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Los ecologistas advierten de que el plan de vertido cero del mar Menor contaminará el Mediterráneo

Cuatro científicos abandonan el comité de asesoramiento creado por el Gobierno murciano porque consideran que está politizado

Trabajadores de medio ambiente de la Comunidad de Murcia recogen peces muertos en el Mar Menor en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. En vídeo, así está el fondo del Mar Menor.Vídeo: Marcial Guillén (efe) / WWF / ANSE
Virginia Vadillo

Las organizaciones ecologistas, que llevan más de dos décadas denunciando la contaminación a la que se ha venido sometiendo el mar Menor, han vuelto a levantar este lunes la voz, esta vez contra el popularmente conocido como “plan de vertido cero”, porque consideran que las medidas que propone para frenar la llegada de contaminantes a la mayor laguna salada de Europa no solo no serán efectivas, sino que acabarán trasladando la contaminación al mar Mediterráneo, donde se verterán, como mínimo, 2.125 toneladas de nitratos al año.

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El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el 26 de septiembre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de ese proyecto de vertido cero (oficialmente, “análisis de soluciones para el objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”), que es un conjunto de 21 actuaciones para poner fin a los vertidos que desde el campo de Cartagena han llenado la laguna salada de sustancias contaminantes y que supondrán una inversión de más de 600 millones de euros.

Julia Martínez, coordinadora del área de Aguas de Ecologistas en Acción Región de Murcia ha reconocido en rueda de prensa la parte positiva del proyecto: hace un diagnóstico “acertado” de la situación y constata el “origen agrario de los nutrientes” que han llevado al mar Menor a la situación actual de crisis. Los agricultores y el propio Gobierno autonómico deben dejar a un lado su actitud “negacionista” y asumir su responsabilidad: los primeros, por los vertidos realizados durante décadas; el segundo, por no controlarlos y por “facilitar el incumplimiento de las leyes”. Y lo mismo el Estado, que ha permitido un “incumplimiento generalizado” en la gestión del agua.

El proyecto deja claro que para recuperar la laguna litoral hay que cambiar el modelo productivo actual, pero para Martínez, las medidas que se proponen para ello son “escasas y débiles”, porque no incluyen límites legales más estrictos a la actividad agrícola ni propuestas concretas para eliminar los regadíos ilegales y reconvertir los cultivos intensivos en otros extensivos, de secano y en los sistemas tradicionales de terrazas que evitaban escorrentías y eran capaces de absorber los nitratos ante episodios de lluvias torrenciales, evitando que llegaran al mar.

De las 21 actuaciones del plan, cuatro se llevan más de la mitad del presupuesto, unos 300 millones de euros. Se trata de obras hidráulicas de “final de tubería” y no de origen, que repiten el modelo “fracasado” que se puso en marcha en los años 90 del siglo pasado: grandes infraestructuras de drenaje, gestión de riego y desalación que llevaban aparejados unos costes de uso y mantenimiento tan altos que no llegaron a ponerse en marcha. Los regantes tendrían que pagar 29 millones de euros al año para mantener las nuevas infraestructuras propuestas que, en el mejor de los casos, con un funcionamiento óptimo, sin averías ni roturas, lanzarían al mar Mediterráneo cada año 2.125 toneladas de nitratos. “Es un proyecto temerario”, advierte la líder ecologista, además de “difícilmente subvencionable” desde Europa, que podría incluso acabar sancionando a España por esos vertidos.

Martínez va más allá y advierte de que el plan de vertido cero confunde la gestión de los nutrientes para que no lleguen al mar con la gestión del agua: las medidas están mas orientadas a interceptar flujos de agua y derivar nuevos recursos hídricos a los regadíos que a evitar la entrada de nutrientes.

Las duras críticas de los ecologistas han llegado el mismo día que el Gobierno regional afronta además la salida de cuatro de los expertos que formaban parte del Comité de Asesoramiento Científico creado en el verano de 2016 para analizar el colapso de la laguna y proponer soluciones basadas en criterios técnicos. Se trata de los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) Víctor Manuel León y Juan Manuel Ruiz; el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena José Álvarez Rogel, y el biólogo del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) Gonzalo González Barberá.

El pasado verano, otros cuatro científicos dejaron también este organismo y en total, desde su creación, 14 de sus 51 miembros iniciales han salido de ese grupo de asesoramiento.

Los cuatro científicos que ahora se marchan del comité firmaron a principios de septiembre, junto con once colegas más, un comunicado muy crítico con la defensa que el Gobierno regional hacía en esos momentos de la recuperación de la laguna que, aseguraban, estaba “muy lejos”.

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Sobre la firma

Virginia Vadillo
Es la corresponsal de EL PAÍS en la Región de Murcia, donde escribe sobre la actualidad política, social y medioambiental desde 2017. También trabaja con la Agencia EFE en esa comunidad autónoma. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de Agencias por la Universidad Rey Juan Carlos.

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