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Bildu, PP y Podemos ven “inacción” del Gobierno vasco en el fraude de los comedores escolares

La comisión de investigación parlamentaria estima que el sobrecoste fue de entre 70 y 80 millones de euros

Una niña almuerza en un comedor escolar.
Una niña almuerza en un comedor escolar.

El Parlamento cree que el Gobierno vasco tiene responsabilidad en el fraude de los comedores escolares. La comisión parlamentaria que lo ha investigado concluye que el "cártel" de empresas que se repartía el mercado de comedores escolares y acordaba los precios, causó un sobrecoste de entre 70 y 80 millones de euros desde 2003 y 2015 y lo achaca a "la inacción de la Administración", aunque no a la "connivencia" entre las empresas y responsables del Gobierno vasco. De esa cantidad, las familias pagaron entre 42 y 48 millones, mientras que de las arcas públicas del Gobierno vasco salieron entre 28 y 34 millones. 

La comisión ha considerado acreditada la responsabilidad política de las personas que entre 2003 y 2017 han ocupado diferentes puestos en el Departamento de Educación, entre ellos los consejeros: Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, de Eusko Alkartasuna; Isabel Celaá, del PSE-EE, y la actual consejera, Cristina Uriarte, del PNV. El portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka, ha recordado tras el Consejo de Gobierno, que tanto la Fiscalía como la Autoridad Vasca de la Competencia han "eximido" al Ejecutivo de "toda responsabilidad" en la trama empresarial para encarecer el servicio de comedores escolares.

Ese dictamen ha salido adelante la tarde de este martes con los votos de EH Bildu, el PP y Elkarrekin Podemos, y con el rechazo de los dos partidos que comparten el Gobierno, PNV y PSE. La comisión de investigación se puso en marcha el pasado año después de que Competencia primero, el Tribunal Superior vasco después y el Supremo, en última instancia, condenaran a varias empresas que prestaban el servicio de los comedores escolares en Euskadi, por actuar como un cártel y elevar los precios que tenían que pagar las familias por los menús de sus hijos.

El Tribunal Superior, que rebajó las multas en un 60%, pasando de los 18 millones iniciales de Competencia a 7,24 millones, ya advirtió de que la actuación del Gobierno autónomo durante los años en los que adjudicó el servicio de comedores a estas empresas contribuyó a que estas consideraran que "actuaban de una manera asumible ante el interés público", sin que por parte del Ejecutivo existiera "reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra".

Ahora el Parlamento vasco ratifica esa tesis y asegura que está acreditada la práctica concertada del reparto del mercado entre las empresas y que ello supuso "un daño a la ciudadanía y a las familias usuarias al constatarse que los precios por los que se ofrecían los menús eran más caros de lo que hubieran sido de no haberse producido esa concertación". Añade además que la administración no actuó con celeridad ante estas sospechas y habla de responsabilidades técnicas por una falta de control y seguimiento.

La creación de esta comisión de investigación fue aprobada en febrero de 2018 por el pleno del Parlamento vasco con el respaldo de los 38 parlamentarios que suman EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, mientras que los 37 representantes de los partidos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) se abstuvieron en la votación.

Competencia estableció que la conducta de las ocho empresas que prestaban el servicio en Euskadi "constituye una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe cualquier práctica concertada que tenga por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado". El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en 2017 la existencia de un acuerdo entre estas empresas (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca.

La parlamentaria de EH Bildu, Larraitz Ugarte, ha sido la presidenta y ponente del dictamen de la Comisión de Investigación. El PNV ha denunciado la "falta de coherencia y la hipocresía política" que practica EH Bildu, ya que por una parte critica cualquier acuerdo que el PNV pueda alcanzar con el Partido Popular, pero por otra parte "no duda en pactar y repartirse sillones con los populares cuando le interesa".

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