Sanidad veta por primera vez la escalada de precios de los fármacos no financiados

El Ministerio de Sanidad ha decidido apretar por primera vez el botón rojo que le permite vetar el aumento del precio de un medicamento no sujeto a financiación pública. Lo ha hecho con el Fortasec, un popular antidiarreico que desde 2012 ha multiplicado 3,2 veces su precio y al que Johnson & Johnson pretendía aplicar un nuevo incremento. Una caja de 20 cápsulas del medicamento valía 2,81 euros en 2012 y hoy cuesta 8,95 euros. La de 10 pastillas ha subido en este mismo periodo de 1,89 a 5,95 euros. Cada año se venden en España 2,2 millones de unidades de Fortasec.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos celebrada el 8 de febrero rechazó el incremento propuesto por Johnson & Johnson al considerar que va contra “la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a los medicamentos por los pacientes”. La empresa tiene ahora un plazo para presentar alegaciones. “Estamos estudiando internamente los siguientes pasos, aún no hemos tomado ninguna decisión”, afirma un portavoz de la compañía.

El Fortasec forma parte de los fármacos llamados “desfinanciados”, las 417 medicinas que el Ministerio de Sanidad decidió excluir de la financiación pública en 2012. La medida se justificó por la necesidad de ahorrar 450 millones de euros anuales en plenos recortes por la crisis, aunque también se alegó que muchos de ellos habían dejado de presentar un perfil beneficio-riesgo favorable. En su mayoría se trata de medicamentos muy conocidos, como jarabes para la tos (Flutox, Mucosan, Fluimucil...), antinflamatorios en pomada (Voltarén, Calmatel...), antiácidos (Almax) y antidiarreicos como el Fortasec. Sanidad solo mantuvo la financiación pública en unas pocas indicaciones, como por ejemplo los mucolíticos en enfermos de bronquitis crónica y los laxantes en casos de diverticulosis (protuberancias en el interior del colon).

Estos fármacos, también llamados de “precio notificado”, quedaron en una situación intermedia entre los financiados —de precio regulado— y los de venta libre, como las vitaminas. El nombre de “notificado” se debe a que los laboratorios deben comunicar al ministerio cualquier cambio de precio que deseen aplicar. Sanidad había dado luz verde hasta ahora a todas las subidas solicitadas, admite un portavoz. El ministerio asegura que “cada propuesta de los laboratorios se estudia con detalle” y no precisa si el veto al Fortasec supone un cambio de política. Varias fuentes del sector sí interpretan esta decisión como una señal de que “los aumentos de precio de los fármacos desfinanciados podrían estar tocando techo”.

Muchos medicamentos han protagonizado entre 2012 y 2018 una auténtica escalada (ver gráfico adjunto). Cinco han cuadriplicado su coste para el paciente; en otros 17, el incremento supera el 200%; en 46 está por encima del 100% y en 54 supera el 50%. Como contraste, 139 presentaciones siguen costando lo mismo y una ha bajado de precio.

Estos incrementos han permitido a los laboratorios aumentar notablemente la facturación en los últimos años. A precio de venta al público, el volumen de negocio del Fortasec se ha triplicado desde 6,6 millones de euros en 2012 a 18,2 millones en 2018, según la consultora especializada IQVIA.

El veto de Sanidad ha causado preocupación en la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp, la patronal farmacéutica de presentaciones no financiadas). Jaume Pey, su director general, lo ve “incomprensible”. “De facto es intervenir otra vez un precio que tú ya no financias. Si el ministerio no quiere pagar por estos fármacos, que no lo haga, pero que no introduzca distorsiones innecesarias en el mercado”, añade Pey. La Anefp recuerda que parte de las subidas se explican porque “muchos fármacos habían sufrido descensos importantes impuestos por los precios de referencia cuando estaban financiados”.

Las subidas de precios han llegado al Congreso de los Diputados en repetidas ocasiones en los últimos años. El diputado socialista Jesus María Fernández ha sido quien más ha alertado de “una escalada que pone en riesgo a colectivos vulnerables, como enfermos crónicos y personas mayores”. “El problema es que el decreto de 2012 estableció muy pocas excepciones para que los pacientes pudieran seguir teniendo las medicinas financiadas. Esto ha creado una gran inequidad”, lamenta.

Eulàlia Ruiz, médico de familia y miembro de la Junta del Colegio de Médicos de Barcelona, lo ilustra con un ejemplo: “El Fortasec no está financiado en ningún caso y en algunos, como los enfermos de cáncer de colon, considero que sí debería estarlo”.

Juan Gabriel García Ballesteros, coordinador del Grupo de Trabajo del Medicamento de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) opina que “habría que valorar ampliar la lista de fármacos financiados, especialmente en enfermos crónicos". “Deberían estar incluidos en todos los casos los tratamientos de los síntomas que aparecen en pacientes especialmente frágiles, como por ejemplo los laxantes en ancianos”. Ruiz y García Ballesteros coinciden en que “aparte de algunas excepciones, la mayoría de los medicamentos desfinanciados en 2012 ya tienen poca utilidad terapéutica”.

María Rubio-Valera, investigadora en Economía de la Salud del grupo Prisma del CIBER en Epidemiología y Salud Pública, confirma que “hasta la fecha no hay evidencia en la literatura científica que haya puesto de manifiesto que la desfinanciación de 2012 tuviera un impacto significativo sobre la salud de la población”.

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