La Fiscalía denuncia a un funcionario de prisiones por filtrar datos de la asesina de Gabriel

La fiscal Elena María Fernández, que dirigió la acusación contra Ana Julia Quezada, condenada el pasado septiembre a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha presentado ante los juzgados de Almería una denuncia contra un funcionario del centro penitenciario de El Acebuche por la supuesta filtración a dos medios de comunicación de datos de la vida en prisión de Quezada. Según fuentes jurídicas, el ministerio público considera que la información facilitada por el empleado público supuso una doble victimización de los padres del pequeño y ve, por ello, indicios de delito en la actuación del trabajador penitenciario.

En verano, otra fiscalía provincial, en este caso la de Valencia, ya denunció un hecho similar. En aquel caso, la investigación se centró en sendos trabajadores de las cárceles de Castellón y Valencia que presuntamente divulgaron en programas de televisión datos de María Gombau, acusada de matar a sus dos hijos de cinco años y seis meses en marzo en Godella (Valencia). En ambos casos, la fiscalía considera que los empleados públicos pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos castigado con multa y hasta tres años de inhabilitación, y en los casos más graves, con entre uno y tres años de prisión. Hasta ahora no era habitual que se persiguiera judicialmente este tipo de actuaciones.

Investigación de Prisiones

En los dos casos, la Fiscalía inició sus pesquisas a instancias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que considera que estas supuestas filtraciones no solo atentan contra el derecho fundamental a la intimidad de los reclusos, sino que también perjudican gravemente a las víctimas. Su máximo responsable, Ángel Luis Ortiz, remitió en septiembre, coincidiendo con el inicio del juicio contra Quezada, una carta a los directores de las prisiones para que recordaran a los funcionarios su deber de “guardar secreto profesional respecto de los datos, noticias o informaciones que conozca” por su trabajo, como recoge el Código Deontológico de Instituciones Penitenciarias.

En la misiva, Ortiz tildaba estas filtraciones de “claro decaimiento de la ética profesional” que, en su opinión, perjudicaban de manera significativa la reinserción de los internos afectados: “Los internos se observan a sí mismos como objeto de interés mediático, lo que sin duda distorsiona la imagen que tienen de sí mismos y disminuye las posibilidades de abordar el hecho delictivo”. El escrito hacía hincapié en el perjuicio que causaba a las víctimas el “protagonismo social indebido a quien tanto daño personal pudiera haberles causado”.

En el caso de Quezada, dos medios de comunicación reprodujeron la voz distorsionada del que se presentó como funcionario de prisiones. En aquellas intervenciones, detallaba que la autora del crimen de Gabriel no se relacionaba con otras presas para evitar una agresión. También se hablaba de un intento de autolesión. Prisiones identificó al supuesto trabajador y remitió la información a la Fiscalía. Esta abrió unas diligencias de investigación que desembocaron a finales de noviembre en una denuncia ante los juzgados de Almería al considerar que existen indicios de delito.

Similar fue el proceso en el caso de la presunta parricida de Godella. Prisiones investigó a dos funcionarios de prisiones que desvelaron en programa de televisión que la reclusa presentaba "una especie de delirio sin diagnosticar y sin medicación", que había sufrido "un brote psicótico" y que había propinado "patadas y mordiscos" a otros funcionarios. Entonces, la Fiscalía de Valencia también consideró que los empleados públicos habían revelado datos relativos a la salud de la reclusa que "debido a la importancia y el perjuicio que pueden ocasionar a la privacidad de la persona son considerados datos especialmente protegidos", por lo que denunció los hechos en el juzgado.