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Nuevo varapalo judicial a la caza en Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia suspende de forma cautelar la orden en la que se escudaban los cazadores para continuar con la actividad

Caza Castilla y Leon
Manifestación de organizaciones del mundo rural el domingo pasado en Madrid. EFE

Ya no queda resquicio para la duda: la actividad cinegética está paralizada de forma cautelar en Castilla y León. La semana pasada el Tribunal Superior de esta comunidad (TSJCYL) suspendió el decreto autonómico que regula las especies que se pueden cazar, lo que implicaba la paralización de la actividad cinegética. Pero quedaban dudas, porque todavía estaba en vigor la orden de caza anual, en la que se especifican las especies y periodos de veda. Ayer los jueces suspendieron de forma cautelar también esa orden. El auto no es firme y cabe interponer recurso de reposición en un plazo de los cinco días siguientes a su notificación. El partido animalista PACMA, que denunció ambas normativas, sostiene que con esta última decisión "se paraliza a todas luces cualquier actividad cinegética en toda Castilla y León".

La Real Federación Española de Caza (RFEC) aseguraba días atrás que al continuar en vigor dicha orden, se podía continuar cazando. Ambas decisiones judiciales se basan en que la Junta de Castilla y León no ha aportado "estudios científicos objetivo y actualizados", que justifiquen que las especies puedan ser capturadas sin que se amenace su supervivencia. Sin esos datos, se pueden infligir daños a las especies que pueden ser "irreparables o de difícil reparación", dice el auto judicial.

Los cazadores se preguntan ahora cuándo podrán volver a salir al campo. José Antonio Pérez es uno de los afectados por la suspensión. Veterinario, cazador y especialista en conservación de aves cinegéticas, cree que tanto la actuación de la Junta como la de la justicia no han sido correctas. Por un lado, opina que la Administración podría haber revisado en su día toda la norma. Por el otro, no entiende cómo es posible que la magistrada del tribunal haya echado abajo el decreto y el informe encargado por la Junta. La Federación de Caza de Castilla y León se defiende y critica al tribunal. “Esta sala lleva muchos años golpeando de forma sistemática los intereses de cazadores, agricultores y ganaderos”, expuso en un comunicado tras publicarse el fallo.

Con la polémica en plena ebullición, el Ejecutivo regional ha propuesto modificar la ley autonómica de caza de 1996 e incluir en ella la lista de las especies que se pueden cazar y no en un decreto que se pueda recurrir. Porque, añade la Junta de Castilla y León, la economía de la comunidad se verá afectada, dado que la caza supone un impacto económico de 506 millones de euros y da trabajo a 8.000 personas. “Los cazadores y políticos saben que han perdido. Por eso están tan enfadados y pretenden pisotear al poder judicial blindando la caza a nivel político”, ha afirmado Silvia Barquero, presidenta de PACMA.

Un cazador en el campo.
Un cazador en el campo. EFE

La Junta, entretanto, no ha tomado todavía una decisión de cómo actuar y ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos para evaluar los efectos del auto que dictó la suspensión provisional del decreto que regula la caza la semana pasada. “Es precipitado dar una opinión que recoja todos los supuestos planteables”, ha declarado a EL PAÍS un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente. Además, ha incidido en que “es un tema delicado”, por lo que “expresará de manera formal” a su personal  las medidas a adoptar “cuando se tengan los elementos necesarios para hacerlo con seguridad”.

No es la primera ocasión en la que el Ejecutivo castellano-leonés, liderado por el PP, se ha enfrentado a un problema similar. Desde 2004, Ecologistas en Acción ha denunciado en diversas ocasiones la regulación de caza, y ha logrado que los tribunales les den la razón anulando órdenes de veda (se elaboran anualmente), además de varios artículos del decreto de caza, que fue sustituido por el que ahora ha denunciado PACMA.

Para elaborar ese decreto la Junta presentó un informe que encargó a la empresa privada Consultora de Recursos Naturales SL. Tanto el tribunal como los ecologistas afirman que dicho documento, liderado por el especialista Mario Sáez de Buruaga, es subjetivo e inexacto. La asociación profesional de agentes medioambientales de la comunidad ha calificado la actuación de la Junta de “chapucera” y ha criticado que encargase el estudio a una empresa externa y no a la plantilla de técnicos autonómicos.

A Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción, no le ha sorprendido la decisión del tribunal, porque “la Junta comete siempre los mismos errores y no aplica la directiva europea en cuanto a determinar cómo se encuentran las especies que se permite capturar”. El auto afirma que es necesario que la caza se practique en unas condiciones que aseguren el buen estado de conservación de las especies, con el objetivo de que dicha actividad pueda seguir siendo “un elemento de desarrollo” económico y social”.

Mientras pasea con sus perras Lida, Nabia y Vesta por un coto leones, Pérez recapacita sobre el estereotipo social del cazador. “Un cazador ama el campo, lo último que quiere es que un animal se extinga o pueda estar en peligro. Aunque somos más de un millón y hay de todo. Los furtivos o esos a los que les gusta grabarse mientras maltratan no son cazadores. Eso es deleznable y hay que ir a por ellos”, subraya. Porque ellos son los primeros interesados: “Muchos hacemos censos propios en los cotos para que las poblaciones no decrezcan”, asevera.

“Ahora ha estallado la alarma por la suspensión, pero llevamos años advirtiendo del problema”, explica Ignacio Martínez, miembro de la junta directiva de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). Sus denuncias ante el TSJCYL consiguieron anular el plan de gestión de lobo de la comunidad y parar así la caza de 143 ejemplares del cánido el pasado septiembre. Los conservacionistas alegaban que no se evaluaba la tendencia poblacional del lobo ni se respetaban sus períodos de cría o reproducción.

Martínez, asesor ambiental y territorial, afirma que la ley de caza debe ser subsidiaria de la de protección ambiental. También opina que todavía persiste “el mito” de que la abolición de la caza puede desequilibrar la población animal. Pérez no piensa igual. “Es una idea utópica. En la actualidad vivimos en un mundo humanizado que, de por sí, condiciona la población de los animales. El cambio climático, la contaminación y el abandono de los montes es lo que ha ocasionado que los ejemplares de jabalí crezcan y rompan el equilibrio”, explica el veterinario.

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