La CIDH impone a Argentina garantizar tierra, agua potable y alimentos a comunidades indígenas

Existen cientos de reclamos de pueblos indígenas al Estado argentino para que reconozca la propiedad ancestral de las tierras, pero es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expide en uno. Se trata del conflicto más grande y antiguo en este país, involucra 400.000 hectáreas del Chaco salteño (noreste del país) habitadas por unas diez mil personas, y la sentencia se conoció el jueves. “Argentina es responsable por violar los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentación y al agua”, dijo la CIDH. Las víctimas son 132 comunidades originarias, a quienes Argentina deberá expedir un título de propiedad colectivo y reparar en varios aspectos. Por ejemplo, garantizándoles acceso al agua potable y a una alimentación adecuada. La zona es crítica, allí se vive en la indigencia y los niños mueren regularmente de hambre, sed o infecciones.

“Estoy contento, fue una lucha larga. Las comunidades se sienten bien, tranquilas. Saben ahora que su territorio es recuperado”, dijo Francisco Pérez, cacique de la comunidad Cañaveral y uno de los coordinadores de la asociación Lhaka Honhat. “La sentencia es muy importante: acepta la razón de nuestro pedido. Estamos contentos. Faltaría pensar cómo vamos a desarrollar, a usar nuestro territorio para el futuro. Para nuestros hijos”, sostuvo Pérez en Lhapakas (“Nuestras voces”, en wichí), una emisora popular indígena.

Salta es la provincia argentina con mayor diversidad cultural. Este conflicto se remonta hasta 1984, en el retorno de la democracia, cuando indígenas del departamento Rivadavia, una franja inmensa de monte y calor agobiante situada en el límite con Bolivia y Paraguay, empezaron a pedir que se reconociera su propiedad en las tierras que ocuparon históricamente; pedían un título único –sin subdivisiones–. Ellos pertenecen a las etnias wichi, chorote y chulupí, y viven allí hace siglos. Son pescadores, cazadores, recolectores de frutos y miel, y hacen artesanías con madera de palo santo y fibra de chaguar, aunque hoy suelen vivir asentados en aldeas más sedentarias y depender de beneficios sociales del Estado.

El caso se conoce como Lhaka Honhat (“nuestra tierra”, en lengua wichí), por la asociación que nuclea a los peticionantes. La superficie reclamada fue primero de 643.000 hectáreas y después, de 400.000. Muchas familias criollas (no indígenas) también habitan la zona históricamente, y en muchos casos son igualmente pobres. Pero los demandantes le plantearon al Estado que el desarrollo de su forma tradicional de vida —su mundo social y cultural— resulta alterada por las actividades de los criollos. Por ejemplo, el pastoreo de la ganadería, la instalación de alambrados o la tala ilegal.

En décadas, el conflicto recorrió todos los peldaños provinciales, nacionales e internacionales. Los wichís elaboraron un mapa de topónimos para demostrar su antigua presencia en el territorio, se dictaron soluciones amistosas y acuerdos para que el Estado repartiera la tierra entre indígenas y criollos y hubo un referéndum provincial. En 1998 el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego, a la Corte.

Tierra, agua, alimentos

La sentencia da al Estado argentino un máximo de seis años para terminar de delimitar los terrenos (se había hecho parcialmente) y otorgar un título que reconozca la propiedad conjunta de las 132 comunidades. Además, el país debe quitar los alambrados y el ganado de los criollos, y reubicar a estos pobladores en otras zonas productivas, aunque sin forzar desalojos, en principio. También tiene que identificar en seis meses los puntos de esta zona donde falta agua potable —la situación es dramática—, y tomar medidas para garantizar el acceso permanente a ella y a una alimentación “nutricional y culturalmente adecuada” para los pobladores. Además, Argentina debe reforestar el lugar, impedir la tala indiscriminada, crear un fondo de desarrollo comunitario y difundir este fallo también en las lenguas originarias.

En las comunidades beneficiadas la exclusión social es alarmante. Las Vertientes, Cañaveral, Pozo de Tigre, Buen destino, El Porvenir, Pim Pim, La Esperanza, La Curvita, Misión la Paz y Misión Anglicana (misión es un término en desuso, huella de la evangelización inglesa de la esta zona a principios del siglo XX) son algunos de sus nombres. No tienen agua, no llegaron los suplementos de alimentos secos ni el agua mineral prometidos por el gobierno ante una oleada de muertes de niños, y tampoco productos de higiene para afrontar la emergencia por coronavirus. Muchos críos son analfabetos y no están vacunados, y faltan enfermeros, agentes sanitarios y ambulancias.

En un comunicado y en una serie de twits, la Secretaría de la CIDH subrayó el carácter inédito de la sentencia. Sostuvo: “Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas de reparación para la restitución de esos derechos (…)”.

En función de este fallo, ahora Argentina tendrá que consultar con los originarios antes de hacer cualquier obra en este lugar. Esto se relaciona con un capítulo importante de esta historia: el de la construcción del puente internacional Misión La Paz (Argentina)-Pozo Hondo (Paraguay), sobre el río Pilcomayo, mencionado en el fallo de la Corte. En 1995, el gobierno de Carlos Menem lo anunció como parte de un ambicioso plan para integrar la postergada región chaqueña con el Mercosur, proyecto que se combinaría con un “corredor bioceánico” (Atlántico-Pacífico), carreteras y la urbanización de la zona.

Pero los indígenas no fueron consultados ni hubo evaluaciones del impacto ambiental, por lo que decidieron tomar pacíficamente ese puente, medida que sostuvieron casi un mes. El documental Misión La Paz, de Gianfranco Quattrini y Sebastián Antico, recoge parte de esta historia. Otros de los hitos indígenas de los años noventa ligados a esta historia fueron una toma que hicieron del atrio de la catedral de la ciudad de Salta, y la llegada de la referente wichí Octorina Zamora a la Casa Rosada, en Buenos Aires, donde la recibió Menem.

En todo el Chaco argentino (provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba) hay más de 380 conflictos abiertos entre comunidades y el Estado. Algunos están motivados por la tenencia de la tierra, otros por demandas ambientales y varios conjugan ambas cuestiones, según estimaciones de la asociación civil Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf). El grueso de ellos surgió después del año 2000, según Redaf, por las tensiones entre el agronegocio “y la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

Son millones de hectáreas en juego, y este fallo podría ser un precedente. Sin embargo, en sus fojas se reprocha que la justicia argentina no resuelve en plazos razonables y que el país “no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria”.