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El Ejército expulsa por trastorno psíquico a una cabo víctima de violencia de género y acoso laboral

Embarazada de cuatro meses, su sargento le ordenó cavar zanjas. Ella le advirtió de su estado, su jefe no le hizo caso y perdió al bebé

La cabo María de las Camelias, en una imagen de archivo.Vídeo: JAIME CASAL (EPV)
Miguel González

Maltratada por su marido y acosada por un superior, la cabo María de las Camelias acaba de ser expulsada del Ejército, tras 17 años de servicio y sin derecho a pensión. En noviembre de 2014, su esposo fue condenado a penas que sumaban ocho años y tres meses de cárcel por ocho delitos de maltrato habitual, amenazas y coacciones, además de quebrantar la orden de alejamiento. Según la sentencia, tras un accidente de moto, el esposo de la militar se volvió “irascible, agresivo y violento”, y llegó a amenazarla de muerte. La separación no acabó con el acoso, que siguió con llamadas telefónicas, hasta 20 diarias.

En una ocasión, temerosa de que su marido la matara, María de las Camelias acudió al cuartel de la Guardia Civil. Allí, volvió a llamarla por teléfono su cónyuge, por lo que ella pasó el móvil a un agente que se identificó como tal. “Me da igual, voy a matar a mi mujer. Si me tenéis que detener, hacedlo”, le dijo.

Lo detuvieron y el juzgado dictó una orden de alejamiento de 500 metros. Ante los repetidos incumplimientos, el juez le prohibió primero entrar en la provincia de Segovia, donde ella residía, y comunicarse con la militar y su familia. Finalmente, ordenó su prisión provisional, de la que solo salió con un dispositivo telemático.

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La sentencia reconoce que “como consecuencia de la conducta del acusado hacia ella”, la cabo “ha sufrido un trastorno ansioso depresivo en relación a una situación de violencia de género que ha requerido tratamiento médico y psicológico con medicación (antidepresivos y ansiolíticos) desde 2012”.

Sin embargo, la Junta Médico Militar que ha examinado a María de las Camelias asegura que esta sufre una epilepsia parcial controlada y asintomática y un trastorno ansiosodepresivo que se manifestó clínicamente o se agravó en 2011. Los médicos militares evitan pronunciarse sobre el origen de la enfermedad: aseguran que no se debe a ningún hecho concreto y solo toman nota de que ella la “achaca a la situación familiar, personal y laboral” que ha sufrido.

Bajo el eufemismo “circunstancias laborales”, aluden al acoso laboral que, según el relato pormenorizado que la militar hizo a su psicóloga, sufrió antes incluso de empezar sus problemas conyugales. En marzo de 2005, embarazada de cuatro meses, su sargento le ordenó cavar zanjas. Ella le advirtió de su estado, le hizo saber que el médico le había aconsejado no cargar peso e incluso le avisó de que se sentía mal y tenía pérdidas. Su jefe no le hizo caso y ella perdió al bebé.

Varios superiores jerárquicos acudieron al hospital y la convencieron de que no denunciara al sargento. A cambio, le prometieron un cambio de destino, según su relato. Tras el aborto, fue destinada a Segovia, donde recuperó la estabilidad psíquica y laboral, hasta que el mismo sargento desembarcó en su unidad y volvió el acoso, con continuas quejas y críticas a su trabajo. La cabo acudió a un capitán, quien primero la despachó instándole a ser fuerte y al final la destinó a la cocina. Aún tuvo un último sobresalto cuando, intentaron devolverla a Burgos, donde se encontraba su marido, a lo que ella se resistió. “Un general le pidió personalmente disculpas, ofreciéndole una ayuda que llegó tarde y que no impidió la acumulación de tensión y desesperanza”, se lee en el informe de la psicóloga.

La Junta Médico Militar ni siquiera ha considerado estos hechos, con el argumento de que la cabo no los denunció, y ha pasado por alto el dictamen de la psicóloga, según el cual si calló fue por miedo a perder el puesto de trabajo y la independencia económica en un momento en que “empezaron a desencadenarse episodios de malos tratos físicos y psíquicos cada vez más graves y dolorosos”.

El pasado 13 de noviembre, el Boletín Oficial de Defensa publicaba la baja forzosa de la cabo en el Ejército. El expediente de pérdida de condiciones psicofísicas concluyó que no había relación entre su patología y el servicio en filas, por lo que no le corresponde pensión. Con dos hijos de seis y nueve años de su maltratador, quien no abona la manutención, su batalla más dura acaba de empezar.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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