El Gobierno quiere recurrir el decreto andaluz que cambió 27 leyes de una tacada

El Gobierno central quiere recurrir el decreto-ley de la Junta de Andalucía que de una tacada modifica 21 leyes y seis decretos autonómicos que regulan la actividad económica. Para la oposición y los sindicatos, el decreto elimina controles administrativos, mientras que para el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos limpia de trabas burocráticas la marcha de la economía.

El Consejo de Ministros pedirá este martes un informe preceptivo al Consejo de Estado antes de interponer un recurso al Tribunal Constitucional, adelantó la cadena SER. Según fuentes de La Moncloa, el Gobierno aprecia invasión de competencias estatales en dos materias: patrimonio histórico y sector audiovisual.

El decreto-ley fue convalidado por el Parlamento andaluz el pasado 2 de abril, en una sesión marcada por la polémica tanto por la forma como por el contenido de la norma. Los dos grupos de la oposición anunciaron sendos recursos al Tribunal Constitucional. Adelante Andalucía planteará uno de amparo por entender que la Diputación Permanente de la Cámara no tiene competencias para aprobarlo y considera que se vulnera el artículo 23 de la Constitución que regula los derechos de participación de los diputados. El PSOE, por su parte, también anunció un recurso al alto tribunal al opinar que no está justificado en algunos casos las razones de urgencia que exige la aprobación de un decreto-ley.

El texto elaborado por el Gobierno andaluz introduce cambios en la ley del Audiovisual de Andalucía y permitirá que empresas privadas puedan gestionar las emisoras de televisión y radio de los Ayuntamientos. También elimina la prohibición de emitir publicidad institucional en emisoras piratas, lo que supone su legalización. Esta decisión ha sido denunciada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y por asociaciones de la prensa, organizaciones sociales, facultades de comunicación y sindicatos.

En materia de patrimonio histórico, según el decreto, se acomete la revisión de los procedimientos de autorización administrativa en relación con determinadas actuaciones sobre inmuebles que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en el entorno de los bienes de interés cultural así como en determinadas tipologías de estos bienes, al objeto de eliminar la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, siempre que estas actuaciones impliquen una intervención mínima.

El decreto-ley de simplificación administrativa elimina o simplifica hasta un centenar de trámites administrativos con el objetivo de reducir plazos para emprender una actividad. En muchos casos se opta por la declaración responsable para eludir la autorización previa de las administraciones que ejercerán su control a posteriori. Esta modificación legal es la mayor apuesta política del Gobierno andaluz que preside el popular Juan Manuel Moreno en lo que va de legislatura.

El Gobierno andaluz reaccionó con prudencia ante el inicio de la tramitación del recurso, que conoció por los medios de comunicación. “No podemos valorar algo de lo que no tenemos conocimiento. El Gobierno de España debería hablar más con el Gobierno andaluz. El Gobierno tendrá que hacer lo que considere oportuno y nosotros seguiremos con las medidas que eliminan trabas burocráticas”, afirmó el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.