La crisis del coronavirus

Madrid, Andalucía, Castilla y León y País Vasco no aplicarán el acuerdo del Gobierno para el final de curso

Las comunidades del PP no aceptan que alumnos con suspensos puedan pasar de curso u obtener un título. Euskadi quiere elaborar su propio plan; Murcia dice que acatará lo que aprueba el ministerio

Aula vacía de un colegio, el pasado miércoles en Sevilla. En vídeo, Ignacio Aguado asegura que en Madrid los estudiantes no pasarán de curso con suspensos.(Foto: PACO PUENTES | Vídeo: Atlas)

Cuatro comunidades, que suman 2,7 millones de alumnos (entre primaria, secundaria, bachillerato y FP), han anunciado este jueves que no aplicarán el acuerdo consensuado la víspera por el Gobierno y las autonomías para la finalización del curso. Se trata de Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco. Murcia ha dicho que no suscribirá el documento, pero que sí acatará la decisión del Ministerio de Educación, que va a continuar adelante con el plan de que todos los estudiantes —salvo casos muy excepcionales— pasen de curso. Cataluña ha evitado pronunciarse sobre qué hará.

La reunión de la conferencia sectorial del miércoles se cerró con la impresión general de que se había alcanzado un grado de consenso muy amplio. Este jueves, sin embargo, Madrid, Castilla y León y Andalucía, gobernadas por el PP, han dicho que no lo aplicarán porque quieren que el Gobierno fije un número máximo de asignaturas suspendidas a partir del cual los alumnos no puedan pasar de curso o titularse. El texto redactado por el ministerio contempla que, como norma, todos los alumnos puedan promocionar y obtener los títulos independientemente de cuántas asignaturas suspendan, reservando la repetición para casos muy excepcionales que deben ser decididos por los equipos docentes de cada estudiante, formados por entre 10 y 15 profesores.

El Gobierno vasco ha calificado el documento de “positivo”, pero ha dicho que no va a firmarlo porque está elaborando su propio plan de finalización de curso. Murcia tampoco lo suscribirá, pero a preguntas de este periódico su consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha asegurado que, aunque no le gusta que el texto no establezca con cuántas materias suspendidas se debe repetir, su Ejecutivo acatará lo que finalmente resuelva el ministerio en la orden que está elaborando.

La falta de acuerdo dará lugar a una gran desigualdad que afectará no solo a la repetición de curso, sino a la posibilidad de presentarse a Selectividad y acceder a la universidad. Madrid ha anunciado que, en materia de repetición, se ceñirá a lo que estipula la Lomce, que establece que los alumnos de primero de bachillerato solo pueden pasar a segundo curso con un máximo de dos suspensos. Los de segundo de bachillerato solo pueden obtener el título y presentarse a la Selectividad si han aprobado todo el curso. Los de ESO solo pueden pasar de curso con un máximo de dos asignaturas suspensas (excepcionalmente tres, si no se incluyen Lengua y Matemáticas). En primaria, la decisión es de los tutores. Castilla y León, Andalucía y Euskadi no han decidido, de momento, qué harán respecto de las repeticiones.

Según cuatro fuentes presentes en la conferencia sectorial celebrada el miércoles, en la que participaron la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los responsables educativos autonómicos, la reunión acabó con la sensación de que todas, salvo quizá Euskadi, que reivindicó su autonomía a la hora de planear el desenlace del curso, aceptaban las conclusiones recogidas en el documento del ministerio. Madrid y Murcia, y con menos energía Galicia, plantearon que el ministerio debía fijar un máximo de asignaturas suspendidas que condujeran a la repetición. La respuesta de Celaá y de otras comunidades autónomas fue que era mejor dejar la decisión en manos de los equipos docentes. La discusión no fue a más y la impresión general fue que, en el dramático contexto creado por la epidemia del coronavirus, en el que 8,2 millones de alumnos llevan más de un mes encerrados en sus casas, muchos de ellos con dificultades de acceso a la docencia online y sin una previsión optimista sobre el regreso a las aulas antes de que acabe el curso, las administraciones educativas, al margen de su signo político, habían alcanzado un acuerdo para facilitar a los estudiantes el final del curso.

La situación cambió, sin embargo, este jueves, cuando primero Madrid y Murcia en un tono beligerante, y después Andalucía y Castilla y León en otro más moderado, afirmaron que no suscribirían el acuerdo. Galicia, que también está gobernada por el PP, ha dicho, en cambio, que pese a no gustarle la solución elegida por el ministerio respecto a la promoción y la titulación, la aceptaría por “responsabilidad institucional”. Cataluña, que el miércoles mostró su sintonía con las medidas acordadas, no ha suscrito este jueves el documento, aunque tampoco lo ha rechazado, y ha señalado que está ultimando su propio decreto.

El hecho de que estas comunidades se hayan desmarcado del documento no quiere decir que el Ministerio de Educación no vaya a aprobar la orden ministerial con los puntos tratados en la reunión, apoyados por la mayoría de autonomías. Esta decisión implica que “la orden solo se aplicará en aquellas comunidades que suscriban el documento”, según fuentes del ministerio. Las que, por el contrario no lo hagan, se ceñirán a lo que establece la actual ley educativa (Lomce). Para aprobar una orden ministerial, hace falta obtener una mayoría de síes, y para las autonomías firmantes se convierte en un documento vinculante. “La reacción negativa de este jueves ha sido una sorpresa”, señalan las mismas fuentes ministeriales.

¿Qué ha pasado para que el tranquilo acuerdo del miércoles haya dado lugar a una nueva división política el jueves? En las comunidades socialistas creen que la reacción de las autonomías del PP no ha sido espontánea, sino una reacción a la imagen de éxito en la búsqueda de un consenso lograda por la ministra. Así se explica, señalan, que el desmarque público tardara en materializarse casi un día. Fuentes del Gobierno vasco creen que el detonante ha sido la decisión del ministerio de remitir a todas las comunidades el documento para que lo suscribieran: podría haberse quedado con el asentimiento que se produjo en la reunión, haber aprobado la misma orden que tiene prevista y, opinan, habría habido menos ruido. La consejera de Murcia, Esperanza Moreno, admite, por su parte, que durante la reunión felicitó y dio “la enhorabuena” a la ministra Celaá por el contenido del documento planteado, con el que en general su comunidad está de acuerdo, porque además recoge varias de sus propuestas. Pero que ya entonces advirtió, como Madrid, que el ministerio debía ejercer sus competencias y fijar el número máximo de suspensos para “dar herramientas al profesorado” a la hora de decidir qué hacer con los alumnos.

Puerta abierta

Las comunidades que están en el acuerdo creen que alguna de las que ahora se han manifestado en contra acabarán aceptando la orden ante la perspectiva de tener que suspender a muchos alumnos que, de haber estado en otros territorios, podrían haber pasado de curso o hecho la Selectividad. El tono mostrado tanto por Andalucía como por Castilla y León fue, de hecho, moderado, y sus declaraciones se dirigieron sobre todo a pedir al Gobierno que modifique la cuestión del límite de suspensos para sumarse a un acuerdo que, por lo demás, comparten.

Una portavoz del ministerio ha recordado este jueves que las autonomías “que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran”. Es decir, que la puerta permanecerá abierta. El escenario actual supone, en todo caso, “una gran injusticia” para Leticia Cardenal, presidenta de la confederación de madres y padres Ceapa. Cardenal considera que el Gobierno debería aprovechar el estado de alarma para obligar a todos los territorios a cumplir el plan acordado en la conferencia sectorial.

El ministerio podría haber regulado el fin del curso mediante un decreto ley (en lo que respecta a la promoción general), que sí habría sido de obligado cumplimiento para todas las comunidades. Así lo plantearon, de hecho, algunas voces en la reunión entre comunidades y ministerio de la semana pasada para preparar la conferencia sectorial. El problema es que ese decreto, estuviera o no dentro del estado de alarma, debería ser ratificado después por el Congreso, donde el Gobierno está lejos de tener mayoría. Y la oposición mostrada este jueves por el PP y el Gobierno vasco a la propuesta hacen pensar que la votación hubiera sido muy complicada.

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