni a esta residencia ni a ninguna por ahora. El médico me ha dicho que si cogen covid, tienen muchas posibilidades de no contarlo”, explica. “En el centro vive mucha gente, en casa tengo más opciones de protegerles y llevarles al hospital”, prosigue. “Pero quiero emprender acciones legales contra la Comunidad de Madrid porque se están vulnerando los derechos de mis padres. En condiciones adversas se puede retener la plaza. Entonces, ¿esto qué es?”

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