Arranca la comisión de investigación del cártel de los comedores escolares

Competencia primero, el Tribunal Superior vasco después y el Supremo en última instancia condenaron a varias empresas que prestaban el servicio de los comedores escolares en Euskadi, con 18 millones de euros por actuar como un cártel y elevar los precios que tenían que pagar las familias por los menús de sus hijos. Aclaradas las reponsabilidades penales, le toca el turno a las políticas. El Parlamento vasco ha constituido este jueves la comisión de investigación para esclarecer las posibles responsabilidades políticas derivadas del caso, habida cuenta de que en su sentencia, el Tribunal Superior rebaja la condena impuesta por Competencia, al entender que había dejación del Gobierno vasco, al no controlar a tiempo un delito que se prolongó desde 2003 hasta 2015. 

Competencia estableció que la conducta de las ocho empresas que prestaban el servicio en Euskadi "constituye una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe cualquier práctica concertada que tenga por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado". El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en 2017 la existencia de un acuerdo entre estas empresas (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca.

No obstante, el Tribunal Superior rebajó las multas en un 60%, dejándolas en un total de 7,24 millones de euros, al entender que la actuación del Gobierno durante los años en los que adjudicó el servicio de comedores a estas empresas contribuyó a que estas consideraran que "actuaban de una manera asumible ante el interés público", sin que por parte del Ejecutivo existiera "reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra".

La creación de esta comisión de investigación fue aprobada el pasado mes de febrero por el pleno del Parlamento Vasco con el respaldo de los 38 parlamentarios que suman EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, mientras que los 37 representantes de los partidos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) se abstuvieron en la votación. Este grupo de trabajo, que se ha constituido oficialmente este jueves, investigará "todo el proceso que culminó con la contratación" de los servicios de comedores escolares de gestión directa adjudicados entre 2003 a las empresas sancionadas.

La parlamentaria de EH Bildu, Larraitz Ugarte, será la presidenta de la Comisión de Investigación. El PNV ha denunciado la "falta de coherencia y la hipocresía política" que practica EH Bildu, ya que por una poarte critica cualquier acuerdo que el PNV pueda alcanzar con el Partido Popular, pero por otra parte "no duda en pactar y repartirse sillones con los populares cuando le interesa". En un comunicado.

La comisión tratará de determinar las "responsabilidades políticas" que puedan haber existido en este caso. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sancionó en 2016 a ocho empresas que, entre 2003 y 2015, prestaron el servicio de comedores escolares en centros públicos de Euskadi. La AVC impuso multas por un valor global de 18 millones  a estas empresas, al considerar que se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado de comedores escolares y para fijar los precios del mismo.