La patronal de las residencias critica la falta de rigor en los intentos de asociar los muertos a la gestión privada

Ante la pretensión de la Generalitat valenciana de revertir la gestión privada de la residencia de ancianos de Alcoi, donde fallecieron 73 muertos por covid-19, la patronal valencianas de las residencias privadas ha reaccionado con una crítica a la falta de rigor y al uso de los muertos para fines políticos. “Parece que hay un intento de asociar algún tipo de gestión concreto al resultado sanitario que han tenido algunos centros. Ha habido situaciones muy graves, en cuanto a número de fallecidos, en centros públicos de gestión directa, en centros de entidades sin ánimo de lucro y en centros gestionados por empresas”, afirma José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte).

“No nos parece un análisis riguroso sino una cuestión, de nuevo, política. Se está utilizando la crisis para introducir ciertas cuestiones, con un trasfondo político, sin ninguna relación real con lo que ha ocurrido. Es una desgracia el fallecimiento de tantas personas en residencias como hemos tenido en la Comunidad Valenciana, pero si no hacemos un análisis riguroso y exhaustivo de lo que ha ocurrido y nos quedamos en prejuicios e ideas preconcebidas no avanzaremos nada frente a la nueva oleada que puede producirse”, añade.

En la Comunidad Valenciana, que no ha sido una de las más afectadas por el coronavirus de España, han muerto 560 personas en residencias de ancianos de un total de 1.332, según los últimos datos disponibles. La mayoría de las residencias son de gestión privada y acumulan el número más elevado de fallecidos, como la de Alcoi (DomusVi) pero también en centros públicos como el de de Burriana, por ejemplo, o en organizaciones sin ánimo de lucro como la de Torrent, se han producido numerosos muertos.

Toro insiste en que “en el grupo de trabajo que se ha creado entre la Consejería de Sanidad, la de Igualdad y el sector se trabajan temas concretos y específicos de mejora y ninguno de ellos, como es comprensible, trata sobre la forma jurídica de la entidad gestora. Allí están las públicas y las privadas, mercantiles y sin ánimo de lucro aportando cuestiones relevantes técnicos y profesionales”. “En los primeros momentos, segunda semana de marzo, cuando no se advirtió a tiempo a los centros, seguía habiendo Fallas y normalidad absoluta, cuando se apelaba a que esto era parecido a una gripe, el virus dio la cara y tuvo un resultado dramático. No había medios de protección suficientes ni capacidad amplia de hacer pruebas. Ello llevó a una situación de estrés muy importante”, recuerda.

Respecto a la residencia de Alcoi, Toro señala que “estaba intervenida por Sanidad desde el día 18 de Marzo por lo que hay una resolución con un funcionario público nombrado en la misma, como en todos los casos de intervención, que dicta lo que hay que hacer y es el responsable máximo de la intervención sanitaria desde ese momento”. “Se han hecho dos inspecciones por parte de la Consejería de Sanidad durante el estado de alarma y no nos consta que haya habido problemas importantes en ellas. Puede que la información facilitada en algunos centros no haya cubierto la necesidad de las familias, y debemos mejorar en este punto, pero en algunos momentos la carga de trabajo era muy alta. Por otra parte, no vemos marco legal para la supuesta reversión. La disposición de la Ley de Acompañamiento del 2019 habla de contratos de gestión integral, y éste no es uno de ellos, habla de diversidad funcional, y éste es un centro de mayores, y habla de cuando se produzca la extinción y a este contrato todavía le quedan muchos años de vigencia”.

27 años de vigencia

27 años de vigencia le queda la concesión de Alcoi de los 45 por los que se le adjudicó en 2002 cuando gobernaba el PP en la Generalitat. A ello, se refirió el viernes la vicepresidenta del Consell y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, artífice de la intención de revertir la gestión de la residencia alicantina. Oltra ha recordado que el edificio en el que se encuentra la residencia es de titularidad pública de la Generalitat y el exconsejero de Bienestar Social Rafael Blasco, firmó con la empresa que la gestiona una concesión de uso por 45 años. “La empresa no paga ningún canon de ese edificio público, cedido con la única contrapartida de hacer obras de reforma que están ampliamente amortizadas”, dijo Oltra. “Tenemos la situación no solo durante la pandemia, sino situaciones anteriores de incumplimiento de ordenamiento jurídico en cuanto a la gestión de residencias”, añadió a propósito de su intención de revertirla.

“Ha habido 73 muertos, más de la mitad de residentes, y han resultado contagiadas la práctica totalidad de personas que vivían en ella. Hay una realidad que se aparta mucho de la media que ha sido la respuesta de la red residencial”, insistió. “Con estos elementos, ya ha habido reuniones con la empresa que gestiona la residencia, con la que hizo una cesión de uso por 45 años. Se debe analizar toda la información y ya se le ha expuesto al interesado la voluntad de la Generalitat de recuperar la gestión pública de ese centro”, incidió. Oltra reconoció que el proceso puede largo. Fuentes de DomusVi señalaron el jueves a este periódico que no tenía ninguna notificación oficial de la intención de la Generalitat.

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