El Gobierno destina 100 millones para el cierre de las minas de carbón

España se prepara ya para despedirse definitivamente del carbón, la forma más contaminante de generar electricidad en estos momentos. Por un lado, la Comisión Europea no permite que a partir del 1 de enero operen aquellas minas que necesiten ayudas públicas para funcionar. Por otro, los propietarios de las centrales térmicas que queman el carbón para producir la electricidad también se enfrentan a un proceso de cierre al no ser rentable acometer las obras para limpiar el humo que expulsan sus térmicas.  

El cierre más inminente (y que en muchos de los casos ya se ha producido) es el de las minas. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley que contempla ayudas por valor de 100 millones de euros para políticas de transición justa, es decir, para dar una salida a los trabajadores afectados. En octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica, los sindicatos mayoritarios y la patronal (Carbunion) firmaron un acuerdo marco para el periodo comprendido entre 2019 y 2027. Pero, para desarrollarlo y poder ofrecer las ayudas a los trabajadores que perderán su empleo en breve o que lo han perdido ya, era necesario el real decreto aprobado este viernes. 

El acuerdo tiene dos ejes. Por un lado, se rebajan las condiciones para poder acceder a las prejubilaciones y bajas incentivadas. En noviembre, según los datos de la Seguridad Social, ya solo había en España 2.030 personas dentro del régimen especial de la minería del carbón, el 80% en Asturias.

Por otro, se creará una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados (en la que también se incluirán los trabajadores de las subcontratas). Esa bolsa servirá, entre otras cosas, para acometer las labores de cierre y restauración ambiental de las minas que cierren. Esos procesos, que suelen durar años, emplean a muchos trabajadores. Pero, en el caso de las empresas privadas, la mayoría de esas sociedades están ya en procesos de concurso de acreedores, con lo que no pueden acceder a ayudas públicas para acometer las restauraciones. El real decreto servirá, explican fuentes gubernamentales, para cubrir ese vacío.

Paralelamente a la aprobación del real decreto, los sindicatos y la empresa pública Hunosa, que opera en Asturias, han llegado también a un acuerdo. De los tres pozos de extracción de carbón con los que cuenta la empresa ahora, dos cerrarán el día 1 de enero. El tercero (el de San Nicolás, en Mieres) seguirá funcionando porque no requiere de ayudas públicas ni las ha recibido, según fuentes de esa compañía. 

Bruselas no solo establece que deben cerrar en 2019 los yacimientos que no puedan funcionar sin fondos públicos; tampoco pueden seguir abiertas las minas que hayan recibido dinero público desde 2011 si no lo devuelven. En estos momentos, de las 15 compañías privadas que están incluidas dentro del acuerdo marco firmado en octubre, solo ocho siguen operando, explican fuentes gubernamentales. En su mayoría, se trata de explotaciones de cielo abierto, que tienen unos costes mucho más reducidos que las de galería. A partir del 1 de enero, todas deberán cerrar o devolver el dinero público que hayan recibido en los últimos años. Las mismas fuentes señalan que dos de las compañías privadas han pedido reunirse con el ministerio al estar interesadas en seguir operando. En todo caso, su futuro depende de las centrales. Si no hay térmicas donde quemar el carbón no habrá minas abiertas.

El cierre de las minas (y el de las centrales) está despertando la preocupación en varias comunidades afectas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y sus secretarios de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y José Domínguez, tienen previsto reunirse la semana que viene con los presidentes de Castilla y León, de Aragón y de Asturias, las tres autonomías más afectadas.