El ladrillo se impone al medio ambiente en plena pandemia para combatir la crisis económica

Relanzar la actividad económica hundida por la crisis del coronavirus con la agilización de los trámites urbanísticos, resume las explicaciones ofrecidas por los dirigentes políticos de varias comunidades autónomas que han modificado leyes con contenido medioambiental. Lo hacen por la vía rápida, por decreto ley, y el que paga es el medio ambiente, denuncian las principales asociaciones ecologistas. Los plazos se acortan, se da mayor poder a los Ayuntamientos o se reducen los estudios de impacto ambiental, entre otras medidas. Andalucía y Murcia ya han aprobado cambios, mientras que Galicia ha agilizado la tramitación de un millar de proyectos, algunos rodeados de polémica por su impacto ambiental. Otros Gobiernos regionales como los de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, las Islas Canarias o las Baleares han anunciado su intención de modificar normativa para simplificar trámites urbanísticos.

“Estamos viendo que la nueva normalidad es la vieja, porque se repiten los argumentos de anteriores crisis que sitúan la normativa urbanística por encima de la ambiental. Se busca en el ladrillo la salida”, plantea Pilar Marcos, responsable de biodiversidad de Greenpeace. La ONG apoya su denuncia en iniciativas como la del Gobierno murciano, que el 7 de mayo aprobó un decreto que modifica la ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. O en los cambios introducidos, también por decreto, el 9 de abril por el Gobierno andaluz en 21 leyes, nueve de ellas referidas a urbanismo y medio ambiente. Ignacio Sotelo, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense, asegura que “lo verdaderamente preocupante” en estos casos no es que se pueda promover “una destrucción ambiental inaceptable, que también, sino que a través del cumplimiento de una norma cuyo propósito es proteger el medio ambiente, dicho fin no se consiga".

La oposición y sindicatos en el caso murciano ponen el foco en que se permita que una industria o proyecto sujeto a evaluación ambiental amplíe las emisiones, vertidos o utilización de los recursos naturales un 30% —el doble del 15% autorizado hasta ahora— sin someterse otra vez a ese trámite. Y Pedro Luengo, presidente de Ecologistas en Acción, se pregunta cómo una norma para paliar los efectos de la covid-19 reduce los controles sobre la contaminación cuando esta agrava los problemas respiratorios. Se hace para eliminar cargas burocráticas y converger con la normativa nacional, explicó el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en rueda de prensa. Sotelo advierte de que agilizar proyectos sin la evaluación de impacto puede "llegar a afectar negativamente al medio ambiente”.

Otro de los puntos de desencuentro en Murcia es la posibilidad de que los Ayuntamientos aprueben evaluaciones ambientales de sus planes parciales y especiales, que antes se reservaba a los de más de 50.000 habitantes (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina del Segura). Las entidades locales ya habían ganado competencias con otro decreto de 28 de abril para “mitigar los efectos de la covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras”. El socialista Alfonso Martínez Baños considera que es ahí donde se introdujeron los “mayores disparates”, porque se permite modificar los planes generales de urbanismo sin pasar por la comunidad autónoma, con el tope del 10% que tuvieran permitido previamente. Desde Podemos, María Marín, su portavoz en Murcia, recuerda que “la nefasta planificación no solo afecta a los núcleos urbanos, sino que ha llevado a la completa degradación del Mar Menor”.

La liberalización en Andalucía

Murcia se sitúa en la senda del Gobierno andaluz —donde también gobierna una coalición entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox—, que convalidó el 9 de marzo el decreto de “mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía “. Las principales asociaciones ecologistas han advertido sobre sus efectos. Entre los más dañinos están la ampliación de las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico algo que favorece la aprobación de urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses o grandes establecimientos turísticos o industriales. “También se da vía libre a la implantación de minas y canteras con un mero informe”, añade Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, que recuerda el episodio negro de la mina de Aznalcollar (Huelva).

Tras la contundente contestación a estas medidas de 80 asociaciones y del Gobierno central, que recurrió al Tribunal Constitucional la parte sobre audiovisual y patrimonio histórico, la Junta accedió a tramitar las reformas en el Parlamento. Pero, si hay modificaciones serán muy leves, adelantó a EL PAÍS la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. De hecho, el decreto ley ya se ha empezado a desarrollar. El 22 de abril se comunicó a los Ayuntamientos que podían aplicar la tramitación de urgencia para aprobar los instrumentos urbanísticos. Lo que implica, por ejemplo, que el plazo para verificar que se cumplen las normas sectoriales pasa de tres meses a uno. “Se genera una vía alternativa para no tener que volver a tramitar todos los planes generales de urbanismo que están suspendidos judicialmente”, abunda Clavero. A todo ello, se sumó este martes la aprobación de un decreto ley sobre la desescalada en las playas que ha modificado la Ley de Ordenación Urbanística para favorecer el establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en suelos de especial protección.

Y mientras, en Galicia, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) reactivó la semana pasada un millar de expedientes de vertederos, parques eólicos o líneas de alta tensión. Ha defendido que son iniciativas “indispensables” para el “interés público” con el fin de esquivar las restricciones de actividad decretadas por el Gobierno central y su “gran repercusión económica”. Los ecologistas denuncian “indefensión” y acusan a la Xunta de aprovechar la crisis del coronavirus para “dificultar la participación de la ciudadanía en los procedimientos para beneficio y lucro de empresas privadas”.

En este contexto, Ignacio Sotelo recuerda que las leyes se deben someter a la Constitución y eso garantizaría que “no se llegara a anteponer los principios económicos a los valores sociales, entre los que podríamos añadir el medio ambiente y los entornos naturales”.

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