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Castilla y León blinda la caza por ley

El Ejecutivo regional sortea así la suspensión cautelar de los tribunales que impedía cazar desde hace un mes

La modificación de la Ley de Caza de 1996 aprobada este miércoles por las Cortes de Castilla y León blinda la actividad cinegética en la comunidad y permite que los cazadores vuelvan a abatir animales. La prohibición de cazar, debido a una medida cautelar impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), ha durado un mes. En el último pleno y a tan solo una semana de comenzar la temporada del corzo, la Junta de Castilla y León ha dado luz verde al cambio normativo. PP, PSOE y Ciudadanos han votado a favor (un total de 72 procuradores), mientras que Podemos se ha abstenido (10 procuradores). Con esta maniobra legal, la Junta elude la decisión del TSJCYL, que decretó la suspensión cautelar de la caza tras una denuncia del partido animalista Pacma. El Tribunal consideró que el Gobierno regional no había presentado "estudios científicos objetivos y actualizados" que indiquen el estado de las especies, de tal forma que se justificara su caza sin poner en riesgo su supervivencia.

La modificación supone que la lista de especies cinegéticas y la orden anual de caza estarán reguladas por ley y no en un decreto como hasta ahora, por lo que no podrán ser recurridas y suspendidas por un tribunal. Desde que la nueva ley entre en vigor, solo se podrá interponer recurso de inconstitucionalidad. Esta acción la pueden llevar a cabo el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores. Desde hace 15 años, los partidos animalistas han denunciado a la justicia la gestión de dicha actividad en la región y han conseguido tumbar numerosas órdenes de caza. Ahora, la denuncia se vuelve más compleja. 

Pacma, partido que solicitó la suspensión cautelar de la caza a la justicia, ha recordado que dicho auto judicial continúa vigente. “Están incumpliendo la directiva de hábitat y aves. Lo saben y se saltan la orden judicial”, ha aseverado la portavoz Silvia Barquero, que ha pedido al TSJCYL que notifique la orden judicial a las partes. “Vamos a exigir que se depuren responsabilidades, preferimos pagar multas, lo que deberían hacer es velar por el cumplimiento de las leyes”, ha añadido.

“Es un honor defender esta ley. La caza es una actividad intrínsecamente relacionada con el mundo rural. Me preocupa que se cuestione una actividad que se ha desarrollado desde los orígenes de la humanidad”, ha opinado Salvador Cruz García, portavoz adjunto del Partido Popular. Podemos lo ve de otra manera. El diputado Félix Díez Romero ha indicado a EL PAÍS que “el procedimiento seguido es un parche para salvar una medida cautelar y no supone un cambio sustancial en la anterior ley de caza. Siguen faltando los estudios para conocer cómo se encuentran las especies cinegéticas”. Díez afirma que entienden la importancia social y económica de la caza en la comunidad, pero han decidido abstenerse para no "blanquear las políticas del PP".

Los socialistas, que presentaron conjuntamente la modificación, han justificado su apoyo con su intención de salvar la caza de la suspensión. Aún así, el procurador socialista José Luis Aceves ha arremetido contra la inacción del Gobierno popular durante la última legislatura en materia cinegética. "¿Dónde están esos planes que prometió el consejero en 2015? Promesas incumplidas", ha dicho. Ciudadanos ha reiterado la importancia del medio rural y que “la caza es esencial para luchar contra la despoblación” de los municipios de la comunidad. El diputado de Ciudadanos José Ignacio Palacios ha afirmado que un contexto sin actividad cinegética en Castilla y León puede desembocar en un empeoramiento de la sanidad animal y en un incremento de accidentes de tráfico a causa de una posible “sobrepoblación” animal.

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