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ANÁLISIS i

Los relatos no limpian el aire

No se pueden revertir medidas justificadas como las de Madrid Central sin una evaluación previa de los resultados, ni alternativas que aseguren los objetivos que se persiguen

Manifestantes durante la protesta a favor de Madrid Central, el pasado junio.
Manifestantes durante la protesta a favor de Madrid Central, el pasado junio.

Hay decisiones políticas que afectan a quienes las toman y las hay que afectan también a terceros. Los intereses ideológicos o partidistas no deberían estar nunca por encima del bien común. Resulta difícil imaginar un bien común más importante que la calidad del aire que respiramos. No hacer lo posible por mantenerlo limpio o, lo que es peor, dejar de hacer lo que todos sabemos que debe hacerse, tiene un elevado coste en forma de muertes prematuras por enfermedades cardiacas y respiratorias que podrían evitarse. Estudios científicos independientes y de procedencias muy diversas han demostrado, no solo en España o en Madrid, sino en todas las ciudades donde se superan los niveles máximos permitidos, que la polución ambiental mata. De esto va la polémica que se ha suscitado a propósito de Madrid Central.

Pero también va de una determinada concepción del poder. Los cargos electos que dirigen una administración o un gobierno no tienen, por el hecho de haber sido elegidos, carta blanca. La Administración pública no es un cortijo ni un coto privado. Es un patrimonio de todos, y ese patrimonio incluye lo bueno que hayan podido hacer los gestores anteriores. Prescindir de su legado por adanismo o por intereses partidistas no debe formar parte de la cultura democrática. Los nuevos gestores tienen por supuesto derecho a aplicar sus políticas, pero hay cosas que no se pueden cambiar sin una justificación razonada. Sin demostrar la idoneidad del cambio desde la perspectiva del interés colectivo.

Se puede discutir la idoneidad de las soluciones elegidas para reducir la contaminación o su aplicación concreta, pero lo que no se puede hacer, y no suele ocurrir en los países con alternancias democráticas bien gestionadas, es suspender medidas que en su momento se han justificado adecuadamente sin una evaluación previa de sus resultados y sin una alternativa clara que asegure los objetivos que se persiguen.

Sorprende la precipitación y la arbitrariedad con la que se ha actuado y la ausencia de sensibilidad a los efectos que tiene para la salud de los ciudadanos, especialmente en los niños y ancianos vulnerables. Y también la ceguera cognitiva, porque entre ellos seguro que hay personas cercanas a quienes toman la decisión.

Es todavía pronto para poder hacer una evaluación rigurosa de la eficacia de las restricciones impuestas en Madrid Central, porque son muchos los factores y variables que intervienen. De momento se ha observado una clara disminución de los niveles de dióxido de nitrógeno en los meses de abril, mayo y junio en relación a los mismos meses de años anteriores. Y ese beneficio no solo se limita a los 4,72 kilómetros cuadrados incluidos en su perímetro, sino que se extiende al resto de la ciudad, lo que indica que tiene un efecto disuasorio sobre la movilidad privada que beneficia al resto de los barrios.

Eso desmiente que exista, como pretendía el nuevo equipo de gobierno, un efecto frontera, según el cual, el posible beneficio de quienes viven o transitan por la almendra central sería a costa del perjuicio de los demás, pues desplazaría el tráfico hacia otros lugares. No se ha demostrado, pero si así fuera, lo que habría que plantear es ampliar las restricciones en lugar de eliminarlas.
Las razones de la modificación están más en la voluntad de explicitar que se ha producido un cambio de orientación en la gobernanza municipal que en abordar realmente un problema ecológico sobre el que debería imperar el ánimo de consenso. Siempre es más fácil deshacer que hacer. Pero en este caso, es mucho lo que está en juego. No solo en Madrid.

Al finalizar 2018, España era el país con mayor número de expedientes por infracción ambiental de la Unión Europea, 32 en total, entre ellos un expediente sancionador por el incumplimiento sistemático en Madrid y Barcelona de los niveles permitidos por la directiva de calidad del aire, que entró en vigor en 2010.

El nuevo equipo en el Ayuntamiento ha cometido un grave error queriendo borrar del mapa de Madrid el legado de Manuela Carmena. Lo primero que ha provocado es la reactivación de ese expediente con la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ante las reacciones suscitadas, ahora trata de recomponer el relato argumentando que lo que pretende es mejorar el proyecto. Pero los relatos solo son relatos. Ni limpian el aire, ni protegen la salud.

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