Violencia policial en Argentina: "Cualquier delito, incluso el asesinato, será legal durante 12 horas”

“Esto no es una prueba. Este es un sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual sancionada por el Gobierno. Se autoriza el uso de armas de clase 4 o inferiores durante la depuración”. El mensaje, difundido a través de los megáfonos de un patrullero policial, aterrorizó el domingo a los vecinos confinados en sus casas en Isidro Casanova, una localidad a las afueras de Buenos Aires. “Al sonar la sirena todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, bomberos y médicos de emergencias no estarán disponibles hasta mañana a las 7AM, al concluir la depuración”, continuó la voz emitida desde un vehículo de Gendarmería (policía militar) que debía vigilar que nadie violase la cuarentena decretada en Argentina para evitar la propagación del coronavirus.

El audio no era el mensaje con recomendaciones consensuado por el Ministerio de Seguridad argentino para difundir desde los patrulleros sino un fragmento de la película La Purga, en la que los crímenes están legalizados una vez al año durante medio día. Pero revivió el miedo de muchos quienes lo escucharon hacia unas fuerzas policiales que en Argentina tienen fama de corruptas y represivas. La grabación realizada por una vecina se viralizó y llegó a manos de las autoridades de Seguridad, que ordenó la apertura de una investigación y el desplazamiento de cuatro gendarmes.

“El mensaje hacia las fuerzas es este: no se va a tolerar. Igual que no se va tolerar que una persona esté paseando con su auto, favoreciendo la transmisión del virus, tampoco se van a tolerar estas situaciones de violencia institucional”, responden desde la cartera dirigida por Sabina Frederic. La ministra se reunirá el próximo miércoles con sus pares provinciales para transmitir ese mensaje, ya que la mayoría de denuncias están vinculadas a las fuerzas de cada región.

Según datos de la Coordinadora contra la represión policial (Correpi), más de 40.000 personas han sido detenidas por violar el aislamiento social. En la mayoría de casos la persona que infringe la ley es notificada y enviada de vuelta a domicilio. Los juzgados, hoy con servicios mínimos, tramitarán todas las causas abiertas una vez que se levante la cuarentena. Sin embargo, los numerosos controles en la calle han provocado que se disparen los casos de violencia institucional. Las víctimas, salvo escasas excepciones, viven en barriadas pobres.

“Esta situación de excepción multiplica la forma en la que habitualmente se descarga la política represiva sobre los sectores más vulnerados. Ni los policías ni los gendarmes se comportan igual ante una presunta infracción de la cuarentena si se trata de un hombre o una mujer bien vestidos en Recoleta [barrio acomodado de Buenos Aires] que si es un pibe [chico] con gorrita o una doña con chancletas en una villa”, denuncia María del Carmen Verdú, fundadora de Correpi.

“En las villas y asentamientos, el 90% de la vida cotidiana transcurre en la calle porque muchos están en casillas donde sólo entran todos los que viven ahí cuando están acostados. Ahí hemos recibido muchas denuncias de detenciones, pero no veo que en mi barrio detengan al que sale a correr”, continúa Verdú sobre la doble vara usada por las fuerzas policiales.

“Más allá de lo que pasó en dictadura, vos pensá que mi mamá a mi hermano y a mí si pasaba algo nos decía a qué vecinos y familiares acudir. Porque no podíamos jamás ir a la policía. No por estar en algo raro sino porque imponen miedo. Un término acuñado en los 90 para la bonaerense sobre todo es el de maldita policía por su impunidad”, cuenta un vecino de 46 años de Isidro Casanova, que prefiere guardar el anonimato.

En otro vídeo se ve a policías bonaerenses que obligan a caminar de cuclillas por la calle a jóvenes mientras los amedrentan con un perro. En un tercero, se ven gendarmes humillando a un grupo que encuentra en una villa miseria de la capital argentina forzándolo a realizar flexiones, dar saltos y cantar el himno nacional. En un cuarto, niños y adultos corren por una calle de tierra perseguidos por uniformados que los apuntan con armas en la periferia de San Miguel de Tucumán (noroeste de Argentina). En un quinto, a un policía que dispara a un grupo de adolescentes en Corrientes (noreste).

El Gobierno ha habilitado la línea 134 para denunciar violencia institucional y organismos de derechos humanos instan también a hacerlo a través de sus redes sociales. “Que la violencia no sea pandemia”, pide la Comisión Provincial de la Memoria. “Ninguna situación de emergencia sanitaria avala el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad”, advierte la titular de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, quien este viernes realizó una transmisión en vivo sobre la situación de los derechos humanos en estas semanas de aislamiento social.

Las fuerzas de seguridad se han visto salpicadas también por casos de corrupción a raíz de la emergencia sanitaria. En Tucumán, tres comisarias han sido denunciadas por exigir el pago de hasta 15.000 pesos (230 dólares) a detenidos que habían violado la cuarentena a cambio de recuperar la libertad.

“Este es un país en el que hubo dictadura. Las fuerzas de seguridad han evolucionado muchísimo, pero se mantiene una tendencia al uso de la fuerza desmedida y son necesarias directivas claras de lo que la policía puede y no puede hacer”, subraya Belski. Según el Ministerio de Seguridad, existe un protocolo para las fuerzas de seguridad sobre cómo informar a la ciudadanía y cómo actuar en caso de que infrinja la cuarentena. El problema es que a menudo no se aplica.

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