A juicio un argentino con epilepsia por cultivar cannabis medicinal para consumo propio

"Para tener coraje, siempre primero hay que tener miedo". Francisco Giovanoli puede quedar preso semanas después de decirle eso a EL PAÍS. Su delito ha sido cultivar marihuana en su casa de Puerto Madryn (a 1.300 kilómetros de Buenos Aires) movilizado por un cuadro de epilepsia que no puede controlar sin el aceite derivado de la planta, y entusiasmarse hasta tener un verdadero jardín, porque, "¿si un esqueje queda vivo, por qué voy a matarlo?". El hombre, de 31 años, será juzgado desde este jueves y ya está atrapado en la encrucijada legal que propone Argentina: reconoce jurídicamente el uso terapéutico de la marihuana, pero condena su cultivo con penas similares a las de la violación.

Francisco sufre epilepsia desde los 6 años, pero recién se dio cuenta en su juventud, cuando dejó Puerto Madryn para estudiar en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Sus constantes ataques lo derivaron al Valcote, como se comercializa en Argentina el valproato de sodio, un antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo que puede ocasionar graves problemas hepáticos. El remedio era peor que la enfermedad, y el joven permanecía en un estado de "bobera", como él mismo dice. Hasta que un amigo le regaló una flor de cannabis y Francisco decidió cultivar por su cuenta. Así comenzó a fumar cannabis en forma regular y usar aceite para dormir. Desde entonces registró mejoras al procesar la información y en su manera de pensar y se detuvieron las crisis.

En 2014, cuando lo allanaron tras una denuncia anónima le hallaron seis plantas a punto de cortar, otras diez en macetas de diez litros, en estado vegetativo (antes de la producción de flores psicoactivas) y unos 30 plantines en vasos de 500 centímetros cúbicos. Otro detalle para analizar si existe tráfico es que la mayoría de las genéticas eran Black Widow, una de las más usadas por los usuarios terapéuticos y que Francisco venía desarrollando desde hace tres años.

"El miedo es motor de todo"

"Estoy híper ansioso, muy nervioso, por momentos angustiado, en otros tranquilo. Una ebullición de sensaciones", cuenta Francisco, 24 horas antes del inicio del juicio en el que afronta penas de entre 4 y 15 años de prisión. Su primer contacto con la policía, como acusado, fue el día del allanamiento. Imagina la cárcel como en la serie de televisión argentina El Marginal, donde los actores se clavan cuchillos y se tiran desde las azoteas. "¿Qué voy a hacer adentro de la cárcel?", se pregunta, "Soy docente, podría hacer eso, pero es un lugar totalmente ajeno a mi realidad cultural. También me pienso plantándome de manos (en guardia) para hacerme mi lugar dentro de los escalafones socioculturales del pabellón", dice. En suma, sabe que ante un eventual encierro deberá volver al Valcote.

Francisco sufre una enfermedad similar a la de muchos de los niños por los cuales el Congreso sancionó hace un año y medio la ley que los reconoce como pacientes de cannabis. A diferencia de esos pequeños pacientes, él puede explicar lo que siente con palabras de adulto. La paradoja es que eso mismo es lo que lo deja fuera de la ley. "Yo no entro en ese registro porque la ley determina que solamente sirve para epilepsia refractaria en niños y jóvenes adultos y yo ya no lo soy, ni padezco ese tipo de epilepsia".

Cuando su caso se conoció en la revista THC, dedicada al consumo de cannabis, unos alumnos le preguntaron sobre su caso, pero se hizo el distraído. "¿Para qué contarles si "en la realidad de esos pibes hay muchos problemas reales de abusos de sustancia y muchas veces hay bolsas de pegamento en la puerta de la escuela cuando llegas temprano?", se pregunta Francisco. Sin embargo, cree, el sistema punitivo "no es la solución, sólo asusta y es muy posible que eso quieran hacer conmigo".

"El Congreso Nacional, al aprobar la ley ha desoído el principal reclamo de la población que consume cannabis con fines terapéuticos, que es acceder a la sustancia por cualquier vía, un acceso democrático. Se negó la posibilidad de acceder al autocultivo y se mantuvieron las mismas penas establecidas desde 1989", opinó Mariano Fusero de la organización Reset, que asesora a Francisco en el juicio. "Tenemos una de las legislaciones más vetustas, anacrónicas y desproporcionadas de la región y del mundo", cerró.