El macrismo más conservador gana la pelea interna sobre el aborto

En la recta final de su campaña para la reelección presidencial, Mauricio Macri se expresó en público contra el aborto para atraer votos católicos y evangélicos. Ahora, a tres semanas de dejar el poder, los sectores más conservadores de la alianza gubernamental han ganado también la pelea interna. El Ejecutivo argentino ha derogado este viernes un protocolo, aprobado 48 horas antes, que actualizaba el procedimiento para atender a mujeres gestantes que quieren interrumpir su embarazo en los casos previstos por la ley, es decir, por violación o existencia de riesgo para la madre. Horas después, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, autor del texto anulado, ha presentado su dimisión.

En la resolución que derogó el protocolo, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argentino plantea que Rubinstein lo dictó "sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicaciones de las cuestiones en ella reguladas". Cita también que no participaron en su redacción organismos vinculados en la materia. El texto está firmado por Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. A diferencia de Rubinstein, partidario de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, tanto Macri como Stanley se han posicionado en contra.

El protocolo publicado el miércoles reemplazaba al de 2015, que vuelve a quedar vigente. Entre las principales diferencias estaba la reducción de 14 a 13 años en la edad de consentimiento para interrumpir su embarazo. Además, definía que entre la solicitud de la gestante y la intervención no podían pasar más de diez días, un plazo que hoy a menudo se incumple, como ocurrió con Lucía, una niña de 11 años violada a la que retuvieron durante un mes en el hospital sin acatar su voluntad de abortar.

El texto definía que el embarazo de niñas y adolescentes menores de 15 años representa riesgo a la salud física y mental, lo que las amparaba para abortar en caso de solicitarlo. También prohibía la objeción de conciencia institucional en centros públicos y privados y reafirmaba que en los casos de violación es suficiente el consentimiento de la víctima y una declaración jurada.

El objetivo del nuevo protocolo era adecuarlo al nuevo Código Civil y sentar las bases mínimas para la atención de abortos no punibles en las 24 provincias de Argentina. En la actualidad, sólo once provincias han adherido al protocolo nacional de 2015 y otras seis tienen protocolos propios. En el norte, la región más conservadora, la falta de un procedimiento regulado para actuar en estos casos contribuye a que gestantes con derecho a interrumpir su embarazo no puedan hacerlo.

"Lamentablemente, la derogación del protocolo en el día de la fecha me obliga a renunciar indeclinablemente a mi cargo", ha escrito Rubinstein en la carta dirigida hoy a Macri. En la misma, subraya que la guía de actuación estaba destinada "a los médicos y equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en el código penal".

En 2018 el Congreso argentino debatió modificar la legislación actual, que contempla hasta cuatro años de cárcel por el delito de aborto salvo en los supuestos no punibles, y la coalición gubernamental se dividió entre verdes (a favor) y celestes (en contra). El Senado rechazó el proyecto de ley que había aprobado la Cámara de Diputados y el enfrentamiento perdió fuerza hasta esa semana, cuando el nuevo protocolo ha generado críticas y aplausos dentro de las filas macristas.

"Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", tuiteó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. "No hay razón alguna para derogarlo! Es un despropósito que aún haya provincias que no lo apliquen, permitiendo que mujeres violadas vuelvan a ser abusadas por el Estado al no garantizar un aborto legal!", escribió por su parte el diputado Daniel Lipovetzsky.

Referentes feministas han criticado con dureza la marcha atrás del Gobierno argentino por considerar que supone un espaldarazo a los profesionales que ponen trabas a los abortos no punibles y a quienes persiguen judicialmente a las gestantes que deciden interrumpir su embarazo.

La derogación del protocolo ha vuelto a colocar al aborto en la agenda política y aumenta la presión sobre el presidente electo, Alberto Fernández. El dirigente peronista considera necesario legalizar la interrupción voluntaria del embarazo por motivos de salud pública y ha anticipado que enviará un proyecto al Congreso para su tratamiento.