La UE busca un pacto contra reloj para la reapertura de las fronteras exteriores el 1 de julio

Del cerrojazo del 16 de marzo a la puerta entreabierta a partir del 1 de julio. La Unión Europea busca un pacto para la reapertura a partir del mes que viene de las fronteras exteriores cerradas por la pandemia de la covid-19, aunque de momento solo se permitirá la entrada a ciudadanos extracomunitarios procedentes de un puñado de países. Antes de la pandemia, la UE permitía la entrada con visado en el espacio Schengen a los ciudadanos procedentes de 105 países o territorios y a los de otros 67 sin visado. El listado de autorizaciones postpandemia ha sido recortado drásticamente, al menos de momento, para reducir al mínimo el riesgo de casos de covid-19 importados.

Las negociaciones se intensificaron este viernes, con una reunión de más de seis horas de los representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE. Los contactos se interrumpieron para abrir un proceso de consulta con las capitales de los 27 socios, que tenían como plazo este sábado para pronunciarse sobre los términos de un posible acuerdo.

El proceso, sin embargo, no se ha desatascado y las consultas continuarán durante el domingo. Croacia, país que preside este semestre la Unión Europea, confía en rematar el listado e iniciar el lunes un procedimiento de aprobación por escrito, con un plazo de solo 24 horas para su ratificación por parte de los Estados miembros. Ese calendario permitiría tener el listado en vigor a tiempo para la reapertura del 1 de julio, aunque sigue habiendo riesgo de que derrape por las serias discrepancias entre los socios.

La cita del viernes avanzó hacia un criterio epidemiológico común para la admisión de ciudadanos de terceros países, que estaría supeditada a un nivel de contagio similar o inferior a la media registrada en Europa (que oscila en torno a 16 casos nuevos por cada 100.000 habitantes en 14 días). Y estableció un primer listado, que apunta a la apertura de fronteras con una quincena de países (Serbia, Montenegro, Marruecos, Argelia, Túnez, Uruguay, Canadá, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Georgia, Ruanda y, tal vez, China).

Algunas delegaciones, sin embargo, discrepan con esa relación de países y abogan por una aplicación más estricta de los criterios, tanto sobre la evaluación de la capacidad sanitaria de los Estados (en base a las regulaciones de la OMS conocidas como IRH) como sobre la reciprocidad en la apertura.

La aplicación de los baremos de la OMS podría dejar fuera a países como Serbia o Montenegro. Y la reciprocidad a China, que mantiene cerrada sus fronteras a los ciudadanos europeos. Fuentes de la negociación consideran que la lista puede variar y que podría ser incluso más reducida.

La lista, en todo caso, dejará fuera a mercados tan importantes para el turismo europeo como EE UU o Rusia. En 2019, se expidieron más de cuatro millones de visados para permitir la entrada de ciudadanos rusos en la zona Schengen. El cierre mutuo entre la UE y EE UU afecta gravemente al espacio aéreo transatlántico, que supone el 20% de los vuelos extracomunitarios. En 2019 se programaron 200.000 vuelos entre EE UU y la zona Schengen, unos 550 diarios, según datos de IATA, la organización internacional de líneas aéreas. Solo a España llegaron el año pasado más de tres millones de turistas estadounidenses.

La selección de países autorizados ha sido objeto de una durísima negociación entre los 27 socios de la Unión Europea que, en primer lugar, han tenido que pactar los criterios para proceder a la admisión y, a continuación, designar los países que, a su juicio, superan la prueba. El ejercicio, aparentemente técnico, se ha teñido de batalla política porque la comparabilidad y fiabilidad de las estadísticas sobre la evolución de la pandemia está muy lejos de ser perfecta.

La Comisión Europea propuso la apertura gradual de las fronteras exteriores en base a baremos lo más objetivos posibles. Entre ellos, la evolución en el número de nuevas infecciones; las medidas de rastreo y contención de los contagios; o los controles de seguridad y distanciamiento en toda la cadena del transporte aéreo. Pero calibrar esos parámetros con la información procedente de casi 200 países no es una tarea fácil. Y contrastar la calidad de los datos y estadísticas escapa a la capacidad de la UE que, ante las dudas, ha optado por aplicar una gran prudencia a la hora de dar luz verde a la llegada desde países terceros.

El principal objetivo de la UE es evitar que los posibles casos importados provoquen un rebrote en el Viejo Continente, donde la expansión del virus parece limitada. A fecha de 10 de junio, 29 de los 31 países europeos analizados por el Centro Europeo para la Prevención y el control de las enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) presentan una tendencia a la baja en el número de contagios. Solo Polonia y Suecia presentan un deterioro de la situación. Y en 28 de los países europeos la tasa de contagio durante un período de 14 días está por debajo de los 20 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y solo en Suecia se supera el ratio de 100 casos nuevos.

El director ejecutivo de Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Fabrice Leggeri, advertía en una reciente entrevista con EL PAÍS que, a su juicio, será necesario establecer controles sanitarios en la frontera exterior para garantizar la seguridad de toda la UE. “Si no abordamos esto de manera adecuada y colectiva a nivel europeo, veo un riesgo para la sostenibilidad de la zona Schengen”, señalaba Leggeri.

El listado común, según fuentes comunitarias, es una necesidad imperiosa para evitar que cada socio de la zona Schengen abriese sus fronteras a países diferentes. Esa dispersión, según las fuentes consultadas, hubiera puesto en peligro la supervivencia del espacio Schengen. La Comisión Europea ha instado a los socios europeos a retirar desde el 15 de junio los controles fronterizos internos introducidos durante la pandemia. Bruselas temía que una apertura asimétrica de la frontera exterior provocase la reaparición de esos controles internos para frenar la circulación de viajeros procedentes países con un riesgo de contagio elevado.

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