Acceso a la universidad: ¿un debate interesado?

El sistema de acceso a la Universidad es una cuestión trascendental para cualquier sociedad. Lo es porque afecta de manera directa al progreso de las personas y porque el acierto en la selección de los estudiantes es crucial para el nivel de modernización y avance de un país. A nivel individual, su desarrollo condiciona las posibilidades de educación superior y el futuro sociocultural y económico de los ciudadanos. Esto hace entendible la tensión que, al término de cada curso académico, se genera en el entorno social y familiar de las alrededor de 300.000 personas que se matriculan en las pruebas de acceso a la Universidad en toda España.

Todo un conjunto de valoraciones, comentarios y críticas aparecen cada año en estas fechas. Este año, el diferente grado de dificultad de los exámenes, alentado por las críticas sobre la supuesta complicación de una de las opciones de la prueba de Matemáticas en la Comunidad Valenciana, ha conseguido ser de nuevo el tema capital. A partir de este, la discusión acerca de la heterogeneidad en los contenidos y niveles de las pruebas en cada una de las comunidades autónomas ha recibido una especial atención: en consecuencia, 178.000 estudiantes solicitaron el 17 de junio en el Ministerio de Educación y Formación Profesional una única prueba de acceso a nivel nacional.

El posicionamiento acerca del mejor sistema de acceso a la Universidad presenta un elevado carácter ideológico, que se puede simplificar en dos grandes opciones. Para un sector, el derecho al acceso a una titulación recae en los ciudadanos y deben ser estos, según sus méritos medidos a través de pruebas objetivas y comparables, los que han de elegir la carrera y la universidad a partir de los resultados obtenidos.

Una visión alternativa considera que son las universidades las que deben elegir a los ciudadanos que accederán a sus titulaciones. Para ello, cada institución desarrollaría un sistema particular de selección. Es importante recordar que la aprobación de la LOMCE propuso un cambio normativo ajustado a esta proposición: la prueba de selectividad era suprimida y cada universidad podría fijar los procedimientos que considerase oportunos para la admisión de sus estudiantes.

La oposición de buena parte del sistema universitario, muy singularmente la reacción de la asociación de universidades públicas de Andalucía, revirtió la situación y una prueba general de acceso a la Universidad quedó finalmente establecida muy similar a la anterior prueba de Selectividad. Hay que recordar esta sucesión de acontecimientos para llevar a cabo el debate presente sobre la posibilidad de unificar la prueba de acceso en una única para toda España.

Resulta curioso que el sector ideológico que promulgó una ley que eliminaba la prueba existente de Selectividad vuelva a traer el tema a discusión. Ahora con la pretensión de mejorar la prueba actual y reducir así las diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Dada la complejidad política que vive España, en estos momentos, proponer un cambio en la Selectividad que requiere forzosamente el acuerdo de todas las comunidades autónomas resulta, cuando menos, sorprendente.

¿Se pretende verdaderamente una mejora en la prueba? ¿Se plantea un debate interesante, académicamente sin duda lo es, o lo que se busca es una discusión interesada que pueda devolvernos a la ya pretendida eliminación de la prueba?

Propongo dos consideraciones para abordar este debate con rigor. En primer lugar, debe realizarse un análisis detallado de la evolución de las calificaciones de la prueba general de acceso en el conjunto de las comunidades. Una primera valoración muestra que la separación de las calificaciones medias de los últimos años entre las comunidades ni es cuantitativamente significativa ni mantiene posiciones constantes para cada comunidad a lo largo del tiempo. Este primer acercamiento contradice el argumento que origina la actual discusión. Realizar la prueba de acceso en una determinada comunidad no parece beneficiar, o perjudicar, con carácter general a los aspirantes. Sin embargo, y esta segunda consideración es trascendente, sí hay grandes diferencias cuantitativas y mantenidas a lo largo del tiempo entre las calificaciones medias obtenidas por los aspirantes en sus centros educativos comparadas con las medias que estos mismos centros obtienen en la prueba de acceso.

Si se tiene en cuenta que la calificación concedida por el centro cuenta el 60% en la calificación final que se emplea para ordenar a los aspirantes, la importancia de esta nota es mucho mayor. Es decir, la principal heterogeneidad que el sistema presenta no es la diferente prueba general en cada comunidad. Es, y de manera muy decisiva, la calificación que el centro educativo otorga al aspirante antes de realizar la prueba general.

Siendo esto más relevante y pudiéndose arbitrar soluciones de homogeneización mucho más sencillas, ¿por qué no se incorpora este aspecto al debate? Seguro que muchos lectores ya tienen una respuesta muy interesante y nada interesada. Yo creo que la importancia de la cuestión lo merece y hacerlo es responsabilidad de toda la sociedad.

Miguel Ángel Castro Arroyo es rector de la Universidad de Sevilla