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Una cuarta madre de Infancia Libre, ante los tribunales por sustracción de menores

La mujer se ha acogido a su derecho a no declarar ante un juzgado de Granada. El padre llevaba cinco años sin ver a su hija

Madres de Infancia Libre, tras ser invitadas por Podemos al Senado en 2017.
Madres de Infancia Libre, tras ser invitadas por Podemos al Senado en 2017.twitter de Unidas Podemos

Rocío de la Osa, vinculada a la asociación Infancia Libre, ha comparecido en la mañana de este martes en el juzgado de Instrucción número nueve de Granada, donde estaba citada en el marco de la causa abierta por presuntos delitos de sustracción de menores y amenazas, han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La policía la ha acompañado hasta el juzgado, donde había sido citada en ocasiones anteriores sin que se hubiera presentado. Por ello, en esta ocasión, la habían citado bajo apercibimiento de detención.

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La investigada se ha acogido a su derecho a no declarar. El padre de la menor, Mauro G., que reside actualmente en Madrid, lleva cinco años sin ver a su hija. Había sido denunciado por abusos sexuales y maltrato, casos que fueron sobreseídos, según fuentes policiales. El juez ha acordado este martes, como medida cautelar, que la guarda y custodia de la menor quede provisionalmente a cargo de una tía paterna. Será otro juzgado el que decida posteriormente sobre la custodia de la niña. 

De la Osa es la cuarta mujer vinculada con esta organización de protección de los derechos de la infancia cuyo nombre ha trascendido tras haber impedido que los menores tuvieran contacto con sus progenitores. Como en otros casos relacionados con esta asociación, el padre había sido denunciado por abusos sexuales a la menor. Profesionales médicas de Granada habían certificado esos abusos, según fuentes policiales. Esas profesionales también habían valorado a los hijos de otras madres relacionadas con este caso.

La Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla, que centraliza la causa, tiene abierta una investigación por si pudiera tratarse de una organización criminal. Fuentes policiales apuntan que De la Osa "es la conexión de Infancia Libre en Granada". 

Su exmarido se había mudado a Madrid tras haber sido denunciado por abusos sexuales y por maltrato. Después de cinco años sin ver a su hija, ya daba por perdido volver a hacerlo. Hasta que saltaron casos similares a los medios de comunicación. 

La primera detenida fue María Sevilla, presidenta de Infancia Libre. El arresto se produjo el 1 de abril. Esta mujer de 36 años había incumplido una sentencia de 2017 que otorgaba la custodia al padre de su hijo. En marzo de ese año se había mudado a Granada con el pequeño, que ahora tiene 11 años, sin haber consultado con el progenitor. Se ocultaba junto al niño, su actual pareja y una hija que tenía con él en una finca de 6.000 metros cuadrados en el municipio conquense de Villar de Cañas. Ahora el niño está con su padre, a quien Sevilla había denunciado por abusos sexuales, algo que la justicia no consideró probado. 

Posteriormente, varios padres comenzaron a ponerse en contacto con la policía para contar casos similares. Entre ellos, la expareja de Patricia González, una mujer de 44 años que fue detenida el pasado 11 de mayo. El padre llevaba dos años sin ver a su hija. También ella era parte de Infancia Libre. Y había denunciado a su exmarido por abusos sexuales. La justicia consideró que no existieron tales abusos. También ella se esfumó de la noche a la mañana con la menor, sin haber pedido permiso al padre. Fue arrestada en una casa de La Cabrera, un pequeño pueblo de la sierra norte de Madrid. La niña está ahora mismo con su padre. 

La tercera detenida, el pasado 21 de mayo, es Ana María Bayo. La mujer, de 39 años, está acusada de haber impedido que su expareja viera a su hija durante los dos últimos años. La policía la localizó en las inmediaciones del hospital La Paz, en Madrid, donde trabaja como enfermera. Fuentes policiales confirmaron entonces que la detención se produjo a raíz de una orden de búsqueda y personación dictada por el juzgado por un presunto delito de desobediencia. Ella también había denunciado a su expareja por abusos sexuales que posteriormente fueron desestimados por los tribunales. 

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