La rebelión de las familias contra las evaluaciones de sus hijos durante el coronavirus
Acusan al Consejo Escolar del Estado de “dar la espalda” a los alumnos vulnerables y piden soluciones para llevar Internet y dispositivos a sus casas
“Es intolerable que se dé más importancia a criterios estrictamente académicos que al bienestar de los menores”. Esta es la opinión de decenas de familias sobre las propuestas que el pasado martes presentó el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo en materia de educación del Gobierno, para hacer frente a la crisis escolar generada por el coronavirus. El organismo, cuyos informes no son de obligado cumplimiento para el Ministerio de Educación, propuso que los 8,2 millones de estudiantes afectados por el cierre de las aulas avancen en el temario desde casa y que esos contenidos sean evaluados. En el caso de las familias sin acceso a Internet, propusieron que los docentes hagan seguimientos personalizados para valorar las tareas.
El miércoles, mientras expertos independientes en educación incendiaban las redes sociales con críticas a una postura “poco solidaria” con los alumnos más vulnerables, las autonomías se reunieron con el ministerio para acercar posturas sobre qué medidas adoptar y sus principales propuestas se alinearon con las del Consejo: frenar el avance del temario, flexibilizar las evaluaciones y hacer excepciones con los alumnos desconectados, pero continuar con el curso académico pese a la pandemia. España queda así lejos de otros países como Italia, que está ultimando un decreto ley para que todos los alumnos aprueben el curso (sin importar las notas obtenidas en los últimos exámenes), lo que supone un aprobado general para todos; sin excepción.
Las comunidades —que tienen transferidas las competencias educativas— creen, sin embargo, que anunciar ahora un aprobado general provocaría la deserción de buena parte del alumnado y una pérdida global de aprendizaje todavía mayor de la que ya va a provocar el cierre escolar. Y ello, además, cuando tampoco está claro que el próximo curso vaya a poder desarrollarse con normalidad.
“¿Qué va a pasar con el alumnado que no puede acceder a la educación a distancia?”, lanzaba el miércoles Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación española de padres y madres de alumnos de la escuela pública (Ceapa). Acusan al Consejo de haber “dado la espalda” al alumnado afectado por la brecha digital —el 10% de los estudiantes no tienen Internet en sus hogares—, y de no haber puesto sobre la mesa ideas para solucionar esa situación.
Ceapa, que cuenta con representación dentro del Consejo Escolar del Estado (junto a sindicatos de profesores y asociaciones de alumnos, entre otros), presentó varias enmiendas para que los estudiantes no avancen en el temario durante el confinamiento y para que el trabajo telemático no sea evaluable. Medidas que fueron rechazadas por la mayoría del Consejo. A juicio de las familias resulta “contradictorio” que el organismo aprobase que “ningún alumno salga perjudicado por la pandemia” y a la vez diesen luz verde a la evaluación de contenidos.
“Falla el tono, el discurso y el tipo de propuestas”, lamenta Fernando Trujillo, profesor de Educación de la Universidad de Granada, sobre el informe del Consejo. “Solo hay que fijarse en el primer párrafo del documento: aparecen las palabras tarea, aprovechamiento, eficacia, pero no bienestar ni desarrollo integral de los alumnos... es una visión muy industrial de la educación”, expone. Como otros docentes, Trujillo cree que el Consejo se ha mostrado “impasible” con la grave situación de emergencia sanitaria que vive el país. “En el documento se dice claramente que si las aulas no vuelven a abrir, los centros tendrán que seguir adelante con sus programas, no contemplan ninguna medida excepcional cuando nos encontramos en medio de la mayor crisis de la historia de la democracia”, lamenta. “¿Qué pasa con los problemas económicos que están afrontando los padres de los alumnos, con la pérdida de familiares a los que no pueden decir adiós? No hay ni una sola referencia a la parte emocional”, añade.
La estadística de cuántos alumnos han quedado desconectados del sistema educativo es incompleta. Las comunidades están tratando ahora de elaborar censos. Y existen grandes diferencias vinculadas a la clase social. “Yo doy este año segundo de Bachillerato, el curso complicado, y en el tiempo que llevamos confinados, no sé nada del 20% de mi alumnado. Son una docena de estudiantes de los que no he recibido ninguna respuesta ni por WhatsApp ni por correo electrónico”, comenta Duarte Correa, profesor de Historia en un instituto de Cambados (Pontevedra).
La mayoría de autonomías, que deben ejecutar el desenlace del curso, son partidarias de impartir solo los nuevos contenidos que los profesores consideren imprescindibles, y dedicar el tiempo a consolidar los contenidos vistos durante los dos trimestres anteriores, según trasladaron el miércoles varias de ellas al número dos del Ministerio de Educación, Alejandro Tiana, en la reunión que mantuvieron por videoconferencia para preparar la conferencia sectorial de la semana que viene, en la que deberían resolverse las grandes cuestiones del curso.
El ajuste de la evaluación y de los contenidos, creen los representantes autonómicos, es “imprescindible” en un escenario de cierre de los centros (que no está claro que vayan a poder reabrir antes de las vacaciones de verano) y a las condiciones de la docencia telemática, en algunos casos extremadamente adversas por la falta de equipamiento en el hogar. Cada comunidad enviará sus propuestas al ministerio a lo largo de la semana. Ninguna autonomía ha abogado, de momento, por la vía del aprobado general, porque creen que ello conduciría a una gran relajación de la tensión educativa en estos últimos meses, en los que ya va a ser difícil mantenerla en un escenario sin clases presenciales.
Preocupación por la pérdida de la tensión educativa
Lo que transmiten los responsables educativos es que resulta imprescindible cerrar el curso con una manga muy ancha, pero que adelantar ese mensaje puede ser contraproducente porque puede estimular la total relajación de buena parte del alumnado y la pérdida de estímulo de un sector de los profesores, forzados a trabajar en condiciones muy difíciles. Por eso, desde Madrid a Cataluña, pasando por las comunidades gobernadas por los socialistas, se apuesta, al menos de momento, por mantener el horizonte de evaluación.
Las formas de facilitarla todavía deben concretarse. Fuentes autonómicas adelantaban el miércoles que la evaluación quedará en todo caso en manos del equipo de profesores de cada alumno y deberá contemplar sobre todo aquello que los estudiantes desarrollaron en los primeros dos tercios del curso, cuando todavía había clases. Pero teniendo en cuenta también la actitud que mantengan en las semanas que restan hasta mediados de junio. En este último aspecto habría que hacer excepciones, agregan, con aquellos alumnos que no se están pudiendo conectar, a los que los tutores están identificando estas semanas en sus grupos. Las repeticiones de curso, rematan, deberían ser "excepcionales", reservadas a aquellos casos en que se concluya que resultará más beneficioso para el alumno.
Los contenidos del próximo curso también tendrán que ser reducidos para dejar espacio a una parte de los que no van a poder impartirse en este, advierten los responsables autonómicos. Todavía no está claro si ello obligará a aprobar nueva normativa educativa estatal por decreto, algo que el ministerio preferiría evitar, ya que tendría que ser convalidado por el Congreso en un clima político cada vez más complicado.
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