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La justicia anula la oposición de 2016 a médicos de familia en Castilla y León

La Junta, que va a recurrir, calcula que 45 facultativos perderán la plaza si el Supremo confirma el fallo

Oposiciones de medicos de familia
Sala de espera de un centro sanitario.

"Estamos en vilo", dice Dolores Fernández, médica de primaria en El Gamonal (Burgos). Ahora tiene 53 años y después de haber sido interina, médica de área y otros destinos, hace un año consiguió una plaza en El Gamonal (Burgos). Pero es una de los 260 médicos de familia que aprobaron las oposiciones de 2016 en Castilla y León, y que ahora puede perderla.  Una sentencia del Tribunal Superior de la comunidad ha anulado la prueba tras constatar que hubo que anular 17 de las 90 preguntas. Ello llevó a que se rebajara el aprobado de 45 a 41 aciertos. Pero uno de los afectados recurrió esa decisión, y ahora el fallo establece que "la Administración deberá elaborar un nuevo listado de aprobados teniendo en cuenta que la prueba se supera con 45 respuestas correctas". Casi medio centenar (45) son los que obtuvieron entre 41 y 45 aciertos.

El gerente del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), Rafael López Iglesias, ha declarado a este periódico que respeta, pero no comparte el fallo, y que lo van a recurrir ante el Tribunal Supremo. Considera que la decisión de reducir el número de preguntas correctas que se exigían para pasar el corte para que fueran la mitad de las formuladas "era justa y facilitaba el acceso a una plaza en propiedad" ya que las bases establecían que había que aprobar el 50%, y al final en vez de 90 preguntas se hicieron 82 (a las 90 iniciales hubo que retirar las 17 impugnadas, pero se añadieron 9 que había en reserva). "El Supremo ya tiene sentencias en casos similares en las que falla que la prueba no se desvirtúa al bajar la nota de corte".

"El perjuicio que ocasiona es grave y su repercusión en la asistencia sanitaria también lo es", afirma Francisco V. Martínez García, presidente de la asociación de médicos de familia Semergen en Castilla y León. Ese medio centenar de aprobados representan el 1% de los facultativos de primaria de la comunidad, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Precisamente Castilla y León es una de las regiones que más problemas tiene para cubrir esta atención, y por eso la consejería hasta se planteó hace poco contratar a licenciados sin la especialidad para cubrir los huecos, aunque tras emitir la instrucción interna correspondiente la anuló cuando se hizo pública.

"Si el Supremo no nos diera la razón esas 45 plazas quedarían desiertas, sumándose al problema de la dificultad de encontrar médicos" que afronta la comunidad, ha dicho el gerente del Sacyl, quien ha destacado que en esta legislatura que acaba en mayo de este año la consejería ha creado 1.300 plazas con un esfuerzo por "hacerlas atractivas". "La sentencia no beneficia a nadie. Ni siquiera al demandante, que no llega a los 45 ni a los 41 aciertos". ha añadido López Iglesias.

Martínez García afirma que "existen antecedentes de anulación de otros procesos selectivos convocados por el Sacyl , que necesitaron realizar las correcciones oportunas en el baremo adjudicando las plazas de nuevo", aunque "no hay constancia de que se anularan tantas preguntas" en otros casos. "En este caso fueron muchas las preguntas mal formuladas, lo que hizo "preciso utilizar las insuficientes preguntas de reserva". Es habitual que en las oposiciones de los médicos haya problemas con algunas preguntas (pasó también en las últimas pruebas para acceder a la especialización, el MIR). 

La médica, portavoz de Semergen en la comunidad, cree que "después de dos años y un examen especialmente difícil, todos se han ganado su plaza". "Nosotros queremos a nuestros pacientes, y no les puede estar viendo cada día uno", añade. Además, el 15 de marzo habrá concurso de traslados en la comunidad, y ahora no saben si se van a poder presentar. "No pueden dejar a nadie sin plaza. Hay quien renunció a una en otra comunidad para coger la de Castilla y León, y ahora se puede quedar sin nada". "Ya tenemos todos el nombramiento y todos hacemos falta", concluye.

Pero, además, el tribunal afirma que "en modo alguno puede concluirse que el tribunal calificador o quien haya sido el que haya formulado las preguntas haya actuado con la diligencia y competencia mínimamente exigibles”. Y por eso “exige que se depuren las responsabilidades pertinentes dadas las gravísimas consecuencias que se producen y la falta de consideración que conlleva la formulación de nada menos que 17 preguntas incorrectas frente a quienes con enorme esfuerzo participan de las difíciles pruebas de que se trata”. Y sentencia a la Junta a pagar 2.000 euros de costas.

"No sé qué responsabilidades pueden derivarse de anular unas preguntas a petición de los propios opositores", ha respondido al respecto López Iglesias, quien confía en que, como ya ha pasado en otros casos en el Tribunal Superior de la comunidad y en el Supremo, les den la razón y que no tengan que dejar desiertas esas 45 plazas. 

La Fiscalía investiga la OPE del Servicio Vasco de Salud

La Fiscalía Superior del País Vasco ha remitido al juzgado una investigación que concluye que ha encontrado indicios de un presunto delito de revelación de secretos en el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, después de que varios sindicatos denunciaran la filtración de exámenes en varias especialidades, en la OPE de junio pasado a la que se presentaron 73.000 personas. Todos los partidos vascos, salvo el PNV, han reclamado esta mañana la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, encargada de la investigación cree que se produjo una notable falta de control de la dirección del departamento autonómico de Sanidad y más en concreto de los responsables de Recursos Humanos. De hecho apunta a tres jefes de servicio como presuntos autores de las filtraciones selectivas de las pruebas en varias categorías. El pasado junio varios denunciantes de las filtraciones demostraron que sabían la lista de aprobados antes de que se hicieran públicas las listas. En concreto, varios miembros de Podemos y del sindicato ESK levantaron actas notariales en las que adivinaron los nombres de los beneficiados.

Osakidetza, que abrió una investigación interna, decidió actuar en tres de las especialidades denunciadas por los sindicatos, Angiología y Cirugía Vascular, Anestesiología y Reanimación, y Aparato Digestivo. Decidió que era suficiente larepetición de cinco exámenes y ya con posterioridad la directora general del servicio vasco de salud, María Jesús Múgica, y los titulares de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto – la fiscalía lo señala como uno de los presuntos implicados- y Ricardo Ituarte, del área económica del departamento de salud, dimitieron de sus puestos. Para los sindicatos y para la fiscalía, es insuficiente. Los sindicatos elevan a 19 especialidades médicas, y la Fiscalía cree que la posible filtración de exámenes o de las preguntas correspondientes beneficiaron a ciertos opositores de once categorías.

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