La juez investiga a Magrudis por delito contra la salud pública y lesiones

El Juzgado Número 10 de Sevilla ha admitido a trámite la querella que la asociación de consumidores Facua presentó el pasado 23 de agosto contra Magrudis, la empresa sevillana que está en el origen del mayor brote de listeriosis registrado nunca en España. Su titular, Pilar Ordóñez, entiende que los responsables de la empresa -que han comercializado carne mechada y otros productos contaminados por la listeria- podrían haber cometido un delito contra la salud pública y lesiones, según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este diario ha tenido conocimiento de que el despacho de abogados que representaba a los propietarios de la empresa sevillana rompieron con sus clientes la semana pasada por “discrepancias con la administración” de la cárnica.

Además de la querella de Facua, la asociación más crítica con la gestión del brote y con las irregularidades de Magrudis, en el auto se indica que se han unido las diligencias de investigación recibidas por la Fiscalía Superior de Andalucía que fueron incoadas en virtud de la denuncia formulada por la asociación Defensor del Paciente y por la asociación Justicia por la Sanidad, que dirige Jesús Candel, más conocido como Spiriman. Facua es ya formalmente acusación particular en el caso Magrudis. El colaborador de los servicios jurídicos de Defensor del Paciente, Damián Vázquez, no ha recibido confirmación de que se hayan admitido a trámite sus denuncias, aunque da por hecho que todas se sumarán a la instrucción abierta por la juez Ordóñez, ha indicado a este diario. En sus escritos, además de los delitos contra la salud pública y lesiones, Defensor del Paciente incluyó el homicidio imprudente y pérdida de feto y aborto provocado e incorporó como responsables al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía.

Facua también ha pedido que se extienda la investigación a estos tipos penales y a los que puedan determinarse a lo largo de la instrucción. Sus asesores legales están estudiando ampliar la denuncia y reclamar la responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía.

Los representantes legales de Facua ampliaron su querella el pasado 11 de septiembre, pidiendo la imputación de José Marín Ponce, que se presentó como gerente ante los medios de comunicación pese a no figurar como tal en los registros de la empresa, y su hijo, administrador único, Sandro Marín Rodríguez. La querella incluye la denuncia de tres víctimas, una mujer de Utrera y una pareja que consumió la carne mechada contaminada en febrero, tuvo a su bebé de forma prematura y lo perdió en marzo. No está confirmado que este caso pertenezca al brote de Magrudis y Facua ha requerido al juzgado que se investigue la vinculación. La asociación de consumidores está evaluando la documentación de más de 60 personas que quieren presentar denuncias como víctimas del brote de listeriosis, que ha causado la muerte de tres personas, siete abortos y que ha afectado a más de 220 personas en toda España, 215 en Andalucía.

En el auto, la juez hace mención al informe aportado por Grupo Microal, que está investigando la Guardia Civil. Este diario ha confirmado que esos laboratorios realizaron análisis de dos muestras de carne de Magrudis en febrero de este año, constatando la presencia de listeria. "Cuando saltó la crisis, comunicamos por correo electrónico a la empresa que uno de sus aislados ya había aparecido contaminado mucho antes. Como no hicieron nada, lo pusimos en conocimiento de la justicia", ha explicado a este diario José Antonio Borrás, fundador y propietario de Grupo Microal. Borrás señala que las pruebas a Magrudis se realizaron de forma excepcional y que la fabricante sevillana no era un cliente habitual. "Los laboratorios no tienen la obligación de poner en conocimiento de las autoridades los positivos que constatan, porque no saben el destino que pueden tener las muetras que analizan", explica Juan Ramón Hidalgo, abogado experto en Derecho Alimentario y profesor de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las empresas tampoco tienen la obligación de dejar constancia de la analítica que le sale positiva, pero deben tenerla en cuenta, de acuerdo con los planes de autocontrol, para adoptar medidas correctivas que erradiquen el problema.

"Nosotros se lo recordamos a Magrudis para que lo hicieran público y que la gente que había comido carne mechada mucho antes de la alerta lo supieran y pudieran acudir al médico", indica Borrás. En todas sus intervenciones públcas, tanto el gerente de hecho, como su hijo, insistieron en que todos sus análisis habían salido correcto. Sus abogados también trasladaron esa información a los medios de comunicación.

Tanto Facua como Defensor del Paciente han recibido denuncias de personas que comieron carne mechada mucho antes del 15 de julio, fecha en la que la Junta constató que había un brote. Además del caso de la pareja que la asociación de consumidores ha incluido en la querella, Sánchez ha recordado el caso de una familia que ingirió carne de La Mechá, marca de Magrudis, la pasada Nochevieja y que sufrió los síntomas de la listeriosis, lo que para Facua determina que el producto contaminado ya estaba en el mercado en diciembre. Defensor del Paciente presentó este lunes la denuncia de un matrimonio residente en Madrid que comió carne mechada durante la Semana Santa de Sevilla. En mayo sufrieron el aborto de sus gemelos por listeria. “Hemos pedido que se investigue si la bacteria es la misma que la del brote de Magrudis”, ha señalado Vázquez. La Junta ha confirmado que dos cepas de marzo son de la listeria que ha provocado el brote.

Póliza de seguros de hasta 300.000 euros

La aseguradora de Magrudis, Axa, se ha presentado como responsable civil directo en el procedimiento tal y como se constata en el auto de la juez Ordóñez. La empresa ha confirmado a este diario que la póliza que suscribieron los propietarios alcanza hasta los 300.000 euros, un importe que pondrán "a disposición del juez para amparar los daños y perjuicios provocados" por su asegurado, han señalado desde la compañía. Axa ha estado en todo momento en contacto con los responsables de Magrudis a los que han "requerido información para determinar" su "posición". La aseguradora va a esperar a conocer informes y resultados judiciales para valorar si reclama posteriormente la cantidad a los dueños de la fábrica sevillana. 

Los 300.000 euros son una cantidad que apenas podría compensar las indemnizaciones de una de las víctimas, han asegurado desde Facua. Para que los afectados pudieran cobrar las cantidades sería necesario que a las administraciones implicadas en la gestión del brote se les exigiera responsabilidad patrimonial.

La asociación está a la espera de que el juzgado adopte medidas cautelares, ya que desde Facua instan a que se inmovilicen los activos de la empresa. Juan Antonio Romero, miembro del despacho R&S abogados, ha confirmado a este diario que desde la semana pasada ya no defiende a los propietarios de Magrudis. No ha querido confirmar las razones concretas, únicamente, “discrepancias”, si bien la falta de sintonía era evidente ya que el gerente de Magrudis desoyó desde el primer momento la recomendación del letrado de no hacer declaraciones a los medios.