La burocracia estanca las ayudas sociales en medio de la pandemia en Perú

Antes de que empezara la pandemia en Perú, el fiscal de crimen organizado Juan Carrasco era quien investigaba y desbarataba bandas de extorsionadores y sicarios en Lambayeque, al norte del país. En abril, esa región fue gravemente afectada por el colapso de los hospitales, la falta de implementos de bioseguridad y la mayor letalidad de la covid-19 en el país. Ahora Lambayeque suma 636 fallecidos por coronavirus y el fiscal dedica su tiempo a asistir enfermos.

Tras la sugerencia de su esposa y su hijo, Carrasco se propuso hacer una colecta para asistir en el desastre. Se asoció con el sacerdote José Manuel Zamora y, hasta el sábado pasado, habían asistido a unas 2.500 personas. Entregaron equipos de protección personal a 1.600 trabajadores sanitarios y facilitaron medicinas y balones de oxígeno para enfermos con el nuevo coronavirus. En un mes han recolectado 55.000 dólares, cuenta Carrasco en diálogo con EL PAÍS. “Resiste Lambayeque”, como han nombrado la iniciativa, es una de las numerosas propuestas solidarias surgidas en una cuarentena que lleva 87 días y que terminará el 30 de junio.

La cuarentena, ordenada por el Gobierno de Martín Vizcarra para evitar una mayor cantidad de muertes por la pandemia, ha dejado a dos millones de personas sin empleo en el país. Perú es el segundo más afectado en Sudamérica por la covid-19 y el de mayor exceso de muertes en el mundo, en la comparación de mayo con el mismo mes del año pasado. El Estado ha respondido con deficiencia a las demandas de equipamiento en el sistema de salud: en la mayoría de hospitales los trabajadores denuncian desde el inicio de la emergencia sanitaria que la indumentaria recibida no los protege del virus o es insuficiente.

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Los subsidios anunciados por el Gobierno para paliar la falta de dinero en las familias no llegaron a quienes necesitaban, y la corrupción también hizo su parte: en muchas municipalidades que debían entregar canastas de alimentos a los pobres, distribuyeron insumos vencidos o en cantidad muy limitada. “Uno de los médicos que recibió las mascarillas quirúrgicas se emocionó cuando les entregamos. Hemos buscado por todos lados el producto”, cuenta el fiscal Carrasco desde Chiclayo. “Necesitaban con suma urgencia mascarillas quirúrgicas, los lentes, el casco protector para los técnicos, enfermeras, médicos”, señala. “Les daban materiales que no eran adecuados por la falta de calidad, por eso se contagiaban. Hemos comprado los que no filtran, ni se rompen, eso es lo que le ha faltado al Estado”, explica.

El fiscal, cuya rutina disminuyó ligeramente por la cuarentena, sigue trabajando con su equipo de adjuntos y asistentes, quienes también preparan los paquetes que entregan. Cada kit contiene un mameluco, un protector facial, un barbijo y guantes. El precio de cada paquete asciende a 60 dólares. Los han entregado a los tres hospitales de la capital de Lambayeque y a establecimientos de otras provincias. Mientras tanto, el sacerdote Zamora desarrolla en paralelo otra tarea financiada con aportes solidarios: entrega almuerzos en la parroquia San Pedro de Chiclayo y las llamadas “bolsitas de la esperanza”, que contienen alimentos.

“Por una cuarentena sin hambre” fue una de las primeras campañas que hubo al inicio de la pandemia. Comenzó por iniciativa de una abogada que vio a adultos mayores buscando alimento en la basura en Lima. Luego asistieron con fondos para que alumnos de universidades nacionales pudieran pagar un alojamiento y no tuvieran que abandonar sus estudios.

A inicios de mayo, la tragedia se concentró en el departamento de Loreto, al norte del país, donde la pandemia ha dejado 6.506 infectados y 308 muertos, y vive el mayor porcentaje de la población indígena amazónica del país. El 3 de mayo, debido a la falta de tubos de oxígeno y a los cientos de fallecidos, el vicariato apostólico de Iquitos, capital de Loreto, lanzó una colecta para comprar una planta de ese insumo: recaudó más de 200.000 dólares en un día y en un par de semanas instaló el servicio.

Ese mes, un grupo de artistas plásticos y curadores lanzaron “Dibujos por la Amazonía”, una iniciativa con 400 obras donadas por 250 artistas para recaudar aportes para el vicariato de Iquitos, Radio Ucamara —en Nauta, puerto de Iquitos—, y para el consejo shipibo-conibo y xetebo de Pucallpa, la organización indígena más importante de la región de Ucayali. Lograron recolectar cerca de 45.500 dólares. “La campaña estuvo 13 días. Es sorprendente lo que los artistas y la sociedad civil organizada puede lograr con rapidez y creatividad, generando en pocos días herramientas con efectos concretos en la sociedad. Esta capacidad de respuesta contrasta con la lentitud del Ministerio de Cultura que nunca entendió la complejidad y la gravedad de la situación de las comunidades amazónicas, y recién ahora parece despertar, luego de haber colocado a las comunidades en riesgo de un etnocidio, como lo han señalado diversos líderes indígenas”, comenta el curador Miguel López, uno de los gestores.

El vicariato usará los fondos para comprar medicinas e insumos médicos, concentrados de oxígeno y elementos de limpieza. Radio Ucamara comprará 2.000 mascarillas para pescadores y agricultores que a diario llegan a Nauta a vender productos y continuará produciendo spots de prevención en lengua kukama. El consejo shipibo-conibo también comprará implementos de bioseguridad para comunidades de Pucallpa, explica López. En Cantagallo, la comunidad amazónica de shipibos en Lima sufrió la propagación del virus y tres de sus miembros murieron sin atención médica ni medicinas en mayo. Esto desató un escándalo que forzó al Ministerio de Salud a realizar pruebas de diagnóstico. De los 656 habitantes, 476 resultaron positivos, por ello se desplegó un cerco militar. Los residentes de Cantagallo, la mayoría dedicados a las artes y artesanía, sin trabajo y sin alimentos, pidieron apoyo, que terminó de llegar por varias vías.

La campaña “Manda fruta para Cantagallo” fue el esfuerzo de cinco personas que en mayo y junio convocaron a sus contactos en Facebook para juntar dinero. Hicieron una primera entrega en mayo y otra en junio, en total 1.075 kilos de aguacate, cítricos y granadilla. “En mayo aportaron 41 personas, y en junio, 20. Tratamos de gestionar que el traslado fuera cubierto por alguna institución, pero era incierto, así que decidimos pagarlo de la recaudación misma. Otra dificultad fue que los choferes no querían ir a Cantagallo por lidiar con la policía, los permisos”, cuenta a este diario una de las organizadoras, que prefiere no dar su nombre.

Las necesidades no se reducen a la salud. El Ministerio de Educación empezó el año escolar en abril vía remota, con contenidos difundidos por internet, radio y televisión, pero cientos de centros poblados rurales en los Andes y la Amazonía no tienen conexión o carecen de electricidad o de dispositivos tecnológicos. En respuesta, la Asociación Distrital de Jóvenes de Vinchos, en Ayacucho, organizó la campaña “Dona tu televisor”. Cristian Moisés dice que en una semana han recibido 15 aparatos, pero 1.000 familias necesitan radio o televisión para que los escolares puedan seguir las clases. “Las donaciones pueden llegar por encomienda a mi nombre a la ciudad de Huamanga. En Vinchos son 11.000 familias y el 95% vive en pobreza o pobreza extrema, y son 3.500 escolares”, agrega el dirigente.

Desde el extranjero

Monica Romero, una veterinaria peruana residente en Alemania se condolió cuando empezó a ver las noticias de los médicos que querían seguir trabajando y protestaban por falta de mascarillas adecuadas. Se unió a una organización civil llamada Bunte Brise y a fin de mayo reunieron dinero suficiente para entregar 250 tapabocas N95 al hospital Sergio Bernales, uno de los más demandados en Lima Norte. Sus manos en la capital peruana fueron los profesionales de la Asociación de Médicos Veterinarios Voluntarios en Desastres. Ahora han abierto una cuenta en la plataforma Gofundme para seguir con la colecta y enviar equipos de protección de bioseguridad para establecimientos de salud de Loreto. Según los datos del Ministerio de Salud, el Estado ha recibido entre marzo y mediados de mayo 1.288 donativos en equipamiento y bienes, por unos 14 millones de dólares. De estos, unos 800.000 dólares proceden del extranjero.

El médico David Jumpa, encargado de donaciones de dicho ministerio, destacó que estudiantes y egresados de ingeniería que tienen en sus casas impresoras 3D han entregado hasta la fecha 12.000 protectores faciales que han elaborado como voluntarios, con aportes solidarios. “Hasta ahora hemos recibido medio centenar de aportes de organizaciones y empresas”, precisó.

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