Francia: los avances de un país pionero

Francia, donde se tiran a la basura 10 millones de toneladas de comida al año, se presenta como un país pionero en la lucha contra el despilfarro de alimentos. Una ley aprobada en 2016 bajo la presidencia del socialista François Hollande obligó a los supermercados de más de 400 metros cuadrados a donar sus productos no vendidos y todavía consumibles a organizaciones que distribuyen ayuda alimentaria. Su sucesor, Emmanuel Macron, ha mantenido estas políticas, que concitan un consenso amplio en la sociedad francesa, y planea ampliarlas.

La ley de 2016, aprobada por unanimidad, se ha saldado con un aumento claro del volumen de donativos: un 23% a Restos du Coeur y un 24% a Bancos Alimentarios, dos de las organizaciones principales en el sector, según los datos citados por el diputado socialista Guillaume Garot, impulsor de esta legislación que lleva su nombre. “El balance es positivo”, dijo ayer Garot. “Se ha cumplido el objetivo. Las grandes superficies despilfarran menos y dan más”.

Otra ley, de 2018, amplió las medidas a la restauración colectiva —para hospitales o escuelas, por ejemplo— y a la industria agroalimentaria. El próximo paso, según Garot, será prevenir el despilfarro por parte de los consumidores. La ley sobre la economía circular que prepara el Gobierno de Macron incluirá medidas centradas en los productos no alimentarios. Garot propone mejorar la prevención con la “educación para la alimentación” en la escuela. Pide eliminar fechas de caducidad en productos como la pasta, los cereales o el arroz y ayudar a las empresas e instituciones locales a elaborar un diagnóstico de su despilfarro, algo difícil de medir ahora.

En el sector privado también se han desarrollado otras iniciativas en los últimos años. Una de ellas es Phenix, una empresa fundada hace cinco años que conecta a los comercios con consumidores y asociaciones para “dar una segunda vida” a los productos no vendidos. Jean Moreau, cofundador y presidente de Phenix, recuerda que en Francia existen incentivos fiscales para los donativos a las asociaciones de ayuda alimentaria desde los años 80. La ley Garot sería un complemento “punitivo”: las empresas que no cumplen se exponen a multas de 3.750 euros.

“Esta ley es bastante emblemática, pero por ahora no se aplica realmente, porque el Estado no tiene medios para imponer los controles. Es complicado verificar en las basuras de los 20.000 supermercados de Francia”, dice Moreau. “El lado positivo de la ley es que creó una enorme excitación en torno al despilfarro energético y un gran impulso mediático y político… Creó un ambiente favorable y permitió una toma de conciencia en la sociedad francesa”.