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La Fiscalía investiga el suicidio de una empleada de Iveco tras la difusión de un vídeo sexual

Las imágenes, grabadas por la mujer años atrás, se distribuyeron por WhatsApp entre sus compañeros

Concentración de trabajadores, este miércoles.

La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar el suicidio de una mujer después de que se difundiera sin su autorización entre sus compañeros de trabajo un vídeo de carácter sexual, grabado hace cinco años. V., de 32 años y madre de dos niños pequeños, era empleada en la planta de Iveco del distrito madrileño de San Blas-Canillejas. La fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha pedido un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito, según fuentes fiscales citadas por EFE. También la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones de oficio.

Según fuentes policiales, se están “haciendo las gestiones necesarias para esclarecer lo sucedido”. Están analizando el vídeo, averiguando cuándo y cómo se filtró, quién lo hizo y quiénes lo compartieron; también si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma quien, por error, difundió por primera vez esas imágenes íntimas.

El suicidio se produjo el pasado sábado, después de que se difundiera el vídeo a través de mensajes privados y grupos de WhatsApp. Dos compañeros contaron al programa Espejo Público de Antena 3 que la mujer temía que las imágenes, grabadas antes de casarse, llegaran a su marido, lo que al parecer se produjo el viernes. Más de un centenar de empleados de la fábrica han realizado este martes y este miércoles en la puerta de la planta concentraciones de duelo. "Creo que la gente no es consciente de lo que puede llegar a desencadenar lo que para ellos podía parecer una broma", ha comentado a EFE un trabajador. Algo en lo que coincide Andoni Anseán, el presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y de la Sociedad Española de Suicidología: "Estamos muy lejos de ser sensibles al poder de las redes sociales, tan accesibles como peligrosas si son mal utilizadas, y no acabamos de medir la repercusión individual de estas acciones colectivas que, en muchos casos, son también ilegales".

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la dirección de la empresa el jueves pasado, que consideró que era un asunto personal y no de ámbito laboral, por lo que decidió no tomar ninguna medida, según Comisiones Obreras. Según algunos medios de comunicación, el departamento de recursos humanos instó a la mujer a denunciar lo sucedido, ya que puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad, pero ella rechazó hacerlo. La empresa ha declinado hacer declaraciones sobre el suceso y no confirma ni desmiente nada.

A la reunión con la dirección de la empresa acudieron la trabajadora, operaria de la cadena de producción, dos delegados de CC OO y la responsable de igualdad en Iveco. Durante la misma se puso en conocimiento de la empresa lo que sucedía, según explica Raquel Márquez, la abogada encargada del caso desde el sindicato. “El viernes fuimos a buscar a la trabajadora, que en ningún momento dio su consentimiento para que ese vídeo se difundiera, pero ya se había marchado de su puesto debido a un ataque de ansiedad”. La respuesta de Iveco, cuenta Márquez, fue que se trataba de “un tema personal”.

Accidente de trabajo

La abogada explica que Comisiones Obreras interpondrá lo antes posible una denuncia ante la Inspección de Trabajo con el fin de que este suicidio se considere accidente de trabajo y se tomen medidas laborales y penales contra los responsables: “Esto está contemplado como acoso sexual, por lo que hay un incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, la empresa lo sabía y no hizo nada, ni evaluó el riesgo ni tomó medidas preventivas, así que también se incumple la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales”.

La sección sindical de CGT, a la que pertenecía la trabajadora, ha lamentado su muerte y ha advertido de que no hará ningún tipo de declaración por respeto y "para preservar la intimidad y privacidad hasta que las investigaciones sobre esta muerte hayan finalizado y se hayan dirimido las responsabilidades oportunas". También ha pedido en un comunicado "paciencia y prudencia" para que "no se especule con lo acontecido hasta que se aclaren todas las circunstancias".

Veronica Iveco
Trabajadores de la compañía Iveco ern una concentración tras el suicidio de una compañera tras difundirse un vídeo sexual sobre ella este 29 de mayo de 2019.

Perspectiva legal e implicaciones sociales

En este caso, ni el autor de la difusión del vídeo ni quienes lo reenviaron podrán ser castigados por sexting (la difusión de imágenes y vídeos privados sin autorización de la persona afectada, aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación), porque es necesaria una denuncia de la víctima, que en este caso no existe. Para estos hechos, explica el experto en Derecho Digital Borja Adsuara, “se podría investigar como un delito contra la integridad moral, que son perseguibles de oficio por la Fiscalía; tanto la primera difusión del vídeo, que supuestamente hizo su expareja, como las sucesivas redifusiones, por sus compañeros de trabajo”. Aparte, añade, “también podría investigarse un supuesto delito de ‘extorsión sexual’ o ‘sextorsión’ (amenazar a la víctima con difundir las imágenes o vídeos sexuales, si no cede a lo que el extorsionador pretende). Y, por último, “la familia puede recurrir a la vía civil para defender la memoria de la fallecida y exigir una indemnización por los daños y perjuicios morales causados”.

Apunta Adsuara que, aunque en este caso no sea posible castigar a los responsbles por este delito, es importante “que la sociedad conozca qué es el sexting y sepan que el Código Penal castiga con penas de tres meses a un año de cárcel o multa de seis a doce meses la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada”. Y recuerda que esto es así por una modificación realizada en el Código Penal en 2015. Hasta entonces, solo se consideraba delito la difusión de un vídeo íntimo si se había tomado en un lugar privado sin autorización del protagonista o si las imágenes habían sido robadas.

Dice el profesor universitario que la calificación jurídica en este caso es “complicada hasta que no termine la investigación y se sepa qué ocurrió exactamente con el vídeo”, pero que tiene unas implicaciones que trascienden el ámbito judicial: “¿Qué sociedad tenemos que para fastidiar la vida de una persona juega con la reacción asegurada y negativa de los demás?”. Apunta Adsuara que esta situación puede encajarse “perfectamente” como violencia machista: “Nuestra sociedad es heredera de una cultura judeocristiana en la que la sexualidad de las mujeres no está bien considerada y la perspectiva social es distinta para ellas y ellos. A unas se las machaca y a otros se les jalea”.

Adsuara y Esperanza Torrico, profesora titular de la Universidad de Huelva, doctora en Psicología y experta en suicidio, coinciden recordando un refrán: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. Para Torrico también es “imprescindible y primario” hacer una reflexión y un análisis de conciencia social de lo que ha ocurrido. Explica la psicóloga que en la mayoría de suicidios existe una base emocional previa, pero hay entre un 10% y un 15% que lo hace de forma impulsiva: “En momentos como ese, las personas se ven sin ningún tipo de salida, lo que llamamos visión túnel, y no tienen herramientas ni recursos para solucionar el problema en cuestión. Situaciones como la que ha ocurrido en este caso son precipitantes”.

¿Qué sociedad tenemos que para fastidiar la vida de una persona juega con la reacción asegurada y negativa de los demás?

Borja Adsuara, experto en Derecho Digital

Para Torrico, buscar explicación implica “revictimizar a la víctima”: “El problema no lo tiene tanto la víctima como la sociedad. Una sociedad que no ofrece apoyo sino voyeurismo, que no relativiza sino que hace más daño”. Arguye la doctora universitaria que existe un presente sociopolítico en el que una parte lucha por la liberación real de las mujeres y el otro ataca de una forma pública y “sin escrúpulos”. Esto, es, para ella, un tema absolutamente social en el que “se mira de lado”. Y plantea una pregunta para la que dice no tener respuesta: “¿Cómo vamos a parar esto? Se necesita inversión en prevención. Desde la escuela, enseñar a gestionar las emociones, tolerar la frustración y empatizar con los demás”.

La violencia sexual en el día a día

Multitud de estudios nacionales e internacionales de Gobiernos, instituciones y organizaciones confirman desde hace tiempo la violencia sexual y el ambiente machista con el que las mujeres conviven en el día a día, tanto en entornos de ocio como en los laborales. El pasado 8 de marzo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios publicó una encuesta sobre más de 4.000 personas que revelaba que el 50% de las trabajadoras convive a diario con situaciones sexistas, el 40% ha soportado piropos o comentarios sobre su apariencia y el 32% ha recibido comentarios ofensivos por ser mujer. Además, los resultados revelaron que el 86% no comunica estas situaciones y un 77% asegura que en sus centros de trabajo no existen protocolos de acoso sexual o no los conocen.

Aunque la percepción social de la violencia sexual es cada vez más clara, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de 2018, hay todavía situaciones que son difusas: “La mayor parte de la población se sitúa en un punto intermedio entre quienes condenan totalmente las actitudes sexistas y quienes las apoyan de forma clara. Los hombres muestran una mayor tolerancia que las mujeres hacia actitudes sexistas”. Según la investigación, en el caso de los comportamientos relativos a “compartir fotografías o vídeos de carácter sexual a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) sin el consentimiento de las personas que aparecen en el mismo” o a “chantajear a una mujer con difundir fotografías o vídeos suyos de carácter sexual”, más del 90% de los entrevistados considera que son comportamientos que, además de inaceptables, deben ser siempre castigados por la ley.

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