Buenos Aires concede arresto domiciliario a 800 presos por la pandemia

La justicia de la provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada de Argentina, ha ordenado el arresto domiciliario de 800 presos para facilitar el control del coronavirus en las cárceles. El beneficio alcanzará a los detenidos con “riesgo sanitario”: mayores de 60 años, embarazadas o mujeres confinadas junto a sus hijos menores. La condición es que además hayan cometido solo delitos menores no violentos. La medida se limita a la provincia, pero la Procuración Penitenciaria de la Nación, que protege los derechos de los presos, ha pedido que el arresto domiciliario alcance también a los detenidos por delitos federales. Una medida semejante sumaría a la lista a otros 2.000 reclusos, hoy repartidos en prisiones de todo el país.

El fallo, redactado por el Tribunal de Casación de Buenos Aires, respondió a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores de los 17 distritos judiciales de la provincia ante “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”. El sistema penitenciario provincial tiene capacidad para 24.000 reclusos y aloja a casi 52.000.

Aún no se han registrado casos de coronavirus en cárceles argentinas, pero hay consenso sobre las dificultades que supondrá atender infectados que viven hacinados y sin condiciones de higiene. Las prisiones ya habían tomado algunos recaudos contra la pandemia, como la suspensión de las visitas familiares. Pero eso solo retardará la llegada del virus. Una vez dentro de los muros, el Covid-19 puede hacer un desastre.

Durante las últimas semanas, cinco presos murieron durante motines para exigir excarcelaciones y medidas de prevención contra el coronavirus. Los internos denuncian que la atención médica que reciben es mala, que están hacinados y que no tienen elementos de higiene para prevenir el contagio. Advierten además que pasan hambre, porque ya no cuentan con los alimentos que les hacían llegar sus familias. La Justicia de Buenos Aires decidió, al menos, atacar en su distrito la superpoblación con “medidas alternativas a la prisión, dando prioridad a las personas en situación de riesgo".

El procurador adjunto de la Nación, Ariel Cejas, sostiene que no alcanza solo con Buenos Aires. “Es necesario extender el beneficio del arresto domiciliario también a las cárceles federales”, donde el hacinamiento supera el 20%, dice. El Servicio Penitenciario Federal tiene identificados 1.200 presos considerados de “riesgo sanitario”. La Procuración pidió a la Cámara de Casación que sume también a los detenidos con condenas menores a tres años, que estén cerca de cumplir una condena por delitos menores o que se encuentren a la puerta de un régimen de libertad asistida.

“Si se cumple la lista elaborada por el Servicio Penitenciario y sumamos lo que pide la Procuración, llegaremos a más de 2.000 personas en arresto domiciliario. Ese número haría más razonable el manejo de la crisis del coronavirus”, dentro de las cárceles, dice Ariel Cejas. En todos los casos, aclara el procurador, el beneficio alcanzará a personas condenadas por delitos no violentos.

La población carcelaria federal creció más de 40% durante los últimos cinco años, según datos de la Procuración. El motivo principal fue la suspensión de la libertad condicional para cualquier tipo de delito, sin importar su gravedad. Los jueces de instrucción redujeron además al mínimo la prisión domiciliaria. “No comprenden la gravedad de lo que estamos viviendo, porque un contagio en la cárcel es mucho más grave. Hay planes de contingencia, con lugares de aislamiento, pero con 20 o 30 lugares no alcanza. Para tener más espacio tendrías que despejar todo un pabellón y ¿qué hacés con la gente que estaba ahí adentro?”, se pregunta Cejas. La salida de 2.000 presos será, al menos, un paliativo.

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