El Gobierno recurre el decreto andaluz que cambia 21 leyes de una tacada y pide su suspensión inmediata

El Gobierno va a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de la Junta de Andalucía que modificó 21 leyes y seis decretos de ámbito autonómico relativos a la ordenación de la actividad económica. La luz verde para acudir al Tribunal Constitucional fue aprobada este lunes en la comisión de subsecretarios, una vez recibido el dictamen que había solicitado al Consejo de Estado, todo ello con vistas a formalizar hoy la impugnación tras el Consejo de Ministros. El dictamen del Consejo de Estado fue favorable a recurrir dos artículos clave de la nueva normativa, ambos relacionados con el sector audiovisual, por entender que la Junta no podía cambiarlos por la vía de un decreto-ley, que fue el procedimiento empleado.

En estos momentos, lo más importante del recurso es que va a suponer la suspensión de las modificaciones realizadas por la Junta andaluza. La petición de suspensión se incluirá en la impugnación, y el Constitucional viene obligado a acordarla de forma automática cuando el Gobierno lo solicita, de acuerdo con lo previsto por la propia Constitución. La relevancia de este dato reside en que en la actualidad están suspendidos los plazos procesales, de modo que al Gobierno no se le acababa el periodo útil para presentar el recurso. Formalizarlo ahora significa, en cambio, lograr de forma inmediata el objetivo de la suspensión de la iniciativa de la Junta de Andalucía.

Otro dato relevante es que la admisión de este recurso se aprobará en el pleno telemático que el Constitucional va a llevar a cabo el próximo día 6 de mayo. Este pleno se ha acordado en buena media para admitir a trámite los recursos de amparo de los condenados por el procés. Pero en medios cercanos al propio tribunal se estima que la fijación de la fecha para esta sesión plenaria también tuvo en cuenta la inminencia de la impugnación del Gobierno contra la iniciativa del Ejecutivo andaluz. Se trata, en suma, de que el Constitucional pueda contar con una agenda del pleno que no se reduzca a los recursos de los presos del procés, y permita abordar otras cuestiones importantes, sin entrar en el debate de sentencias, cosa que no se considera indicada para sesiones no presenciales.

El PSOE andaluz recurrirá en el Senado

Paralelamente, el PSOE de Andalucía ha anunciado la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional que interpondrán 50 senadores cuando se habilite el calendario en el Senado. Los socialistas andaluces aprecian dos motivos de inconstitucionalidad: por un lado, el decreto-ley no se ajusta a un caso de extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación como establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía. También creen que se vulnera el derecho de participación política al haberse convalidado en la Diputación Permanente del Parlamento, un órgano que sólo opera durante las vacaciones parlamentarias y tras la disolución de la Cámara, informa Lourdes Lucio.

El portavoz adjunto del grupo socialista, Manuel Jiménez Barrios, ha apremiado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a que retire el decreto que, según él, lo que persigue es hacer “tabla rasa” y hacer una “contrarreforma” a la anterior gestión del PSOE. El pasado domingo, Moreno se mostró dispuesto a negociar con el Gobierno central algunos contenidos del decreto-ley, para evitar su impugnación.

El decreto ley de la Junta andaluza fue aprobado el pasado 2 de abril y el Gobierno estimó desde el primer momento que debía recurrirlo al entender que implicaba una doble invasión de competencias del Estado, en el terreno del sector audiovisual y en el del patrimonio histórico. En el propio Parlamento andaluz, tanto el PSOE como Adelante Andalucía se pronunciaron a favor de presentar impugnaciones, en este último caso por la vía del recurso de amparo, al considerar que se estaban vulnerando los derechos de participación política de sus diputados, a raíz de que la norma fuera aprobada por la Diputación Permanente de la Cámara, que a su entender no tiene competencias para ello.

La modificación en el ámbito audiovisual permitiría que empresas privadas puedan gestionar emisoras de televisión y radio municipales, y también daría paso a que pudiera haber publicidad institucional en emisoras piratas. En cuanto al patrimonio histórico, se cambiaban los procedimientos para autorizar actuaciones en el entorno de bienes de interés cultural. La Junta andaluza justificó las modificaciones por el deseo de eliminar trabas administrativas.

La presentación del recurso ante el Constitucional no cierra el camino para la posible negociación entre el Gobierno y la Junta andaluza. De hecho, existe la voluntad de intentar el acuerdo, y la consecuencia de que se alcanzara sería la retirada de la impugnación.